A L F A   O M E G A/ Dos Millones de Pesos, Cuota Campechana

>> Para Gozar de Libertad de Prensa, Hay que Pagar

>> Piden Prisión Para Don Jorge Luis González Valdez

>> Detención y Destitución del Rector de la Universidad

JORGE HERRERA VALENZUELA

El pasado martes 13 se cumplieron 124 años de la muerte del oaxaqueño Rafael Reyes Spíndola, fundador de los diarios El Universal y El Imparcial, en la Capital Mexicana. Originario de Tlaxiaco fue seminarista, abogado, político, pianista y escritor. El Universal circuló de 1888 a 1911, mientras que de 1905 a 1914, El Imparcial. Este lo fundó con Delfín Sánchez Ramos, casado con Felicitas Juárez Maza, hija de don Benito y doña Margarita. Rafael murió a los 62 años de edad, en la Ciudad de México.

Layda Elena Sansores San Román pasará a la historia campechana, porque en su sexenio, se impuso, judicialmente, la moda de imponer una cuota para el ejercicio de La Libertad de Prensa.

En tres procesos judiciales, las juzgadoras sentenciaron a periodistas y a dos editoriales a pagar dos millones de pesos a la gobernadora igual suma a la secretaria de Secretaría de Seguridad, así como al secretario de Comunicación Social, quienes dijeron ser víctimas de daño moral, en su imagen y reputación.

Para el próximo martes 10 de febrero la agente del Ministerio Público espera que el veterano y respetado periodista Jorge Luis González Valdez sea condenado a dos años de prisión, bajo el cargo de incitar al odio contra la gobernadora.

Inicialmente se ordenó suspender dos años en el ejercicio profesional a González Valdez y a presentar el material que publicaría, para darle el visto bueno o negar la difusión. Se amenazó con desaparecer la plataforma Tribuna.

Verdaderamente es indignante la política que aplica la hija de uno de los ilustres políticos campechanos, Carlos Sansores Pérez. Él gobernó Campeche, fue legislador federal, presidente nacional del PRI y miembro de gabinetes presidenciales. Jamás procedió contra la Libertad de Prensa ni respondió visceralmente a críticas periodísticas, mucho menos criminalizó a los periodistas.

Layda Sansores confía en no ser removida del cargo, porque dice tener la protección del tabasqueño. Su cuestionado mandato termina el 15 de septiembre de 2027. Es la primera mujer en ese cargo estatal.

Ella no escucha a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien insiste en afirmar que su gobierno respeta todas las libertades consagradas en la Constitución Política y que los problemas con los medios informativos y los periodistas, no deben ser judicializados.

PLAZO PARA PAGAR

La jueza Amanda Beatriz Salazar González conoció de la acusación contra los periodistas Joel Obet Ynurreta Priego y Abraham Alberto Martínez Caamal. Los sentenció a pagar, 500 mil pesos cada uno, a Marcela Muñoz Martínez, jefa policíaca en Campeche.

Marcela se sintió afectada, porque en las informaciones periodísticas fue criticada la labor que le corresponde y la calificaron deficiente por no garantizar la seguridad de los campechanos.

Se determinó dar, a los sentenciados, un plazo de diez días hábiles para inconformarse o cubrir medio millón de pesos, cada uno; la misma cuota que se aplicó a la publicación La Neta de Campeche y a la Compañía Editorial del Mayab. Así se completaron los dos millones reclamados por la funcionaria.

Con anterioridad otra juzgadora, Maribel Beltrán Valladares, del equipo de Layda Elena, impuso una sanción de dos millones, para resarcir del supuesto daño moral a Walther David Patrón Bacab, secretario de Comunicación Social del gobierno estatal.

La agente del Ministerio Público Jennie Clarivel Mendieta solicitó, a la jueza Guadalupe Martínez Taboada, imponer dos años de prisión a don Jorge Luis González Valadez, por ser responsable de los delitos de incitación al odio y a la violencia de género contra la gobernadora de Campeche.

Además, habrá que entregar dos millones de pesos a la gobernadora como reparación al daño moral causado. Aquí los sancionados, junto con don Jorge Luis, son la plataforma digital Tribuna, la Organización Editorial del Sureste e Isidro Yerbes Cruz, representante de la Editorial. La cuota individual es de 500 mil pesos. Tendrán derecho a inconformarse.

Se le informó a don Jorge Luis que será arrestado, si no se presenta a la audiencia programada para el 10 de febrero.

La respuesta del inculpado es muy clara: “No sé a dónde me toque ir, si al cielo o al infierno. No tengo miedo de ir al infierno” o sea que estará, puntualmente, en el banquillo de los acusados.

APUNTES DE LA HISTORIA

En las medidas dictadas por la gobernadora, a través de sus incondicionales Ministerios Públicos y juezas, revive la Ley Lares, una legislación de la época de Antonio López de Santa Anna, en 1853, que obligaba a los editores a presentar el contenido de sus publicaciones “para aprobar lo que si podía difundirse”.

De las 14 Leyes de Imprenta que estuvieron vigentes, desde 1828, solo en una se impusieron condiciones para el ejercicio del periodismo o para editar periódicos y revistas.

La última Ley de Imprenta fue expedida por el 12 de abril de 1917 por el presidente Venustiano Carranza. Constaba de 36 artículos y un transitorio. Fue derogada, 106 años y 11 días después, “por preconstitucional y obsoleta”. El 23 de abril de 2023 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación el decreto, con la aprobación del Congreso de la Unión.

Abrogada la Ley Lares, el poblano José María Lafragua Ibarra fue encargado, por Benito Juárez, para redactar el Reglamento de la Libertad de Imprenta, conocido como Ley Lafragua.

No hubo artículos que dispusieran censura. Absoluta libertad para criticar al gobierno, sin invadir la privacidad de las personas. Entró en vigor en diciembre de 1855 y elevada a rango constitucional en 1857.

Está calificada como la legislación más liberal en la historia.

En 1861 Benito Juárez propuso la modificación del Reglamento y el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica de la Libertad de Prensa. Se reafirmó la garantía de plena para los periodistas.

LA ÚLTIMA DE LAYDA ELENA

El lunes 12 circuló la noticia de la detención policíaca del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, doctor José Alberto Abud Flores, al viajar en su camioneta con un acompañante y el chofer.

La acción se derivó de una “denuncia anónima” de que en ese vehículo viajaban personas sospechosas de llevar armas. El Fiscal Jackson Villacís Rosado informó que en el vehículo no había armas, sino estupefacientes.

Con celeridad se procedió contra el Rector y sus acompañantes. a falta de pruebas, se las tres personas fueron liberadas. Este domingo 18 habrá una audiencia para concluir si el doctor Abu Flores y los otros dos detenidos quedan sujetos a proceso penal.

En esa forma la gobernadora, de melena roja y de 80 años de edad, satisfizo su deseo de cortarle camino al maestro Abud Flores, quien estaba rumbo a ser reelecto, sin el visto bueno de la mandamás.

Desde su inicio como gobernadora, Layda Elena, siempre ha actuado en contra de él. No dudó en calificarlo de “aviador” en la nómina universitaria, aseveración tan falsa como el cargo que pretenden imponerle, el de posesión de drogas.

Ah, doña Layda Elena aseguró que el maestro Abud Flores es simpatizante de Movimiento Ciudadano y del exgobernador y actual presidente nacional del PRI.

No pasaron ni 24 horas, cuando Layda Elena impuso como “rectora Interina” a la doctora Fanny Guillermo Maldonado, Notaria Pública 23 en Campeche, Secretaria de Asuntos Jurídicos del Sindicato del Personal de la Universidad.

La sesión extraodinaria empezó la noche del lunes y terminó la madrugada del martes 13, en el Centro de Convenciones de Campeche XXI. No en el campus universitario, como debió ser.

No se supo cuántos consejeros estuvieron presentes. Tampoco se dijo quien le tomó la protesta a la funcionaria.

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