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MARÍA AMPARO CASAR
Un par de presidentes que llegaron al poder con la bandera de combatir la corrupción y poner en alto el valor de la soberanía, no deberían esperar a que el país más poderoso del mundo y su principal socio comercial los amenace con algún tipo de intervención para acabar con el crimen organizado y lo que llaman la narcopolítica. Que les recuerde un día sí y otro también sobre su responsabilidad y posibles represalias.
La política anticrimen y la política anticorrupción deberían ser parte del proyecto nacional de cualquier Estado y de cualquier gobierno, sea del color que sea. Más aún de una nación como la mexicana que ha sido asolada por estas dos lacras que no solo sobrevivieron a la 4T sino que, de acuerdo con todos los índices, se han profundizado.
La presidenta Sheinbaum acertó cuando desde el primer día abandonó la llamada política de “abrazos no balazos”, se comprometió a confrontar al crimen organizado, no se conformó con la teoría de acabar con sus supuestas causas profundas y puso al frente de la política anti-criminal a un profesional.
A lo que ni su antecesor, ni ella se han comprometido es a arremeter con la misma enjundia la corrupción y a confrontar los vínculos entre algunos políticos y el crimen organizado.
En el caso del crimen organizado, además de la captura de importantes capos, de la incautación de drogas, de la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas y de la desarticulación de redes de producción, distribución y trasiego, se ha optado por mandar a casi un centenar de criminales a los Estados Unidos.
Idealmente la mayoría de esos criminales debían haber sido procesados por la justicia mexicana y, en caso de convertirse en testigos protegidos, beneficiarnos de su información. Pero demos por bueno que no teníamos la capacidad o que el gobierno tuvo que ceder a la presión para entregarlos porque también eran buscados por la justicia de los Estados Unidos. Vaya y pase.
Lo que no hemos presenciado es algo ni remotamente similar en el caso de la corrupción. Después de siete años no hay política anticorrupción y los delitos que caen bajo su paraguas se multiplican, se evidencian y se dejan pasar todos los días. Tal y como ocurrió con López Obrador.
Después de siete años no hay política anticorrupción y los delitos que caen bajo su paraguas se multiplican, se evidencian y se dejan pasar todos los días
Sheinbaum ha decidido no cambiar la política de “dejar hacer dejar pasar” la corrupción de los políticos. Ni por presiones del vecino del norte, ni a pesar de la amplia evidencia mostrada no sólo por algunas instancias estatales como la Auditoría Superior de la Federación con la Estafa Maestra, Segalmex o el Transoceánico o por instancias internacionales como el peritaje de la compañía noruega DNV cuando el colapso de la Línea 12 del Metro, cuyos informes fueron rechazados y el contrato rescindido por no estar de acuerdo con él.
Ni qué decir del periodismo de investigación, al que desde luego no le toca ni judicializar ni enjuiciar, pero sí revelar y dar los elementos para iniciar investigaciones. A partir de sus reportajes de investigación se han descubierto, destapado y fundamentado literalmente cientos de actos y redes de corrupción de toda clase de desvíos públicos, de omisiones por parte del gobierno, de encubrimientos de servidores públicos que abusan cotidianamente de sus funciones, que incurren en ilegalidades, en conflicto de interés, en tráfico de influencias y en malversación de fondos. Diría la 4T: que estafan al pueblo. Basta echar un vistazo a los cientos de casos que hemos recopilado en nuestros anuarios y sexenarios de la corrupción desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. La inmensa mayoría en la impunidad más absoluta.
Diría la 4T: que estafan al pueblo.
Mucho discurso sobre la soberanía, pero si el gobierno no puede defender a su territorio del crimen organizado y cuando lo defiende no puede o no quiere procesar judicialmente a los implicados, si no quiere o no puede defender a los ciudadanos de las robos, chantajes, extorsiones y desfalcos cometidos por los servidores públicos y si no puede o no quiere castigar la corrupción de los suyos, no hay tal soberanía. Lo que hay es un Estado fallido.
Soberanía es tener un aparato del Estado que sirva y proteja a los ciudadanos. Un aparato de Estados que tenga la voluntad y capacidad de procurar justicia al interior de su territorio. Uno que actúa con rectitud y se deja vigilar porque no teme hacer valer el Estado derecho. Caiga quien caiga.
