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LUIS RAMÍREZ BAQUEIRO
“Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso”. – Solón.
XALAPA, Veracruz. En Xalapa ocurre un fenómeno curioso, pero profundamente revelador: cuando la autoridad endurece la aplicación de la ley, se le acusa de represiva; cuando la relaja, la ciudadanía abusa sin el menor pudor. El reciente retiro de un vehículo mal estacionado mediante un montacargas —hecho que, según reportes periodísticos, ya ocurrió por segunda ocasión— no es una anécdota pintoresca para redes sociales; es el síntoma de una ciudad que no termina de entender que el espacio público no es propiedad privada.
Durante años, el servicio de grúas en Veracruz operó bajo un esquema que terminó por pudrirse. Concesionarios protegidos por la autoridad en turno, tarifas infladas hasta niveles insultantes, cuotas discrecionales y, en no pocos casos, el señalamiento persistente de vínculos con redes de corrupción e incluso con el crimen organizado. El arrastre de un vehículo podía convertirse en una factura de miles de pesos, sin claridad tarifaria y con un tufo evidente a negocio protegido.
La decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de desaparecer ese esquema no fue menor. Fue, en términos políticos, una medida salomónica: cortar de raíz un sistema que beneficiaba a unos cuantos y que había degenerado en cadenas corruptivas difíciles de desmontar. De un plumazo se eliminó un modelo que durante años exprimió al ciudadano bajo la complacencia oficial.
Sin embargo, toda acción de gobierno tiene consecuencias no previstas. La desaparición de un sistema abusivo no implica la abolición de la norma. Y ahí es donde aparece el otro problema: una parte de la sociedad xalapeña parece interpretar la ausencia de grúas como permiso tácito para estacionarse donde se le da la gana.
Banquetas, rampas para personas con discapacidad, entradas de cocheras, zonas prohibidas, doble fila, esquinas estratégicas que colapsan la circulación. La postal urbana se repite todos los días. El argumento es siempre el mismo: “es un momento”, “no tardo”, “no hay dónde estacionarse”, “no voy a pagar estacionamiento público”. La comodidad personal se impone sobre el derecho colectivo.
La medida gubernamental que buscaba desmontar un negocio turbio termina siendo explotada por una cultura cívica endeble. Apenas la autoridad relajó el garrote —con justicia, tras años de abuso—, algunos sectores sociales se sumaron a las hordas de irresponsables que consideran que la ley es opcional.
El caso del montacargas retirando vehículos mal estacionados no debería ser motivo de burla ni de indignación selectiva. Es, en realidad, un recordatorio incómodo: si no se respeta la norma por convicción, se terminará respetando por necesidad. El Estado no puede quedar paralizado entre el temor de ser acusado de autoritario y la evidencia cotidiana de que hay ciudadanos que sólo reaccionan ante la sanción.
Reconocer el acierto del Gobierno al desmontar un sistema de grúas plagado de irregularidades no implica cerrar los ojos ante el deterioro del orden urbano. La ley no desapareció junto con las concesiones corruptas. El reglamento de tránsito sigue vigente. El respeto al espacio público sigue siendo obligación.
La pregunta de fondo es más profunda que un vehículo mal estacionado: ¿queremos una ciudad regulada por la ley o por la conveniencia individual? Porque si la respuesta social es que sólo se obedece bajo amenaza, entonces el problema ya no está en la grúa ni en el montacargas, sino en nuestra propia cultura cívica.
La autoridad puede corregir excesos institucionales.
Pero la ciudadanía debe corregir sus propios abusos.
Y en Xalapa, esa lección sigue pendiente.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
