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>> Pruebas hay, pero sólo se conocen cuando “se necesitan” políticamente
MIGUEL Á. ROCHA VALENCIA
Dicen los enterados que la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de los senadores de Morena y coaligados, como bien dijo, no salió de Palacio ni de la presidencia de su partido, sino por consejo de “con quien debo consultar”, y aparentemente tiene como fin bajarle el perfil y el escándalo de todos los asuntos de corrupción y delincuencia que convergen en su persona, incluyendo temas y delitos electorales.
Eso mientras en las mañaneras se le exonera de todo acto ilegal y se le purifica con lo que se dice, ausencia de pruebas y denuncias, lo cual no es del todo exacto, ya que muestras de su ligazón a delitos salen frecuentemente y están consignadas en diversos pliegos de investigación presentados en las redes sociales y noticieros.
Se han presentado testimonios de indiciados y sus abogados de que su nombre aparece en averiguaciones previas, como en el caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, señalados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal y contrabando en la aduana de Tampico.
Según Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, vice y contraalmirantes, se menciona al señor Andrés Manuel López Obrador, por lo cual considera debe ser llamado a declarar, como también lo requieren en una corte de Nueva York derivado de declaraciones del ex tirano de Venezuela.
O sea, sí hay denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la República donde se involucra al senador López Hernández y que deberían ser continuadas, pero si eso ocurre es porque desde “arriba” lo ordenaron. Aquí el tema pendiente es saber cómo fue que los expedientes llegaran primero a los medios y no al propio abogado Mendieta, que lleva meses solicitándolos.
Pero hay muchas más denuncias que por alguna razón la Fiscalía no inicia una averiguación previa, a pesar, insistimos, de las pruebas, y si a dichos nos vamos, Genaro García Luna está encarcelado y condenado por dichos de los criminales a quienes él mismo persiguió y encarceló.
Pero como ya sabemos, al actual gobierno todas las denuncias que se hagan públicas a través de los medios son desestimadas. No se puede dejar de apuntar la que en su momento (hace meses) presentó Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien solicitó formalmente al Senado que el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, fuera investigado por el SAT ante inconsistencias detectadas en sus declaraciones fiscales y patrimoniales. La petición, como debe ser, no sólo fue ignorada, sino que derivó en amenazas directas contra la funcionaria.
Y es que el señor senador resultó millonario en pocos meses; le brotaron ranchos, ganado y dinero de la nada, a grado tal que la diputada panista María Elena Pérez-Jaén presentó 37 denuncias penales contra López Hernández ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Ninguna ha mostrado avance, como se acostumbra en la 4T.
Ni siquiera se dio vista a otra denuncia que interpuso la diputada panista ante la Contraloría Interna del Senado.
Tiene pendiente el tema de La Barredora con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, cuyo caso se maneja a oscuras y todo lo relacionado a sus robos y bienes fue declarado intocable: nadie puede saber cuánto acumuló ni se conocen sus declaraciones.
La ligazón es profunda y toca incluso al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, y su relación con el extinto rey del huachicol, Sergio Carmona, o al señor de los buques, Roberto Blanco Cantú.
Igual tiene que ver o se le menciona en la maraña de contratos, concesiones y atracos de los hermanos López Belytrán, sus compadres, amigos y socios, además del apadrinamiento de campañas políticas adelantadas (violando la ley) de su protegida en Chihuahua, todo de lo cual hay pruebas e incluso reconocimiento de parte.
Pero no hay pruebas de nada, dicen en Palacio, a pesar de que los expedientes ahí están; los procesos en curso se realizan con un sigilo más allá de lo normal y por eso resulta ¿inexplicable? cómo surgen las filtraciones y copias de expedientes que hasta a los defensores de los presuntos delincuentes deben reclamar legalmente y, aun así, se los niegan, lo cual implica que hay un manejo sesgado de la información desde el oficialismo, donde se protege a sus destacados miembros o se les bajan los humos cuando es necesario.
Tal vez por eso es que un periódico del imperialismo publicó que nuestro gobierno no sólo enfrenta a los cárteles, sino a una red de colusión política que, de ser confrontada, pondría en riesgo su estabilidad y predominio, pero al mismo tiempo, no combatirla lo hace cómplice.
