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Yucatán tiene una de las tasas más bajas de delitos de alto impacto en México
DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
SemMéxico, MÉRIDA, Yucatán. En homicidios dolosos, se mantiene entre los primeros lugares de menor incidencia a nivel nacional; los secuestros prácticamente han desaparecido de las estadísticas oficiales desde hace varios años; y en delitos como violación, la entidad se sitúa abajo del promedio nacional. Sin embargo, algo no cuadra: la sensación de vivir seguro o segura en Yucatán se ha deteriorado de manera sensible en el último año.
La pregunta es inevitable: ¿por qué existe una brecha tan grande entre los números fríos —las estadísticas criminales— y la percepción ciudadana de que “ya no estamos como antes”? ¿Cómo explicar que, en el estado más seguro del país, su capital y su zona metropolitana hayan salido del “top ten” de las ciudades donde la gente se siente más segura, para ubicarse en el lugar 13 en la encuesta más reciente?
Intentaré ensayar algunas respuestas a esta paradoja. Pero antes, conviene hacer precisiones básicas. No todas las cifras sobre seguridad significan lo mismo.
Tres fuentes, tres miradas
En México existen tres grandes fuentes de información para analizar el fenómeno de la seguridad pública. Coinciden en su propósito general, pero difieren en alcances, métodos y escalas.
Comienzo por el final: la incidencia delictiva que se construye a partir de la información que entregan las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este es el territorio de los llamados datos duros: homicidios, secuestros, violaciones, robos denunciados. Cada cifra corresponde a una carpeta de investigación abierta. Con esta información, puede afirmarse —sin exagerar— que Yucatán es el estado más seguro del país en delitos de alto impacto.
Después viene la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), que levanta el Inegi. Aquí el enfoque cambia. Este instrumento mide la victimización real: el autorreporte de haber sufrido un delito, ya sea en carne propia o de algún integrante del hogar. Aparecen delitos que rara vez llegan a una fiscalía: robos en la calle, carteras sustraídas, bolsas arrancadas, robo a casa habitación cuando los propietarios están fuera, daños menores, amenazas.
La Envipe revela un dato incómodo: la cifra negra. La enorme cantidad de delitos que no se denuncian porque se considera inútil hacerlo, porque da vergüenza —en especial en delitos sexuales— o porque el trámite resulta humillante. En Yucatán, de cada 100 delitos, menos de 10 se denuncian. El porcentaje (9.4%) es prácticamente idéntico al promedio nacional. Lo demás se vive, se comenta en voz baja… y se calla.
Este punto es fundamental para entender un cambio profundo en la cultura cívica del estado. Hace poco más de 30 años, nuestro Código Penal —entonces llamado de Defensa Social— contemplaba el delito de amenazas. Pleitos vecinales terminaban con frecuencia en la barandilla del juzgado. El robo de gallinas o pavos en los pueblos era objeto de denuncia formal.
Cuando comenzó a levantarse la Envipe, Yucatán aparecía con niveles muy altos de delitos reportados. Recuerdo haberle dicho entonces al personal del Inegi: “nos castigan porque aquí se denuncia; porque la gente confía en la autoridad”. En otras regiones del país, el silencio ya era la regla.
Hoy, esa situación parece haber cambiado. La población yucateca también empieza a compartir el sentimiento de que no vale la pena denunciar. Las víctimas se enfrentan a interrogatorios absurdos —“¿tiene la factura?, ¿dónde y cuándo lo compró?”— que terminan desalentando cualquier intento de queja. Es una erosión silenciosa de la confianza ciudadana. Una protesta muda contra la burocracia de la justicia.
La percepción urbana
El tercer instrumento es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que también levanta el Inegi. Es trimestral y mide la percepción de inseguridad en 91 áreas urbanas del país. La pregunta es simple y demoledora: ¿qué tan seguro/a se siente de vivir en su ciudad?
Aquí aparece un matiz decisivo. Para esta encuesta, la “ciudad de Mérida” no es solo el municipio de Mérida. El área urbana incluye también Kanasín, Umán, Conkal, Ucú y Progreso. La razón es clara: en esta zona metropolitana los flujos de transporte, trabajo, comercio y servicios son intensos. Se puede vivir en un municipio, trabajar en otro, acudir al hospital o estudiar en un tercero. La experiencia cotidiana es compartida.
Es en esta zona metropolitana de Mérida donde se ha deteriorado la percepción de seguridad. Son sus propios habitantes quienes han “sacado” a Mérida de los diez primeros lugares. ¿Es por lo que ocurre en Mérida misma, o por lo que sucede en Kanasín o Umán? ¿Influyen los robos en Progreso, la violencia en fraccionamientos como Flamboyanes? No lo sabemos con precisión. La ENSU no permite ese nivel de desagregación.
A ello se suma otro factor: Mérida es receptora y amplificadora de información. Linchamientos en Tekit, ejecuciones en Dzilam González, secuestros en ranchos de Buctzotz, detenciones de personajes ligados al narcotráfico. Todo eso impacta la percepción de quienes viven donde se concentra más de dos terceras partes de la población del estado.
¿Importa la percepción?
Sí. Importa mucho. Sobre todo, cuando el principal activo simbólico de Yucatán ha sido, durante años, su imagen de estado seguro y tranquilo en un país marcado por la violencia del crimen organizado.
Yucatán sigue siendo seguro en delitos de alto impacto. Las autoridades investigan, detienen y sancionan. No importa a dónde huyan: los responsables son localizados y llevados ante la justicia.
Esa es quizá la clave más importante: una sociedad que no tolera la impunidad.
Pero los cambios sociales avanzan rápido. El crecimiento poblacional por la llegada de habitantes de otras regiones trae prosperidad, sí, pero también nuevos retos. En la periferia de Mérida reaparecen asentamientos irregulares y precarios. Aumenta el narcomenudeo en colonias antes consideradas tranquilas. En cabeceras municipales pacíficas surgen delitos antes desconocidos.
Las redes sociales amplifican todo: permiten alertar, pero también exagerar. En una sociedad que hasta hace poco sacaba la mecedora a la puerta para “tomar el fresco”, cualquier alteración se vive como una amenaza existencial.
No se trata de nostalgia por un pasado que no volverá. Se trata de entender que la seguridad no es solo ausencia de delitos, sino un estado de certeza: saber que, frente a los problemas cotidianos, existen instituciones que responden.
Yucatán puede crecer hacia los tres millones de habitantes —y su zona metropolitana hacia el millón y medio— sin perder cohesión social. Pero eso exige algo más que buenas estadísticas. Exige prevención, atención a la salud mental, combate a las adicciones, cuidado de las personas adultas mayores y reconstrucción de la confianza ciudadana.
Unir hechos y percepciones no es un ejercicio académico. Es una tarea urgente para conservar lo que tenemos y enfrentar con inteligencia las amenazas que ya asoman. Para seguir estando seguro/as.
Sobre todo, para volver a sentirnos seguros.—Mérida, Yucatán
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
