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Ciudad de México, 23 de enero 2026 (entresemana.mx). El Órgano de Administración Judicial recordó que, desde la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), una de las prioridades institucionales ha sido la reducción del gasto público y el uso más eficiente de los recursos.
En este sentido, refirió que, su Pleno ha adoptado medidas concretas de racionalización del gasto, incluyendo homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones injustificadas y no relacionadas con la labor institucional para los niveles superiores.
Así, justificó la sustitución del parque vehicular del PJF que presentaba fallas recurrentes, orientada además con criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos.
Entre 2022 y 2025, expuso, el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles. Mantener el modelo de arrendamiento anterior en esta nueva etapa del PJF habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia.
Ante este escenario, puntualizó, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF. Esta inversión equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de 1,098 millones de pesos en los años 2026 al 2028.
La renovación del parque vehicular también genera ahorros operativos adicionales. De las unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas, lo que permitirá reducir aproximadamente en un 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental. Asimismo, los costos de mantenimiento se reducirán en al menos un 70% en comparación con los modelos anteriores que presentaba fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres, lo que afectaba la operación cotidiana.
Adicionalmente, la adquisición permite que los vehículos puedan enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil y no como chatarra, como ocurría bajo el modelo de arrendamiento anterior donde los vehículos regresaban al arrendador sin generar ningún beneficio adicional.
En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios. Esto hizo evidente la necesidad inmediata de contar con vehículos confiables, en condiciones óptimas y técnicamente adecuados. La decisión responde, por tanto, a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN.
Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo su capacidad operativa y priorizando la seguridad, la austeridad y la rendición de cuentas.
