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RODULFO REYES
VILLAHERMOSA, Tabasco. La forma en que la sociedad está procesando el ruido ensordecedor de la violencia, pese al altavoz en que se han convertido las redes sociales, hace suponer que la ciudadanía ya ve como normal las ejecuciones casi a diario. La reacción pública, cada vez más tenue, parece confirmar que el horror se está volviendo rutina.
No se trata de un escenario nuevo ni inédito. En el edén, los hechos de sangre comenzaron en estampida desde finales del gobierno de Manuel Andrade Díaz, cuyo secretario de Seguridad Pública fue detenido, al inicio de la siguiente administración, bajo señalamientos de estar relacionado con la delincuencia organizada.
En términos estrictos, lo que está pasando en Tabasco es consecuencia de lo que ocurre en el país: la herencia maldita de un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que permitió que los criminales cohabitaran con las autoridades, creando un caldo de cultivo para los frutos amargos.
Masacres como la ocurrida hace unos días en Salamanca, Guanajuato, con saldo de 12 víctimas mortales producto de un ajuste de cuentas entre dos cárteles que pelean la plaza, recuerdan al Tabasco de 2024, cuando en bares y centros nocturnos se oyó el tableteo de las ametralladoras.
Gobernadores priístas de triste memoria solían decir que los tabasqueños que no tenían “nada qué ver” con el mundo criminal estaban a salvo de la violencia. Ese argumento descarado bien podría reciclarse hoy, cuando es evidente que las bajas mortales se están dando, en su mayoría, entre los bandos en pugna.
Sí, lo deseable sería que ya no hubiera muertes, ni siquiera entre quienes pertenecen al negocio del crimen institucionalizado.
Pero el verdadero problema no es ese, sino que la sociedad empieza a asumir que las nubes grises también forman parte del paisaje.
Y cuando matar deja de escandalizar, el crimen no solo gana terreno, sino que se metaboliza con la vida misma.
