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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO*
SemMéxico. MÉRIDA, Yucatán. Si la reforma electoral que se prepara para febrero de 2026 puede describirse como una bomba de profundidad colocada para detonar en 2027, la revocación de mandato va más allá. No es un componente más del rediseño electoinstitucional ni un mecanismo accesorio de participación ciudadana. Es una carga de naturaleza distinta, capaz no solo de alterar al proceso electoral, sino de comprometer la estabilidad misma del Estado mexicano.
Cuando en 2019 la revocación de mandato fue incorporada a la Constitución, el debate público fue deliberadamente reducido a una consigna tan eficaz como engañosa: “el pueblo pone, el pueblo quita”. En la tribuna de la Cámara de Diputados, se confundieron dos figuras que no son equivalentes: la revocación como mecanismo de remoción anticipada del gobernante y el refrendo como ejercicio de ratificación política. No fue un error conceptual inocente: fue una decisión política.
La revocación no nació como un instrumento de control ciudadano sobre el poder. Fue diseñada como mecanismo de disciplina interna dentro de un sistema presidencialista extremo, sin contrapesos parlamentarios efectivos y con una alta concentración del poder político en una sola figura, no necesariamente quien ocupa la presidencia de la república.
Un mecanismo fuera de su ecosistema
En los sistemas semiparlamentarios o semipresidenciales, la remoción del jefe de gobierno no implica una crisis de régimen: el Ejecutivo es colegiado o dual, la sustitución es inmediata y la gobernabilidad descansa en mayorías legislativas flexibles. Nada de eso ocurre en México.
Aquí, remover anticipadamente a quien encabeza el Ejecutivo federal no corrige un desvío político: abre una crisis sucesoria, tensiona al conjunto de las instituciones y paraliza la acción del Estado. Introducir la revocación en este contexto no fortaleció la democracia; introdujo una amenaza estructural.
Desde su origen en 2019, el diseño fue claro: si, por una improbable combinación de factores, la oposición ganaba la Presidencia, la revocación permitiría eliminarla una vez cumplidos tres años de gobierno. Pero el mecanismo tenía —y tiene— una segunda función, más sutil y más peligrosa: disciplinar a quien surja del propio movimiento dominante.
De la hipótesis al escenario posible
Durante años, esta advertencia se consideró teórica. Hoy ya no lo es.
El escenario 2027-2028 vuelve plausible lo que antes parecía remoto. Si el oficialismo no obtiene en 2027 los resultados que anticipa —refrendar la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, ganar entre 14 y 15 gubernaturas, conservar su caudal electoral—, el sistema necesitará un responsable político. Y ese responsable puede ser la presidenta Claudia Sheinbaum.
La revocación ofrece una vía constitucional, legal y aparentemente “ciudadana” para procesar un conflicto que, en realidad, es una disputa interna por el control del poder. No es oposición contra gobierno; es facción contra facción, usando a la Constitución como cobertura.
El procedimiento como arma política
El mecanismo está diseñado para operar con frialdad administrativa. Basta la firma del 3 % del padrón electoral —alrededor de tres millones de personas— para iniciar el proceso.
El Instituto Nacional Electoral valida las firmas; la Cámara de Diputados emite la convocatoria; la jornada se realiza en el primer trimestre del año siguiente. Para que el resultado sea vinculante, se requiere la participación del 40 % del listado nominal.
Nada de esto exige una crisis institucional previa. Basta una narrativa de descontento, recursos suficientes y una estructura territorial eficaz. El procedimiento jurídico oculta la naturaleza política del conflicto.
La sucesión que nadie quiere mirar de frente
Si la revocación prospera, la Constitución establece que la Presidencia sería ocupada provisionalmente por quien presida la Cámara de Diputados y, por tanto, el Congreso. Este detalle, tratado como nota al pie en el debate público, es uno de los puntos más delicados del diseño.
En agosto de 2027 la nueva legislatura elegirá a la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Un cargo normalmente administrativo podría convertirse en la antesala de la Presidencia de la República, si prospera la revocación. Los incentivos son evidentes: disputas internas, alianzas coyunturales, captura anticipada del Legislativo. La revocación transforma al Congreso en campo de batalla sucesorio, no en órgano de deliberación democrática.
Inestabilidad interna, vulnerabilidad externa
Todo esto ocurre en un contexto internacional adverso. El gobierno de Donald Trump ha mostrado una disposición abierta a intervenir política y discursivamente en los asuntos internos de otros países. México está en el centro de su agenda, tanto en materia comercial como de seguridad. Un país inmerso en una disputa por la legitimidad presidencial, con poderes enfrentados y autoridad fragmentada, es un país expuesto.
La inestabilidad no solo se administra internamente; también se explota desde fuera.
Un mal menor frente a un daño mayor
Ante este escenario, resulta legítimo —aunque incómodo— plantear una salida defensiva: adelantar la revocación de mandato y hacerla coincidir con la elección de 2027, a cambio de postergar la elección judicial. No porque la revocación sea deseable, sino porque su uso diferido como amenaza permanente es aún más peligroso.
Sumar la revocación a 2027 neutraliza su función disciplinaria posterior. Obliga a los actores internos a jugar todas sus cartas de una vez y reduce la probabilidad de una crisis abierta en 2028. No ignora el hiperpresidencialismo, pero acota el daño potencial.
Se dirá que ello, además de “presidencializar” la boleta de una elección intermedia, concede a la presidenta un cheque en blanco para intervenir activamente en el proceso electoral 2027. El problema es que ese cheque ya existe. La diferencia es que, bajo un esquema explícito, habría reglas formales, temporalidad acotada y mayor claridad política.
Lo que debería ocurrir… algún día
La convicción de fondo es otra. La revocación no debería existir en la Constitución mexicana mientras el país mantenga un presidencialismo concentrado y sin contrapesos efectivos. Solo tendría sentido en un sistema semiparlamentario o semipresidencial, donde la remoción del jefe de gobierno no paraliza al Estado ni abre una disputa sucesoria traumática.
Hasta que eso ocurra, la revocación no es democracia participativa. Es una carga nuclear colocada en el corazón del sistema político. Puede que nunca se active. Pero mientras esté ahí, condiciona todas las decisiones, todas las lealtades y todos los equilibrios. Gobernar bajo amenaza permanente no fortalece a la democracia. La debilita. Tomemos el mal menor: revocación en 2027, elección judicial en 2028. —Mérida, Yucatán
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
