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JUAN CHÁVEZ
El gobierno de México concretó la semana pasada un operativo sin precedentes: la entrega simultánea de 29 mexicanos a la justicia de EU.
Se trató del tercer traslado masivo de capos entregados para ser juzgados en distintas ciudades del vecino del norte.
Se frecuentó, señaló el gobierno de Sheinbaum, de una acción coordinada que ejemplifica cómo la actual cooperación se sostiene en la diplomacia de seguridad de la seguridad nacional.
Más de tres mil 500 efectivos, 342 vehículos y alrededor de 20 aeronaves de la Sedena y la Semar fueron desplegados para trasladar de forma segura a los detenidos. Esta entrega masiva demuestra que cuando la seguridad nacional está en juego, México sabe apoyarse en sus instituciones armadas, seguridad y justicia como brazo diplomático.
Se utilizó la Ley de Seguridad Nacional para el traslado de los narcos y se violó la Constitución, dado que es facultad exclusiva del Senado enviar prisioneros a EU.
Enviar a los narcos a Estados Unidos entraña, a mi juicio, la incapacidad de ser juzgados en México.
Sobre todo, porque adelantándose a los criterios de los juzgadores norteamericanos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadanas Omar García Harfuch, “no se solicitó la pena de muerte”.
Las autoridades federales señalaron que estas personas representaban una amenaza real para la seguridad del país.
Durante un mensaje oficial, García Harfuch detalló que el operativo fue ejecutado conforme a la Ley de Seguridad Nacional y con pleno respeto a la soberanía nacional, en coordinación con autoridades estadounidenses.
El traslado de reos se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el compromiso explícito de que no se solicitará la pena de muerte contra las personas enviadas.
De acuerdo con el titular de la SSPC, los 29 operadores criminales fueron trasladados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Las autoridades federales señalaron que estas personas representaban una amenaza real para la seguridad del país y su envío busca impedir que continúen generando violencia desde territorio nacional.
Con este operativo, suman ya 92 los criminales de alto impacto trasladados a Estados Unidos durante la actual administración, como parte de la estrategia de seguridad y cooperación internacional impulsada por el Gobierno federal.
“El objetivo es claro: evitar que estos generadores de violencia sigan operando en México”, subrayó García Harfuch.
El secretario de Seguridad Pública informó que los presuntos delincuentes representaban una «amenaza real» para la seguridad del país.
El envío se da a ocho días de que la presidenta Sheinbaum conversara vía telefónica con su homólogo Donald Trump para resaltar los resultados alcanzados por México en materia de seguridad, luego de que el mandatario de EU advirtiera de ataques a cárteles vía terrestre.
Con el envío de la semana pasada, ya son los 92 los criminales extraditados a Estados Unidos, entre los que se destacan figuras como el narcotraficante Rafael Caro Quintero; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” y hermano de “El Señor de los Cielos”; Luis Gerardo Méndez, exmiembro del cártel de La Línea; Alder Martín Sotelo, acusado del homicidio de un oficial en Carolina del Norte; Andrew Clark, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, y José Rodolfo Villarreal, exintegrante del cártel de los Beltrán Leyva.
No fue extradición, fue ‘envío’ a solicitud de EU, se puntualizó.
