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>> Punto de inflexión en la fiscalización
>> Más funcionarios para auditorías
>> Fitch Ratings: la mejor opción en AL
>> Cuidado con “Lord Moches”
AGUSTÍN VARGAS*
En un año en donde se prevé que la actividad económica de México seguirá con un ritmo lento, con bajo crecimiento, insuficiente generación de empleos y por menor recaudación de ingresos, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una intensa estrategia para combatir la evasión fiscal en 2026 y poder así aumentar la recaudación de impuestos.
Para tal efecto, desde inicios de enero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que encaba Antonio Martínez Dagnino, echó a andar una estrategia fiscal basada en tecnología. El objetivo es incrementar la recaudación en cerca de 500 mil millones de pesos adicionales durante 2026, cerrando brechas de evasión y combatir prácticas ilícitas.
La proyección de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 contempla una recaudación de 6 billones 448 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento nominal de 496 mil millones de pesos y un crecimiento real de 4.6 por ciento.
Este año la fiscalización se centrará en cerrar fugas de recaudación asociadas a factureras, operaciones simuladas, pérdidas fiscales recurrentes, deducciones ilegales e ingresos no declarados, así como en quienes abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre importaciones y ventas, subvalúen mercancías, incumplan regulaciones no arancelarias, no paguen retenciones a trabajadores, operen a través de paraísos fiscales o soliciten devoluciones improcedentes.
Sobre el particular, la firma de abogados Baker Mckenzie realizó un análisis sobre el Plan Maestro 2026, en donde identifica sectores y operaciones de alto riesgo fiscal, mientras que su revisión de un nuevo Acuerdo del SAT subraya la ampliación del número de funcionarios facultados para realizar auditorías digitales y revisiones en tiempo real.
La nueva estrategia del SAT, basada en tecnología, combina el Plan Maestro 2026 con un Acuerdo que amplía de manera significativa el número de funcionarios autorizados para ejercer facultades de auditoría. Esta medida anticipa un incremento en el volumen y la frecuencia de revisiones fiscales a nivel nacional.
De acuerdo con especialistas de Baker McKenzie, la convergencia de ambos instrumentos marca un punto de inflexión en la fiscalización en México, al convertir la auditoría en una práctica más frecuente y sistemática, apoyada en el análisis masivo de datos y en una estructura administrativa más amplia.
Este enfoque permite a la autoridad identificar inconsistencias fiscales mediante cruces automatizados de información, incluyendo comprobantes fiscales digitales (CFDI), datos bancarios, aduaneros y de terceros.
El Plan Maestro 2026 establece como prioridad de revisión a contribuyentes y operaciones que presenten indicadores de riesgo específicos, entre los que destacan: Transacciones con emisores de facturas fraudulentas o servicios de nómina manipulados; pérdidas fiscales recurrentes, deducciones simuladas, ingresos no declarados y uso indebido de incentivos fiscales.
También desajustes entre compras/importaciones y ventas; importaciones por debajo del valor de mercado o que violen reglas no arancelarias; incumplimiento en retención y entero de los impuestos de sus empleados; pagos realizados o recibidos desde paraísos fiscales o devoluciones injustificadas; tasas efectivas de impuestos significativamente por debajo de los parámetros de la industria publicados por el SAT.
Funcionarios con más facultades
Para ejecutar esta estrategia, el SAT publicó el 31 de diciembre de 2025 el Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del organismo, el cual no crea nuevas atribuciones, pero sí amplía de forma sustancial el número de funcionarios habilitados para ejercerlas.
Entre las facultades que ahora podrá ejercer un mayor universo de servidores públicos —desde Administradores Generales hasta Subadministradores Desconcentrados— se encuentran:
Acceso en línea y en tiempo real a sistemas y registros fiscales de los contribuyentes; uso de herramientas tecnológicas para documentar diligencias de fiscalización; requerimientos de información integral, capacidad para solicitar información económica, financiera y bancaria a contribuyentes, responsables solidarios y terceros; verificación de la validez de CFDI y de la materialidad de operaciones; facultad para negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en determinados supuestos.
El Acuerdo no crea nuevas facultades, sino que amplía el número de servidores públicos que pueden ejercerlas, lo que acelera y normaliza su uso como una práctica cotidiana de fiscalización.
El panorama fiscal de 2026 anticipa un incremento significativo en la actividad de auditoría, con un enfoque en la fiscalización digital y en riesgos específicos. Ante un mayor escrutinio, la preparación proactiva y el cumplimiento riguroso resultan esenciales.
En este sentido, los especialistas recomiendan a los contribuyentes: Revisar los expedientes de defensa, asegurando evidencia suficiente para demostrar el fondo y el propósito empresarial de las principales deducciones; determinar la tasa efectiva de los impuestos del negocio en México y compararla con las expectativas del SAT, y revisar los pagos realizados a paraísos fiscales.
Sin duda, navegar este escenario exige un asesoramiento especializado para asegurar una preparación eficaz ante cualquier auditoría fiscal.
Fitch Ratings: la mejor opción en América Latina
Por segundo año consecutivo, Fitch Ratings recibió el reconocimiento como la mejor agencia calificadora de América Latina y el Caribe, por los Global Banking & Markets Awards 2026, que es un referente independiente de excelencia en la industria financiera.
Carlos Fiorillo, director general de la firma en Latinoamérica, considera que el premio refleja la dedicación del equipo a las opiniones crediticias de alta calidad, el conocimiento local respaldado por una perspectiva global y la transparencia que los emisores e inversionistas esperan en sus calificaciones.
Es importante destacar que estos reconocimientos señalan a las instituciones que demuestran un liderazgo constante en el mercado, innovación y la capacidad de brindar información práctica a los participantes en todo el ecosistema financiero de América Latina y el Caribe, lo que ofrece confianza y certeza en sus análisis y evaluaciones.
Cuidado con “Lord Moches”
Es evidente la urgencia de que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Raquel Buenrostro, y las diversas unidades anticorrupción de las dependencias gubernamentales -en todos sus niveles-, y los gobiernos estatales y municipales, realicen una revisión en los proceso de contratación de empresas para prestar el servicio de vales de despensa y monederos electrónicos, con los que se dispersan prestaciones al personal, los recursos de los programas sociales y la administración de gastos operativos que implican el gasto presupuestal de miles de millones de pesos.
Son constantes las acusaciones de asignaciones directas de contratos y licitaciones amañadas con las que se favorecen a determinadas empresas y en las que se sospecha complicidad con los directores y autoridades administrativas de las diversas entidades gubernamentales.
Como muestra resaltan dos casos en los que está involucrada la firma Servicios Broxel, que preside Gustavo Galindo, a quien en el mercado ya se le conoce como “Lord Moches”.
El primer caso se trata de la prestación del bono de fin de año para los empleados del Gobierno Federal que implica un gasto de alrededor de 10 mil millones de pesos. La empresa Toka Internacional de los hermanos Villanueva Cantón, interpuso un procedimiento de inconformidad al otorgar esa licitación a Broxel debido a que el registro económico de la empresa en la plataforma Compras MX mostró inconsistencias.
Aducen que en este procedimiento consolidado se introdujeron cambios relevantes, entre ellos la eliminación de la subasta inversa y la adopción de un esquema de “oferta única”, así como otras irregularidades que, al permitirse generan sospechan de posibles “arreglos” con las autoridades administrativas.
Un segundo caso es con el gobierno de Jalisco, que encabeza Pablo Lemus, que también permitió un esquema de participación única por parte de Broxel, manipulando los requisitos y procedimientos para que sus competidores fueran eliminados. Se trata de la administración y dispersión de todos los apoyos sociales y subsidios a través de la tarjeta “La Unica”.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
