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JUAN CHÁVEZ
¿Quién lo dijera? El que como diputado comunista abogó por la independencia y autonomía de un órgano electoral para arrebatarle tal atribución a la secretaría de Gobernación, ahora, como diputado de Morena, cuestiona la autonomía del INE.
Pablo Gómez es el diputado que ahora cuestiona la autonomía del Instituto Nacional Electoral y pretende que regrese a las áreas del gobierno que encabeza la morenista Claudia Sheinbaum.
Es la historia más de medio siglo después. Pablo Gómez fue legislador por primera vez en la LI Legislatura, 1979-1982.
Cambió su ideología. Hoy la está vendiendo a Morena.
Sheinbaum lo nominó para que se hiciera cargo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que impulsa la doctora presidenta de México.
La discusión sobre la reforma electoral entró en una fase clave luego de que Pablo Gómez Álvarez cuestionara abiertamente el concepto de autonomía aplicado al INE.
Sus declaraciones, realizadas durante la entrega formal de las propuestas del organismo, colocaron el énfasis en la soberanía popular y reavivaron el debate sobre el papel, los alcances y los límites del árbitro electoral en México.
El titular de la Comisión Presidencial sostiene que el organismo electoral no puede darse su propia ley, pero debe actuar con independencia
Gómez rechaza indexar el presupuesto del INE al PIB y abre debate sobre recursos del instituto.
Durante el encuentro con consejeros del INE, Pablo Gómez sostuvo que los órganos administrativos electorales no deben entenderse como entidades autónomas en el sentido estricto.
Aclaró que la autonomía implica la capacidad de darse su propia ley, lo cual —dijo— no corresponde a este tipo de instituciones. “Autonomía quiere decir quien se da su propia ley”, afirmó.
No obstante, precisó que ello no significa subordinación política, ya que los órganos electorales deben contar con plena independencia en sus resoluciones, actuar con imparcialidad y garantizar legalidad y certeza en los procesos.
Gómez recalcó que el principio rector del sistema electoral es la soberanía popular y el derecho de los ciudadanos a votar libremente, por encima de intereses partidistas o personales.
Uno de los puntos de mayor contraste fue la propuesta del consejero Martín Faz Mora para indexar el presupuesto del INE al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de evitar vaivenes presupuestales.
Pablo Gómez rechazó esta idea al señalar que las necesidades electorales no dependen directamente del comportamiento económico y cuestionó si, en caso de una caída del PIB, también deberían reducirse recursos al instituto o incluso al Poder Judicial.
A pesar de las diferencias, el titular de la Comisión Presidencial coincidió con los consejeros en la necesidad de fortalecer la fiscalización, reconociendo que, aunque cada reforma ha mejorado el sistema, persisten retos como el flujo de recursos ilícitos fuera del sistema financiero formal.
La reunión se realizó en instalaciones de la secretaría de Gobernación, con la asistencia de nueve de los once consejeros del INE.
Se entregaron dos documentos: uno con propuestas avaladas por mayoría y otro con planteamientos individuales que no alcanzaron consenso.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, explicó que el sistema nacional de elecciones vigente desde 2014 continúa funcionando y que el documento presentado se concentra en áreas técnicas susceptibles de mejora.
Subrayó que el análisis político y filosófico de la reforma corresponde al Poder Legislativo y aseguró que el INE tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, como ha ocurrido en reformas anteriores.
En las audiencias públicas de la Comisión Presidencial se evidenció un amplio acuerdo en reducir el financiamiento público a los partidos, abaratar campañas y limitar la publicidad electoral.
De las casi 400 iniciativas recibidas, más de la mitad se enfocan en modificar la representación política y la distribución de recursos.
Uno de los temas más debatidos fue el futuro de los diputados plurinominales, con propuestas que van desde su eliminación total hasta modelos mixtos que buscan evitar la sobrerrepresentación y preservar la pluralidad política.
