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Kenzaburo Oe
ARTURO SUÁREZ RAMÍREZ/ @arturosuarez
Uno de los encargos que dejó Andrés Manuel López Obrador es la reforma en materia electoral. A los morenos no les ha bastado hacerse de los tres poderes —aunque lo nieguen—; desde el Poder Ejecutivo tienen sujetos a los legisladores, y qué decir de la Suprema Corte, a la que apodan “la del acordeón”. Por si fuera poco, la sobrerrepresentación en las cámaras les permite modificar lo que se les pegue la gana. Así que aquello de una reforma parece buscar más la “vida eterna” del partido del Pejelagarto que la autonomía de un INE que garantice procesos justos y eficientes.
La tendencia en los países más democráticos es el fortalecimiento de la autonomía de los órganos encargados de organizar las elecciones, para dar certidumbre y credibilidad; y, por cierto, los gobiernos no organizan los comicios. Aquí parece que vamos en franco retroceso. Les gusta tanto la historia que parece que añoran —y quisieran regresar— a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación era la encargada de organizar las elecciones, con Manuel Bartlett al frente: el mismo personaje al que “se le cayó el sistema”, una acción muy conveniente para que Carlos Salinas de Gortari remontara en números al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el lejano 1988, y que luego López Obrador convirtió en prócer de la democracia de la 4T.
El Pejelagarto y quienes hoy gobiernan se dijeron robados y víctimas de fraude. Primero, en 2006, cuando Felipe Calderón le ganó a López Obrador en una cerradísima elección. También dijeron que presentarían pruebas, pero ninguna fue contundente: solo unas cajas con papeles. Luego, el caudillo mandó “al diablo las instituciones”. En el siguiente ejercicio volvieron a perder contra Enrique Peña Nieto; de nuevo se dijeron robados por la compra del voto y, a pesar de que había más evidencias —por aquello de las tarjetas Monex—, tampoco fue suficiente para echar por tierra una elección que fue calificada como legal.
Esa bandera del obradorismo es retomada por Claudia Sheinbaum en el segundo año de su gobierno, buscando que las intermedias de 2027 se jueguen con nuevas reglas y no disminuir la potencia de poder que arrastran desde 2018. El asunto está echado a andar y va a pasar como les convenga, porque a la oposición no le queda más que lo mediático, las mesas de discusión y el estruendo en los recintos. Por cierto, no importa cuántos foros haya ni quién participe: serán a modo. Ya lo dejó ver Pablo Gómez, uno de los hijos del 68, a quien se le puede aplicar la frase de Octavio Paz en su poema Nocturno de San Ildefonso: “se convirtieron en secretarios de los secretarios del Secretario General del Infierno”. Se les olvidó su historia y sus luchas.
Ahí están las declaraciones de que el árbitro —es decir, el INE— sirve a intereses “conservadores”. Parece que lo que queda de ese instituto puede ser un obstáculo para la 4T, claro, escudados en que ellos saben qué es lo mejor para el pueblo. El mensaje es claro: el árbitro estorba cuando no es servil, cuando es autónomo y no obedece.
El riesgo de esta reforma no está solo en lo que propone, sino en lo que normaliza: la idea de que el gobierno en turno puede redefinir las reglas del juego a su conveniencia. Hoy es una mayoría amplia; mañana, quién sabe. Las leyes deben pensarse para los peores escenarios, no para los momentos de euforia electoral. Eso no nos hará más democráticos… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.
