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CARLOS LEÓN
El pretexto para enviar a una gran fuerza naval al mar de las Antillas fue combatir el narcotráfico y al Cártel de los Soles “comandado por el presidente Nicolás Maduro”. En noviembre del 2025, Marco Rubio, Secretario de Estado del gobierno del presidente Trump designó al Cártel de los Soles como organización terrorista y reafirmó públicamente que Maduro era el jefe de dicha organización.
El gobierno de Trump ha llevado al cabo diversas operaciones militares que han dado como resultado la destrucción de numerosas embarcaciones de pequeñas dimensiones (lanchas) y hasta el día de hoy se contabilizan 104 personas asesinadas extrajudicialmente. El presidente colombiano Gustavo Petro, ha denunciado estas acciones como “asesinatos” y “agresiones contra América Latina”, argumentando que quienes las tripulan, además de ser venezolanos y colombianos, suelen ser pobres pescadores y no los grandes capos del narcotráfico.
El 3 de enero el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados mediante una incursión militar de los Estados Unidos denominada “Operación Resolución Absoluta”. El operativo incluyó bombardeos en zonas estratégicas de Caracas y enfrentamientos que dejaron un saldo estimado de al menos 100 muertos. El operativo principal fue en la residencia presidencial venezolana (Palacio de Miraflores), por parte del grupo especial Delta Force, y duró aproximadamente 40 minutos; luego de asesinar a la guardia personal de Maduro (74 efectivos, de los cuáles 32 eran militares cubanos), él y su esposa fueron capturados y trasladados a territorio estadounidense. Actualmente se encuentran en un centro de detención de Brooklyn Nueva York, donde Maduro enfrenta las siguientes acusaciones:
Narcoterrorismo: Se le acusa de liderar el “Cártel de los Soles “ y conspiración con grupos como las FARC para inundar a Estados Unidos con cocina como una forma de “arma” contra el país. El mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció oficialmente en 2026 que el Cártel de los Soles no existe como una organización criminal estructurada o unidad formal y los fiscales ahora describen el término como un “sistema de patronazgo” y una “cultura de corrupción”. Se considera un término coloquial para referirse a la actividad ilícita de funcionarios civiles y militares venezolanos, en lugar de un cartel del narcotráfico tradicional
Conspiración para importar cocaína: imputación directa por la entrada de toneladas de droga a territorio estadounidense. Ley de oferta y demanda si no hubiera tantos consumidores en los Estados Unidos… También se le acusa de posesión de dispositivos destructivos y armas de fuego: relacionado con el apoyo militar y de armas para proteger las rutas del narcotráfico y finalmente por corrupción y lavado de activos: Acusaciones de utilizar cargos públicos para enriquecimiento ilícito mediante el dinero de la droga. Si alguien se ha aprovechado de su cargo público para enriquecerse enormemente, ha sido el presidente Trump.
Donald Trump ha declarado en múltiples ocasiones que su interés en Venezuela está estrechamente vinculado a sus enormes reservas de petróleo.. Tras el secuestro de Maduro, Trump reafirmó el control de los recursos de Venezuela como un objetivo central y afirmó que el gobierno interino entregaría entre 30 y 50 millones de barriles a Estados Unidos y que él personalmente controlarla esos ingresos para asegurar que “beneficien a ambos pueblos”.
El problema para el presidente Trump, es que ahora se está enterando que la extracción del petróleo venezolano no será una tarea fácil, y la estimación que hacen las empresas norteamericanas, es una inversión de 100 mil millones de dólares, ya que a partir del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos el impacto a la industria petrolera venezolana, ha marcando un antes y un después en su capacidad productiva y logística; especialmente a partir de las medidas de 2017 y 2019. La producción descendió drásticamente de 2.9 millones de barriles diarios a niveles de 757 mil barriles. Para este enero del 2026 se proyecta una caída más severa, debido a la intensificación de las medidas de bloqueo total y las recientes operaciones militares que afectaron infraestructura estratégica.
Las sanciones financieras de 2017 restringieron el acceso a financiamiento internacional, impidiendo la inversión necesaria para mantener pozos y refinerías. El bloqueo impidió la importación de diluyentes, necesarios para procesar el crudo extra pesado de la Faja del Orinoco, limitando la capacidad de exportación. Se estima que el bloqueo ha contribuido a una pérdida de hasta el 99% de los ingresos de divisas al país venezolano, lo que ha paralizado la compra de repuestos e insumos industriales.
La millonaria inversión que se necesita para reactivar y llegar a los 3 millones de barriles diarios, de acuerdo a estimaciones de los expertos, llevaría unos 10 años cuando menos.
Las grandes petroleras norteamericanas han mostrado un enorme escepticismo ante las presiones del gobierno de Trump para invertir esa enorme cantidad de millones de dólares en la industria petrolera venezolana. ExxonMobil ha calificado a Venezuela como “no apta para invertir”. Argumentando que sin cambios profundos en las leyes que otorguen garantías a largo plazo y protejan contra futuras expropiaciones (como las ocurridas en 2007), no van a comprometerse con grandes capitales. Además, reactivar la producción requiere grandes inversiones que no garantizan una rentabilidad inmediata y además la industria estadounidense le preocupa que una entrada masiva de crudo venezolano devalúe los precios globales, afectando la rentabilidad de sus propias operaciones locales.
“Como siembres recogerás” y “Quien siembra vientos recoge tempestades”
