
ROGER LAID
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. El caso del periodista Rafael León Segovia, en Veracruz, es un claro recordatorio de los riesgos que enfrentan los comunicadores en México. Si bien se ha descartado el delito de terrorismo, la imposición de un año de prisión domiciliaria, sumado a las declaraciones del propio periodista sobre el «odio» de la Fiscalía por sus publicaciones, genera una profunda preocupación.
Atacar la libertad de expresión desde la Fiscalía, un espacio que debería garantizar imparcialidad y justicia, deja un sabor amargo y enciende las alertas para el gremio periodístico en todo el país. ¿Qué mensaje se está enviando cuando se criminaliza la labor informativa? ¿Qué garantías tienen los periodistas que denuncian actos de corrupción o irregularidades gubernamentales?
La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Sin ella, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay posibilidad de construir un mejor futuro. Cuando se ataca a un periodista, se ataca a toda la sociedad.
Es fundamental que los jueces actúen con independencia y no se conviertan en instrumentos del poder político. La justicia debe ser ciega y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo a los periodistas.
El caso de Rafael León Segovia no es un hecho aislado. En México, la violencia contra periodistas es una realidad alarmante. Asesinatos, amenazas, agresiones y ahora, la judicialización de la labor informativa, son estrategias que buscan silenciar las voces críticas y limitar el derecho a la información.
Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de expresión. No podemos permitir que el miedo y la autocensura se apoderen del gremio periodístico. La sociedad necesita periodistas valientes y comprometidos con la verdad.
El caso de Rafael León Segovia debe ser un llamado a la acción. Es momento de defender la libertad de expresión y exigir justicia para todos los periodistas que son víctimas de ataques y agresiones. No podemos permitir que se silencien las voces que denuncian.
No permitamos que políticos amparados de un gobierno que los proteje vayan más allá de lo que permiten las leyes esas mismas que no cambian pero que un juez puede hacer lo que guste ya lo demostraron al mencionar ‘terrorosmo’ en una carpeta de investigación al grado qye la mis a presidenta sospecha de irregularidades.
Puntos Suspensivos….
Los cambios en el gabinete estatal son inminentes, el mandatario estatal sabe quienes le han cumplido pero considero que los compromisos han terminado. Y en la banca hay más de uno que esperó pacientemente un año, hay mucha gente con experiencia. El camino es difícil pero ahora el mandatario está en la libertad de alejarse de recomendaciones que le roban osigeno… Estoy leyendo el proceso, después de que la la ASE Auditoría Superior del Estado informa y pone a disposición en su página oficial, entonces, es la fiscalía la que verifica de acuerdo la información enviada de la ASE (o que está en su página) cualquier información suelta puede ser mera mente de especulación. (al menos que haya sido comprobada con la página). Lo demás es lo de menos.
Esto no se acaba hasta que se acaba.
Opiniones quejas y sugerencias al 9611897730
Miembro de Periodistas Unidos de Chiapas (PUCH)
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