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IRMA PILAR ORTIZ
Gobiernan a la Chimoltrufia. Así como dicen una cosa, dicen otra.
Las decisiones que toman en la 4T parecen inspiradas en María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija o sea la Chimoltrufia, el personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.
El impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violentos que, en medio de severas críticas, aprobaron los autómatas legislativos en la Cámara de Diputados, ahora por una decisión unilateral de la presidenta Sheinbaum no se cobrará, con lo que se está violentando una ley.
Y vaya que es para preocupar, porque si así, tan fácil, en una “mañanera” se puede anunciar que una ley no será aplicada, a pesar de ser propuesta del mismo Ejecutivo, qué pasa con la seguridad jurídica, porque igual un día deciden que no se aplique la Ley que protege los Derechos Humanos.
La violación a la Ley de Ingresos anunciada por la presidenta de México provocó la reacción inmediata del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien advirtió que el Jefe del Ejecutivo no puede, así nada más, dejar de aplicar una ley aprobada por el Legislativo.
La cada vez más mermada división de poderes, base de un estado democrático y que está plasmada en el artículo 49 de la Constitución, se violenta absolutamente, sin que haya expresiones de extrañamiento de los especialistas.
El mismo Monreal señaló que se tiene que modificar la Ley, pero primero debe llegar a San Lázaro una iniciativa que envíe la presidenta Sheinbaum, entonces, ¿porque no lo ha hecho?
Es un hecho que, sin los otros grupos parlamentarios, Morena y sus aliados pueden realizar un periodo extraordinario de sesiones, antes de que termine el 2025, para hacer la adecuación.
¿Será acaso que no quieren interrumpir las vacaciones de los legisladores? Es tanta la indolencia que manifiestan los de la 4T, que alarma. Porque, por un lado, propusieron y aprobaron por mayoría, sin cuestionar un ápice la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y ahora no se molestan en corregir los errores.
La pregunta es de dónde van a sacar los 183 millones de pesos que habían presupuestado como ingreso a las finanzas de la Federación y, que, ya habían plasmado en el Presupuesto de Egresos 2026, para obras, programas y servicios del gobierno.
Si como todos afirman, el gobierno tiene las finanzas quebradas y carecen de dinero para atender casos extraordinarios, desde la Secretaría de Hacienda se frotaron las manos y por eso propusieron aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la adquisición de videojuegos, aunque quisieron disfrazar el cobro con que sólo se trataba de inhibir el uso de aquellos que son para adultos y altamente violentos.
Y es que en 2024 la industria de videojuegos en México superó los 2,300 millones de dólares y sumó más de 76 millones de jugadores activos, lo que coloca al país en el décimo mercado mundial y el primero en América Latina.
Vieron en los gamers una jugosa fuente de ingresos, pero nunca entendieron que, al tratarse de un universo incalculable de videojuegos, era prácticamente imposible definir qué es violento y qué no.
Como dijo la joven diputada de Movimiento Ciudadano Iraís Reyes, de 34 años, con este impuesto se estigmatiza a una generación, parece que “no entienden que muchos de nosotros, los millennials y la Generación Z, nacimos y crecimos con consolas de videojuego”.
Practicar este tipo de juegos son parte de su identidad, su pasatiempo y “decir que jugar videojuegos los vuelve personas violentas o que afectan su salud mental es un desconocimiento total sobre la cultura y el entretenimiento”.
El caso es que cobrar este impuesto es una obligación fiscal; el Ejecutivo no tiene facultad para no aplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño y, para acabarla, en México no contamos con un sistema estatal de clasificación de videojuegos.
Así, en Modo Chimoltrufia, el flamante gobierno de la 4T aprobó en octubre aplicar un impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, dos meses después, su máxima representante, como es la presidenta Sheinbaum, decide que no se aplique ese gravamen.
Como dicen una cosa, dicen otra. Sin duda.
