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ROGER LAID
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. Lo ocurrido en el Congreso de Yucatán —donde se encendieron las alarmas por posibles usos indebidos de diputaciones indígenas— no es una anécdota regional ni un episodio aislado. Es un aviso: la representación indígena en México está siendo secuestrada por políticos sin identidad ni arraigo comunitario, y ese mismo modelo ya se está repitiendo con fuerza en Chiapas.
En Yucatán, legisladores denunciaron que alguien se ostenta como indígena sin serlo para ocupar una curul reservada a pueblos originarios, encendiendo una discusión pública sobre la autenticidad y el respeto a esas acciones afirmativas. La exigencia fue explícita: la representación indígena no se improvisa, no se compra ni se falsifica.
Pero basta cruzar la frontera estatal para encontrarnos con un espejo aún más crudo de esta realidad: el caso de José Uriel Estrada Martínez, ex auditor superior del Estado de Chiapas, hoy diputado local por el Distrito 08 con cabecera en Simojovel. Uriel Estrada fue postulado bajo la categoría de representante indígena, a pesar de haber sido duramente impugnado por autoridades y habitantes de las comunidades tsotsiles, quienes señalaron que no cumple con los requisitos para ostentar esa identidad y exigieron respeto a sus derechos políticos. 
La polémica fue tal que se presentó una impugnación de más de 60 hojas ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), documentando que Estrada no cumple con los requisitos para representar una diputación indígena y acusándolo de usurpar esa candidatura por órdenes superiores y tráfico de influencias. 
El descontento no se quedó en papeles: autoridades y representantes indígenas de municipios como Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, El Bosque, Huitiupán, San Andrés Larráinzar, Santiago El Pinar y, por supuesto, Simojovel, expresaron su rechazo abierto a la imposición de candidaturas que no reflejan la voluntad ni la identidad de sus pueblos. 
Críticos locales incluso han descrito estas maniobras como una repetición sistemática de lo que llaman “jineteo” o “cachirulazos indígenas”: prácticas en las que partidos políticos y élites buscan ocupar espacios legislativos reservados con perfiles que no tienen raíces ni reconocimiento comunitario, violentando no solo la letra de la ley sino los códigos morales de las propias comunidades.
Y no es menor el contexto legal. La normatividad electoral mexicana —tanto federal como local— establece requisitos específicos para acreditar la condición de indígena: no basta con palabras, se requiere vínculo real con la comunidad, reconocimiento por parte de la misma y evidencia de participación comunitaria auténtica. Las impugnaciones presentadas en Chiapas se basan en que estos requisitos no se cumplieron cabalmente en el caso de Estrada, situación que cuestiona el rigor de las autoridades electorales al validar candidaturas. 
Más allá de nombres y siglas, lo que está en juego es la legitimidad de los mecanismos de acción afirmativa que México ha construido para reparar exclusiones históricas. Cuando esos mecanismos son explotados como trampolín político por quienes no pertenecen a los pueblos originarios, no solo se traiciona la intención de la ley, sino que se agravia a comunidades que han sido marginadas por siglos.
La sociedad chiapaneca —y en específico las comunidades indígenas de Simojovel y otros municipios tsotsiles— dejó claro su rechazo: no quieren falsos representantes, no quieren discursos vacíos, no quieren políticos que ocupen curules indígenas para después ignorar a sus pueblos. Uriel es solo un ejemplo y después abordaremos otros en este espacio.
Si en Yucatán la discusión ha logrado colocarse sobre la mesa pública y política, en Chiapas esa mesa ya está puesta desde hace tiempo, con denuncias, impugnaciones y rechazo social. La pregunta para las autoridades electorales, los partidos y, sobre todo, para la sociedad, es simple:
¿vamos a permitir que las acciones afirmativas sigan siendo un disfraz para la ambición política, o las defenderemos como lo que realmente son: instrumentos de justicia y dignidad para los pueblos originarios?
Puestos suspensivos …
Sin duda que el trabajo de la fiscal anticorrupción Ana Laura Romero Basurto al ir fuerte en contra de empresas factureras y en contra de ex funcionarios que están señalados de corruptos y ella está firmemente documentando cada acción oscura, entonces vienen las descalificaciones, entonces esos sujetos buscan crear fogatas de distracción para evitar y ganar tiempos, pero la funcionaria leal al mandatario va firme. Ampliaremos.
opiniones quejas y sugerencias al 9611897730 miembro del PUCH periodistas Unidos de Chiapas
