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RUBÉN MOREIRA VALDEZ
Es evidente que las cosas no marchan bien en materia de seguridad. Los asesinatos de figuras destacadas en la vida pública y el aumento de la desaparición de personas son ejemplos de la diferencia entre la realidad y la narrativa oficial que presume buenos resultados.
El Plan Michoacán, más allá de las muchas inconsistencias, limitaciones y falta de recursos, muestra un cambio en la estrategia nacional. En las pantallas de los televisores, como en los tiempos de Felipe Calderón, vimos desfilar cientos de carros de la Defensa y la Guardia Nacional.
No es para menos, argumentan algunos: el crimen ha mostrado su capacidad de violencia y la facilidad para diversificar las fuentes de sus ingresos. El fin de semana, por ejemplo, en la sierra de Chilpancingo, durante varias horas hubo enfrentamientos en las cercanías de la comunidad de El Tejocote; los grupos criminales usaron drones armados para agredir a sus oponentes.
La estrategia que presentó el gobierno federal para pacificar el país tiene inconvenientes, entre ellos algunos de carácter estructural: no hay un mando único, la Secretaría de Seguridad carece de efectivos para operar, tampoco hay una política para la construcción de policías locales y la mayoría de las y los gobernadores no tienen interés en participar en las tareas de seguridad.
Para tener buenos resultados se requiere la participación de las autoridades locales y, en particular, de los ejecutivos de cada estado. En un país con instituciones débiles y un desarrollo deficiente, la actuación de los individuos es determinante para dar resultados. Lo anterior es una constante en aquellas entidades en las que disminuyó de manera temporal o permanente la violencia. Enfrentar al crimen requiere voluntad y disposición para el aprendizaje.
En los estados, salvo excepciones, hay una colección de planes y acciones que han fracasado. Miles de millones de pesos se han tirado a la basura en programas inútiles, desarrollados por inexpertos o por pillos que se aprovecharon de la indolencia de funcionarios locales. Igual, abundan los esfuerzos sexenales que fueron abandonados al llegar nuevos gobiernos. El colmo fue López Obrador quien, cargado de prejuicios y mediocres conocimientos, desmanteló lo poco que teníamos de instituciones de seguridad y debilitó a las Fuerzas Armadas. La frase “abrazos y no balazos” no solo es la muestra de una ineptitud mayúscula, es además un permiso para la inacción de gobernadores y alcaldes.
Al igual que en Sinaloa, en Michoacán la estrategia no funcionará por la falta de participación del gobierno local. En lo que va de la administración del gobernador Ramírez Bedolla no hay elementos que permitan anticipar que habrá un cambio de actitud. Su apuesta, igual que la de muchos gobernantes, es que pase la crisis y luego se olvide todo.
*Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados LXVI Legislatura Federal
