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JUAN CHÁVEZ
La naturaleza manda. Más allá de lo que los expertos advierten, la naturaleza no avisa y envía sus efectos destructivos a regiones de la Tierra, sin previo aviso.
Claro, hay sobre avisos, como en el caso de los huracanes o en las tormentas que podrán presentarse en las siguientes horas a la prevención.
Pero nunca se sabe nada antes de los terremotos o la intensidad y duración de una tempestad o una tromba. Son fenómenos naturales impredecibles.
Hay fenómenos de prevención, pero no cuentan para quienes, desde el poder, se los pasan por el arco del triunfo y dejan que caigan sobre las comunidades las acciones destructivas de doña naturaleza.
Hay inundaciones, no solo en México; las hay en muchos países del mundo.
El pueblo está enojado con el poder.
No hay nada más previsible en México que los desastres no previstos. Aquí todas las lluvias fuertes son “atípicas”, pero vivimos en una región tropical que de mayo a noviembre sufre tormentas, huracanes o vaguadas, como la que provocó estas lluvias.
Los terremotos son, por naturaleza, imprevisibles, pero nos ubicamos en una zona sísmica en la que tarde o temprano tiembla. Por eso mismo se estableció el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, que López Obrador saqueó después de decir que era corrupto sin presentar pruebas.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró el 10 de octubre: “Se desbordó ligeramente el río Cazones”. Lo que vemos en las cifras de la estación hidrométrica de Poza Rica de Conagua, sin embargo, es un incremento de 42 a 46 metros entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana de ese 10 de octubre, cuando el nivel de aguas máximas ordinarias de la escala crítica del río es de 25 metros.
Para el exprocurador de la República, Ignacio Morales Lechuga, nacido en Poza Rica, la ciudad arrasada por el desbordamiento del río Cazones, deja lecciones dolorosas.
Aunque la presidenta recibió y aguantó a pie firme en Poza Rica el reclamo y la indignación de víctimas golpeadas por las inundaciones, la respuesta del gobierno federal sigue sin mostrar capacidad ni mecanismos para coordinar la prevención de desastres y actuar con eficacia y transparencia en la atención de emergencias.
Su antecesor “supervisaba” los desastres naturales desde la ventanilla de un helicóptero y evitaba cualquier contacto con la muchedumbre indignada para no exponerse a reclamaciones. Es significativo otro estilo de plantarse ante la adversidad, pero no será suficiente si la tragedia pasa de largo sin replantearse fallas, errores y responsabilidades institucionales omitidas en el plano federal, estatal y municipal.
La tragedia de Poza Rica y otras comunidades gravemente afectadas en 5 estados, ha despertado la respuesta solidaria de la sociedad mexicana, pero no a un gobierno capaz de organizar sin pichicaterías electoreras a personas, empresas, iglesias, universidades y voluntarios para sumarlos al envío urgente de víveres, ropa, agua, medicinas a los damnificados, al condicionar el reparto a que se haga bajo el logo morenista.
“Soy veracruzano. Nací y crecí en Poza Rica y me duele recordar la inundación de 1954. Llevo en la memoria los gritos de mi madre y la voz urgente de mi padre que ordenaba salir. Recuerdo bajar de la cama con el agua hasta la cintura, correr a oscuras entre lodo, gritos y miedo para salvar la vida. Aprendí que el agua enseña lo que el poder nunca aprende: la vida vale más que todos los discursos”, escribió Morales Lechuga.
En las inundaciones lo primero que se atora en los vericuetos de las burocracias es la oportuna información preventiva que puede salvar vidas y bienes. La reacción de una gobernadora enterada de la tragedia exhibe la incapacidad de su gobierno para entender y evaluar lo ocurrido: “se desbordó ligeramente el río Cazones”, fue su comentario.
La CONAGUA avisó, antes de ocurrir lo peor, que varias cuencas veracruzanas se habían convertido en zonas de alto riesgo, con precipitaciones de 150 mm por metro cuadrado el lunes 6 de octubre; de 250 mm el martes y de 320 mm el miércoles. Nadie movió un dedo para tratar de evacuar a la población expuesta al desbordamiento del río, seguramente “para no inquietar a la gente”.
El CENAPRED, arrinconado en el “austericidio” señala que la tendencia apunta a un aumento en la intensidad y frecuencia de los desastres naturales en México, en el número probable de víctimas y en los daños materiales. Este sería el momento de escucharlo y de reorganizar las capacidades perdidas o superar incluso las del Fonden.
Tras el huracán Otis en 2023, la atención a damnificados en Acapulco fue el reparto directo de dinero entre quienes formaban cola varios días, algo innecesario y hasta ofensivo que dibuja el concepto de subordinación que el oficialismo quiere para la palabra solidaridad y el apoyo a las víctimas de desastres.
A diferencia del hábito de formar un guardadito familiar para enfrentar gastos de emergencia, el Estado ha preferido quedarse sin previsión presupuestaria en materia de desastres naturales, sin seguros y con presupuestos pre etiquetados sólo para sus proyectos prioritarios.
En Poza Rica no hubo alerta alguna para evitar el golpe de las aguas, que llegó incluso hasta un hospital de zona, donde varios médicos fueron arrastrados por la corriente. El puente sobre el río Cazones a la entrada de Poza Rica, a 8 metros de altura fue alcanzado también por el golpe directo del agua.
La osteoporosis del aparato público en general podría hacer de lo ocurrido un caso de responsabilidad por la negligencia criminal de no pocos funcionarios. ¿o es que el derecho penal será instrumento reservado para perseguir adversarios políticos?
Ninguna autoridad organizó desalojos preventivos ni habilitó refugios. La corriente vació las casas de madera, arrancó vidas, muebles y todo lo que encontró a su paso. Más de la mitad de Poza Rica está destruida. No hay otra palabra: es una omisión criminal. Una vez más, el Estado incumple su deber de prevenir, proteger y auxiliar. Abundan las excusas para aplazar responsabilidades.
