LA POLÉMICA/ Exigen avances en asesinato de Paco Rojas

DANIEL CAMARGO HERNÁNDEZ / Cuestión de POLÉMICA 

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Toluca, Estado de México. Tras casi dos años en el abandono, el antiguo edificio que albergó al extinto partido Nueva Alianza —aquel que soñó con ser la tercera fuerza política del Estado de México— cambió de manos. Ahora es propiedad del Poder Legislativo mexiquense, tras una operación que implicó una inversión cercana a los 14 millones de pesos.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) declaró la extinción de Nueva Alianza luego de que, en las elecciones del 2 de junio de 2024, no lograra alcanzar ni el 3% de la votación válida para mantener su registro. Con ese golpe, inició el proceso de liquidación del partido y la enajenación de sus bienes, entre ellos, el inmueble que hoy vuelve a tener vida.

Según el acuerdo, los recursos generados por la venta del edificio deberían ser destinados por la Tesorería estatal a favor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Sin embargo, como suele ocurrir en los vericuetos del poder, habrá que ver si ese dinero realmente llega a las arcas universitarias o se pierde entre los pasillos burocráticos.

A pesar de haber sido borrado del mapa electoral, Nueva Alianza no está del todo muerto. En algunos municipios del Estado de México aún conserva operadores y simpatizantes, quienes ya comienzan a tejer acuerdos rumbo al proceso electoral de 2027. Su posible reaparición podría darse como aliado de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano… o de ambos, según sople el viento político.

Por lo pronto, el inmueble turquesa que un día simbolizó las ambiciones del magisterio será ocupado por la Dirección de Comunicación Social del Congreso mexiquense, bajo el mando de la periodista Violeta Huerta. Ironías del poder: de la propaganda partidista a la comunicación institucional.

Exigen avances en asesinato del diputado Paco Rojas

El asesinato de Francisco Brian Rojas Cano, ocurrido el 30 de enero en Cuautitlán, permanece en la más absoluta impunidad. A más de ocho meses del crimen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) parece haber sepultado el expediente en el archivo muerto, como si la vida del exdiputado local panista no mereciera justicia ni memoria.

Hay que recordar que Rojas Cano fue diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) y un líder social reconocido en Cuautitlán y municipios del Valle de México.

Su trabajo político y su cercanía con la ciudadanía le granjearon respeto dentro y fuera de su partido. Sin embargo, ese capital social no ha sido suficiente para que las autoridades ministeriales se tomen la molestia de esclarecer su asesinato.

Familiares y amigos del ex legislador han alzado la voz una y otra vez. Han exigido a la FGJEM un informe claro sobre los avances de la investigación —si es que los hay— y demandan que el caso sea reabierto con seriedad. Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido un silencio tan espeso como sospechoso.

El olvido en el que se ha dejado este homicidio no parece casual. Más bien da la impresión de que alguien, desde algún despacho con poder, decidió guardar el expediente bajo llave. En el Estado de México, cuando la justicia se calla, es porque el poder habla… y manda callar, terrible.

Cinismo carretero, cobran peaje por vías destruidas 

La comunicación entre la capital del Estado de México y la del país —Ciudad de México— colapsó este jueves entre lodazales, deslaves y torrentes de agua que dejaron las intensas lluvias de los últimos días.

Toneladas de tierra y piedra se desplomaron sobre los carriles de ambas direcciones en las autopistas México–Toluca y Toluca–Naucalpan, paralizando el tránsito y condenando a cientos de personas a llegar con horas de retraso a sus trabajos, escuelas y compromisos.

Lo verdaderamente indignante no es el fenómeno natural, sino la protección oficial a las empresas concesionarias y de la CAPUFE de esas vías, que —como si nada ocurriera— siguen cobrando alegremente el peaje, aun cuando las carreteras permanecen cerradas por horas o convertidas en trampas de tráfico y lodo, dejando al usuario sin reembolso, sin disculpas y chiflando en la loma

En Estados Unidos o Europa, si una vía concesionada enfrenta algún cierre o afectación, se exime del pago del peaje a los usuarios. En Japón, incluso, las compañías pagan compensaciones por los retrasos y emiten comprobantes oficiales para justificar la tardanza ante los empleadores.

Pero en México, el abuso se volvió norma: las autopistas pueden estar destruidas, inundadas o plagadas de baches, y el cobro seguirá firme, automático, puntual… como si se tratara de un malévolo acuerdo entre concesionarios y autoridades federales, que con tal de llevarse su ganancia, les vale madre el usuario.

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Gracias por su lectura. Los esperó hoy a partir de las 7:30 de la mañana con mi comentario en #UltraNoticias con Oscar Glenn, en el 101.3 FM de Toluca. ¡Ya lo sabe, que le vaya como se porte!

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