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IRMA PILAR ORTIZ
¿Hasta dónde pretenden llegar?
Al ver cómo cambian las leyes, en un plan de “queda bien” con la presidenta Sheinbaum o con el expresidente López, los legisladores de Morena nos recuerdan la importancia de llevar al área legislativa a expertos en determinado tema, como podría ser el de impartición de justicia.
Vemos cómo se desenvuelven, sin la mínima preparación y aprueban leyes que contravienen todas las reglas y normas, como es la nueva Ley de Amparo y el atrevimiento de pretender que su aplicación sea retroactiva, lo que implica una flagrante violación al artículo 14 de la Constitución.
Y cómo no van a aprobar aberraciones como esa, si el único mérito para llegar al Senado de la República son sus discursos estridentes, que polarizan y confrontan.
En el caso de Manuel Huerta, quien propuso la retroactividad, su virtud para ocupar un escaño en la Cámara de Senadores es haber sido súper delegado de López Obrador en Veracruz, donde Rocío Nahle le ganó la candidatura al gobierno del estado y como premio de consolación lo mandaron a la Cámara alta.
Los expertos en derecho han dado señales de alerta ante la pretensión de Morena de socavar esa figura jurídica que incluso, dio a México prestigio internacional.
Resulta que, aunque en la Cámara de Diputados le quiten la retroactividad, esta nueva Ley de Amparo, otorga mayor poder al poderoso y vulnera a los desamparados, porque se podía obtener, casi en automático, una suspensión en la ejecución de una orden de aprehensión.
Ahora ya no podrá ser así. Se podrá ejecutar la orden de aprehensión, ya que, para obtener una suspensión, se tiene que garantizar un crédito fiscal, lo que puede ser inalcanzable para la mayoría de la población.
Como lo planteó el abogado, profesor del ITAM, Gerardo Laveaga, “si no hubo malicia, ¿qué hubo? ¿Ignorancia? ¿Negligencia? ¿Estupidez? Preferiría pensar que fue malicia o todo junto” y argumentó: “la retroactividad a la Ley de Amparo no solamente viola la Constitución, sino todos los principios jurídicos”.
Morena pretende desmantelar el principal mecanismo de defensa ciudadana frente al poder, diseñado para proteger al individuo ante los abusos del Estado, que incluso ha permitido tener avances en materia de medio ambiente, transparencia, igualdad política y defensa de comunidades.
Esta nueva redacción de la Ley de Amparo limita el “interés legítimo”, a pesar de que se ha demostrado su eficiencia, como cuando la Corte frenó la devastación de áreas de recarga de acuíferos en Morelos y Estado de México; obligó al SAT a publicar la lista de condonaciones fiscales millonarias; garantizó la paridad de género en las listas de candidatos a puestos de elección; y protegió a comunidades indígenas frente a megaproyectos.
Ahora, la autoridad podrá negarse a cumplir una sentencia alegando ‘imposibilidad material o jurídica’, lo que destruye la esencia del amparo, organizaciones civiles y comunidades quedarían sin la posibilidad de frenar proyectos que dañan el medio ambiente, la salud pública o el derecho a la información, como señaló el diputado Rubén Moreira.
Otra voz crítica, que por lo regular se abstiene de opinar sobre temas legislativos es la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que ahora alzó la voz y calificó esta reforma como un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México, toda vez que “limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo”.
Así que no es un tema menor esta reforma a la Ley de Amparo, que puede significar un grave retroceso en la protección de los derechos humanos.
