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MARTÍN DE J. TAKAGUI
Vaya caso el del llamado huachicol fiscal de hidrocarburo, no solamente por la cantidad de diez millones de litros decomisados en marzo pasado, sino por toda la red de complicidades corruptas cuyos principales protagonistas no solamente son altos mandos de la Secretaría de Marina, sino que son sobrinos del ex secretario de Marina, en tiempos de Andrés López Obrador, José Rafael Ojeda Durán.
Manuel Roberto Farías Laguna, junto con su hermano, Fernando, de los mismos apellidos, que también es marino fueron detenidos como presuntos responsables y las cabezas más visibles de dicho escándalo petrolero, pero además salió toda la red de sinvergüenzas que obtuvieron ganancias millonarias, escudándose en el uniforme de quien fue nombrado como posible secretario de la Marina, para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Roberto Farías, que fue Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, forma parte de una red de funcionarios de aduanas como Francisco Antonio Martínez, ex director de Administración de la Aduana de Tampico, quien fue suspendido de sus funciones en mayo por esa misma investigación.
Sin duda la corrupción ha invadido y carcomido hasta las más altas esferas del gobierno de la República, a pesar de que el viejo expresidente aseguraba que “la corrupción ya no se permite” y eso habría que creerlo, porque quizás antes, en los gobiernos “neoliberales” se les permitía actuar a los corruptos, ahora no necesitan permiso, porque están ahí, en donde se daban los permisos.
Qué lástima, como mexicano, ver la forma en que cual si fuera un cáncer, la corrupción ha invadido a manera de metástasis las más altas esferas de los mandos militares, policíacos y marinos, como a las aduanas y a los puertos.
Para realizar el movimiento, compra, distribución, venta, importación de esas cantidades de huachicol fiscal, no es suficiente contar con algún amigo que tenga contactos con gasolineros, o que tenga algunos ahorros guardados para algún negocito, tampoco se necesita solamente algunas pipas.
La verdad es que se trata de grandes y poderos funcionarios, empresarios, servidores públicos y demás gente que es increíble que solamente seis marinos, un funcionario de aduanas y cinco empresarios hayan realizado todo ese movimiento.
Pueden ser las cabezas visibles, pero debe existir un importante financiamiento y seguramente, los dueños de las gasolinerías también están involucrados, gobiernos estatales, gobiernos municipales, a través de prestanombres y personeros que se tuvieron que prestar para no exponer a alcaldes o gobernadores.
Seguramente faltan muchos por ser detenidos. Lo que también nos deben las autoridades a los ciudadanos es que informen dónde están esos diez millones de combustibles decomisados, qué pasó con ellos, ¿se vendieron? A ¿Dónde fue a parar ese combustible? De quién son los terrenos donde fueron encontrados esos contenedores.
Qué hacían cada uno de los responsables, cómo actuaba la red de huachicoleros y corruptos que operó esas acciones. El gobierno está obligado a rendir cuentas de todo ello, no es posible que solamente se diga que se decomisó el hidrocarburo, que fueron detenidos tales o cuales marinos y funcionarios.
¿De dónde salieron los recursos para adquirir el huachicol? ¿Dónde quedaron los dineros producto de las ventas y cómo circulaba el dinero?
La corrupción no se ha frenado. Hoy los montos de las operaciones y movimientos corruptos son mucho mayores: tan solo el caso de Segalmex, con Ignacio Ovalle al frente fueron 15 mil millones de pesos, que no sabemos dónde quedaron, el tema de los diez millones de litros de hidrocarburo ¿cuánto valen?
Hay que recordar que la llamada Estafa Maestra, cuya protagonista se supone que fue Rosario Robles, y digo se supone, porque ya salió de la cárcel y no hubo más detenidos, fue de siete mil millones de pesos, apenas la mitad que en Segalmex.
Es difícil saber hasta dónde va a llegar la corrupción que ya no nos espanta, pero cómo da coraje ver a los que dicen “no somos iguales”.
