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JUAN CHÁVEZ
“No voy a traicionar”, prometió la presidenta Sheinbaum. “Vamos bien y vamos a ir mejor”, precisó en su mensaje final del primer informe de gobierno.
Va seguir escalando rumbo al segundo piso de la cuarta transformación y, por supuesto, no toco el problema que abate a la realidad de los mexicanos en los días que corren.
Así, no se refirió, al encarecimiento de la vida que el CJNG ha impuesto a los mexicanos que viven en 10 estados.
Desde la canasta básica hasta servicios de internet, los ciudadanos, en esos 10 estados de México, viven el impacto directo del control de precios por parte del crimen organizado.
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el estado de México sufren un fenómeno que va más allá de la inseguridad: la extorsión económica sistemática.
Comerciantes, productores y transportistas describen un esquema recurrente: los cárteles acaparan mercancías, fijan precios y obligan a los negocios a comprar en bodegas controladas por grupos delictivos.
En Tierra Caliente, Michoacán, pobladores denuncian a Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados del CJNG, como responsables de imponer costos en productos como arroz, carne, refrescos y cerveza.
“Si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne 200 pesos y se da entre 230 y 240, porque los cárteles tienen presencia”, relatan los habitantes.
La negativa a cumplir con estas cuotas puede derivar en amenazas de muerte, dejando a los comerciantes atrapados entre el temor y la imposición.
No solo los alimentos sufren los embates del crimen: materiales de construcción, agua embotellada, papelería e incluso servicios de internet están sujetos a precios fijados por grupos delictivos.
Empresarios reportan que estas extorsiones elevan el precio final al consumidor y llevan a muchos dueños de negocios al cierre definitivo.
En Veracruz, carnicerías locales relataron que “el producto lo tienen que dar más caro” para solventar cuotas semanales o mensuales. Mientras tanto, en Tabasco, transportistas y dueños de negocios enfrentan la misma presión, y en el estado de México, la delincuencia usa su control para distribuir mercancías robadas.
El fenómeno no distingue entre zonas urbanas o rurales. En la Comarca Lagunera, organizaciones agrícolas y ganaderas denunciaron una ola creciente de extorsiones y control de mercados, describiendo un ambiente de “constante amenaza y miedo”.
En Oaxaca y Veracruz, productores de mango y otros frutos son obligados a vender a precios hasta cinco veces menores al de mercado. En Guanajuato, las tortillerías están entre los negocios más afectados, mientras que en Morelos más de la mitad de los comerciantes pagan derecho de piso. Incluso el transporte público enfrenta amenazas: concesionarios de la Ruta 11 en Cuernavaca estudian suspender el servicio tras recibir ultimátum.
El cobro de piso, conocido como extorsión, ha reemplazado al coyotaje tradicional en muchas regiones, impactando directamente en el encarecimiento de víveres, transporte y servicios.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, afirmó que se trata de un problema consolidado y en expansión: “Fue un delito que se dejó crecer y ahora impacta negocios, productores y consumidores”.
El control que ejercen grupos como el CJNG no solo amenaza la seguridad física de los mexicanos, sino que distorsiona mercados enteros y erosiona la economía familiar. Desde los productos más básicos hasta servicios cotidianos, el poder del crimen organizado se hace sentir con cuotas, precios fijos y amenazas, dejando a miles de familias en un círculo de incertidumbre y miedo.
¿Y qué hace el gobierno federal y el de los estados y municipios? La respuesta se queda en el limbo. La extorsión por parte de los cárteles no suple su otro pingüe negocio: el de las drogas. Y si el problema se advierte de este lado, se advierte que estamos viviendo los tiempos de un imperio violento dominado por los criminales que están sustituyendo al gobierno.
Y si el problema se mira desde otra parte, se nota que el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha adueñado de gran parte de los 10 estados mencionados, donde sus sicarios no tienen que soltar plomo para combatir a los compinches de otras organizaciones delincuenciales.
Aparte de la caída de 25% en el ingreso de los que menos tienen, la comida, para todos, registra un incremento del diez por ciento.
