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>> La presidenta dijo que se investigue a todos quienes recibieron algún tipo de soborno de “El Mayo” Zambada
Carlos Lara Moreno/ AMEXI
Ciudad de México, 27 de agosto (AMEXI/entresemana.mx). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su respaldo a que se investigue a funcionarios públicos y actores políticos que presuntamente recibieron sobornos del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa.
En la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, la mandataria federal subrayó que cualquier acto de corrupción, especialmente en el ámbito de la seguridad, debe ser esclarecido y sancionado conforme a la ley.
“Por supuesto estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena”, afirmó Sheinbaum ante los medios.
Las declaraciones de la presidenta se producen tras la audiencia celebrada en la Corte Federal de Nueva York, donde “El Mayo” Zambada admitió haber pagado sobornos durante más de cinco décadas a autoridades mexicanas —incluidos mandos militares, policías y políticos— para garantizar la protección de las operaciones del cártel.
Aunque el capo no reveló nombres ni presentó pruebas, su confesión revive el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado.
¿Qué es indispensable para que avancen investigaciones?
Sheinbaum reiteró que, para que las investigaciones avancen, es indispensable que se presenten denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tendría que haber una denuncia en particular”, insistió la presidenta, al tiempo que llamó a los medios de comunicación y a la sociedad civil a contribuir con información verificable.
¿Qué aclara titular de la SSPC?
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch aclaró que la cifra de 15 mil millones de dólares mencionada por autoridades estadounidenses como parte del pago que Zambada tendría que cubrir no está relacionada con investigaciones en México, sino que se trata de un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
