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SOFÍA CARVAJAL
La democracia mexicana enfrenta una crisis silenciosa pero profunda, marcada por la creciente judicialización de la política.
Este fenómeno no implica únicamente el uso del aparato judicial para resolver controversias, sino su transformación en herramienta de persecución selectiva, empleada para debilitar, desacreditar o anular a adversarios políticos. El caso más reciente y emblemático es el del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, víctima de un proceso judicial que evidencia los rasgos autoritarios de esta estrategia.
Persecución judicial y falta de garantías
El 30 de julio de 2025, la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó por segunda vez el desafuero de Moreno, acusándolo de peculado por un supuesto desvío de 83.5 millones de pesos. Sin embargo, la acusación ya había sido anulada judicialmente mediante una sentencia de amparo definitiva, lo que convierte el nuevo intento en una violación al principio de cosa juzgada y en una señal de uso político del Ministerio Público local.
Moreno ha denunciado que estas acciones se enmarcan en una estrategia de persecución sistemática promovida por Morena, que utiliza fiscalías estatales como instrumentos de castigo político. Señala que cada vez que su partido se opone a las reformas estructurales del oficialismo —como el llamado “Plan C” o la reforma judicial que politiza la elección de jueces— se activan procesos judiciales en su contra sin sustento probatorio ni garantías procesales.
Contraataque legal: denuncias por impunidad y crimen organizado
En respuesta, los días 30 y 31 de julio, Alejandro Moreno interpuso ante la Fiscalía General de la República denuncias penales contra figuras clave del oficialismo:
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República, acusado de proteger redes criminales durante su mandato.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario, señalado como presunto operador de una red de “huachicoleo fiscal” vinculada al proyecto del Tren Maya.
Mario Delgado, exdirigente de Morena, vinculado con actos de corrupción relacionados al huachicol.
Cinco gobernadores en funciones: Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Layda Sansores (Campeche), Marina del Pilar Ávila (Baja California).
Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, por su presunta protección a Hernán Bermudez Requena, exsecretario de seguridad pública del Estado de Tabasco, prófugo de la justicia, ya señalado por interligencia militar desde el 2019 por sus vínculos con el crimen organizado.
Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la CFE, denunciado por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar, ocurrido en 1985.
Moreno anunció que presentará pruebas ante la DEA, el FBI y la Corte Penal Internacional, entre otros, ante la inacción deliberada del sistema de justicia mexicano.
Un sistema de justicia capturado
La respuesta institucional ante estas denuncias ha sido el silencio. Mientras que el caso de desafuero contra Moreno ha sido ventilado mediáticamente y procesado con celeridad, las acusaciones que él interpone con valentía contra los actores vinculados al poder no han provocado investigación alguna visible, lo que confirma un patrón de justicia selectiva y falta de transparencia.
Paralelamente, organismos como el INAI permanecen inoperantes, las fiscalías operan sin auditoría ciudadana y la reciente reforma para elegir jueces por voto popular eliminó por completo el principio de independencia judicial, al someter a jueces y magistrados a lógicas electorales, clientelares y partidistas.
El caso de Alejandro Moreno no debe analizarse como un enfrentamiento partidista, sino como un indicador estructural de regresión democrática. Defender sus garantías procesales no significa defender impunidad, sino reivindicar el Estado de derecho frente al uso faccioso de la justicia. La persecución judicial contra la oposición, combinada con la impunidad de los aliados del régimen, dibuja el perfil de una democracia degradada, donde la ley se ha convertido en un instrumento de poder.
Si la justicia actúa solo contra los críticos del sistema y no contra quienes lo capturan, la legalidad deja de ser universal para volverse opresiva. Y en ese escenario, la democracia no solo se debilita: se disuelve desde adentro.
*Secretaría de Asuntos Internacionales del PRI y Secretaria Ejecutiva de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe)
**Artículo publicado en El Sol de México, edición del sábado 2 de agosto de 2025
