CARLOS LEÓN CASTILLO SÁNCHEZ
El primero de Junio, se llevaran al cabo las primeras elecciones para renovar el Poder Judicial: para los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que en su lugar se elijan solo nueve. En el caso de los magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, serán renovados de forma escalonada, la primera mitad en junio y la otra en 2027. Después de un sinnúmero de obstáculos que se pusieron para que esta elección no se llevara al cabo por parte del mismo Poder Judicial, -y de otros poderes fácticos-, las campañas de los candidatos ya comenzaron.
Un poco de historia
La Constitución de 1824 estableció el procedimiento mediante el cual los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueran designados por un sistema en el cual la elección era responsabilidad, más de las legislaturas de los estados, que del Congreso de la Unión. En este caso, el Presidente de la República única y exclusivamente se concretaba en tomar protesta a los ministros designados. Por su parte, la Constitución de 1857 estableció la elección popular como procedimiento para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el periodo de la dictadura de Porfirio Díaz, el Poder Judicial Federal, al igual que el resto de las instituciones, también sucumbió al poder central y arbitrario del Presidente de la República. Ante el fantasma del porfiriato, la Constitución de 1917 quiso desterrar toda forma de intervención del Ejecutivo Federal en el nombramiento de los ministros de la corte y delegó a las Legislaturas locales la facultad de proponer al congreso los candidatos a presidir el más alto tribunal del país. El Congreso de la Unión, erigido en colegio electoral, con un quórum de las dos terceras partes del número total de los integrantes de ambas cámaras, decidía los nombramientos de los ministros, mediante votación secreta y por mayoría absoluta. Durante el gobierno de Álvaro Obregón se cambió al sistema vigente hasta la actualidad. Desde entonces, el Presidente de la República, tenía la facultad de proponer a los ministros, correspondiendo al Senado, designar de entre los propuestos por el Ejecutivo Federal. Durante las siete décadas de gobiernos posrevolucionarios, el Ejecutivo Federal designó como ministros a personas que se adaptaron a las reglas de ejercicio del poder, del régimen de partido de Estado. De esta manera, el Poder Judicial de la Federación, con frecuencia, actuó como legitimador del grupo en el poder, ajustando sus decisiones jurisdiccionales a los intereses de partido gobernante.
La Reforma Judicial de Zedillo
Durante su mandato el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León propuso una Reforma Judicial. Entre las medidas propuestas fue reducir de 26 a 11 ministros de la Suprema Corte y que los que estaban en funciones serían jubilados anticipadamente y se diera paso a una elección de nuevos ministros. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como instancia encargada de la administración y vigilancia de los tribunales federales y se rediseñó la estructura y atribuciones de la SCJN para convertirla en un órgano más compacto e influyente, dedicado a la resolución de asuntos que involucraban la interpretación de la Constitución Federal. La reforma de Zedillo también dio pie a la creación de una nueva acción legal para cuestionar la constitucionalidad de una ley federal o estatal, así se pasó de los “amparos contra leyes” a las “acciones de inconstitucionalidad” mediante las cuales se plantean posibles contradicciones entra una norma de carácter general y la Constitución. El proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular con modificaciones aprobadas, el 18 de diciembre de 1994 en el Senado. Cabe menciona que el PRD -de entonces- abandonó el salón de plenos antes de la votación.
La Reforma Judicial del López Obrador
Después de discusiones, críticas y protestas, el Senado de la República aprobó la Reforma Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que consiguió el aval en 17 congresos locales. Con 86 votos a favor y 41 en contra, senadores aprobaron la Reforma Judicial, que establece la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular, así como reducir de 11 a nueve los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, y también incluir a los ‘jueces sin rostro’, quienes impartirán justicia de manera anónima en casos de delincuencia organizada para garantizar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.
¿Por qué cambiar al poder judicial? Algunos Ejemplos:
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada en marzo de 2021. Así también, otras reformas fueron obstaculizadas, como la reforma político-electoral; El Plan B de la reforma electoral y el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA.
“En los últimos tres años, el sistema judicial mexicano ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de diversas organizaciones criminales. Entre enero de 2022 y enero de 2025, se han dictado sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como modificaciones en medidas cautelares a personas vinculadas con delitos graves como narcotráfico, secuestro y tortura”. (los reporteros.mx 3/03/25)
Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su mañanera del pueblo aseguró que los cuatro ejes de su estrategia de seguridad seguirán dando resultados, pues ya se ha incautado una importante cantidad de droga, además, se han hecho detenciones. Sin embargo, dijo que la seguridad debe darse con un trabajo de coordinación entre todos los sectores del Estado Mexicano. Por ello, exhortó a los jueces a “hacer su parte” y dejar de liberar a los delincuentes que se aprehenden. “También los jueces tienen que hacer su parte, ya se va a hacer la elección (…) y la coordinación también tiene que ver con que los jueces hagan su parte ¿Cómo es posible las liberaciones que están haciendo? Es de no creerse”, señaló.
Tenemos estos y otros ejemplos del por qué hay que hacer un cambio en el poder judicial, además sabemos, -en su mayoría- se privilegia a quien tiene poder y/o dinero, miles de personas siguen detenidas después de años, sin que tengan sentencia. nepotismo, corrupción es sinónimo de jueces y magistrados en la mente de muchos mexicanos y muchos otros los han padecido en carne propia. Desde que se comenzó a hablar de la Reforma Judicial hubo muchos que estuvieron en desacuerdo, dentro del mismo Poder Judicial y fuera de él, y a pesar de que ya está próxima la fecha para que se de la elección, todavía hay quienes buscan desacreditarla y diferentes medios de comunicación buscan desalentar la votación. Los ojos del mundo están puestos en la próxima elección y sus repercusiones. Hay que recordar que en otros países el poder judicial se ha utilizado también para desestabilizar a gobiernos -elegidos democráticamente- que se han opuesto a los intereses del gran capital.
En México hay varios proyectos pendientes a Reformas Constitucionales, también siguen las revisiones a las concesiones de agua, y más adelante -seguramente- vendrán también esas revisiones a concesiones mineras. Hay muchos intereses nacionales y sobre todo extranjeros y ya no tendrán el apoyo de los jueces, magistrados y ministros que han detenido diferentes reformas y avalado otras a su favor.
La Consejera Jurídica de la Presidencia de México, Ernestina Godoy ha comentado como “La utilización abusiva e ilegal de instancias judiciales nacionales e internacionales contra gobiernos legítimamente constituidos es una táctica conocida en inglés como Lawfare, que traducido al español significa algo como “guerra jurídica” o “acoso judicial”.
La inercia antidemocrática de esa derecha golpista se mostró en Ecuador contra el presidente Rafael Correa, en Argentina contra la presidenta Cristina Fernández, en Brasil contra el presidente Lula Da Silva, en Bolivia contra el presidente Evo Morales y en Perú contra el presidente Pedro Castillo quienes enfrentaron amañados recursos jurídicos que los sacaron a la mala del poder legítimo o de competir por él.
Si bien el problema de impartición de la justicia también depende de las fiscalías, policías, de los servicios periciales, de los jueces y del sistema penitenciario, la elección que viene el próximo primero de junio es un primer paso muy importante.
Hay que conocer quiénes son los candidatos, el INE, en su plataforma ya cuenta con la mayoría de los currículums y propuestas. Hay diferentes periodistas que están evidenciando sus antecedentes, conductas y diversas relaciones. Es nuestra responsabilidad saber quiénes son, -para elegir bien-, y que como dice un refrán: no nos den “gato por liebre”.