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ROBERTO VIZCAÍNO
El domingo 1 de junio habrá elecciones en 212 ayuntamientos de Veracruz y 35 en Durango.
En el proceso de Veracruz – estado con un PIB anual según el INEGI de $1,067,881 millones de pesos, es decir 4.3% del PIB nacional; con 8’062,579 habitantes (es el cuarto estado más poblado de México); con Lista Nominal, de 6’088,445 electores, el tercer estado en número de votos sólo atrás del Estado de México y la CDMX; con 78,815 kilómetros cuadrados, que representan el 3.7% de la superficie del país-, las amenazas y agresiones del narco han comenzado a crear el estado de violencia, y ya han comienzan a provocar bajas de pre-candidatos.
Los primeros en denunciarlo son los diputados del PRI comandados por el exgobernador coahuilense Rubén Moreira y la diputada veracruzana Lorena Piñón, junto a una decena más de legisladores.
Advierten:
“Estos comienzan a ser comicios conducidos y tutelados por el crimen y el narco… en beneficio de Morena…”
Por eso, agregan, “exigimos Protocolos estatales de protección para todos nuestros candidatos y candidatas hoy ya en riesgo en este estado”.
Indican que en las elecciones de 2024 la violencia política en México alcanzó niveles críticos que amenazaron directamente la integridad del proceso democrático.
Hoy, dicen, ya se vuelve a vivir el mismo método: ya comenzaron las amenazas, difamación, acoso, violencia y ataques en el entorno familiar de los aspirantes, en especial de las candidatas que ocupan la mitad de 1,458 cargos en juego.
Consideran que establecer el protocolo de seguridad para todos los candidatos dentro de este proceso en Veracruz, es responsabilidad directa de la gobernadora Rocío Nahle -militante de Morena- y del titular de Seguridad Omar García Harfuch, así como de la secretaria de Gobernación Federal Rosa Icela Rodríguez.
Los priístas indican que el protocolo de protección electoral requiere de establecer un sistema de alerta temprana con un botón de pánico, que identifique riegos, amenazas, y movimientos inusuales de grupos criminales en zonas municipales.
Y con un mapa de zonas de alto riesgo, con registro de antecedentes de violencia política con monitoreo de amenazas, así como con un aumento de elementos de la Guardia Nacional hasta la toma de posesión.
La alerta, indican los tricolores, no debe acabar en junio luego de las elecciones, sino que debe continuar en el periodo postelectoral municipal que es particularmente vulnerable ante ataques contra candidatos ganadores antes de asumir los cargos, por lo que el protocolo debe extenderse hasta seis meses después de la toma de posesión.
Saben Moreira, Piñón y los demás diputados del PRI que denunciar y exigir protección a candidatos en Veracruz a la gobernadora de Morena y al titular de Seguridad del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum podría caer en el espacio de la “ingenuidad” porque la percepción y los hechos indican que justamente la operación electoral del narco y la delincuencia es a favor de los candidatos del oficialismo.
Por ello, indican, el presidente del PRI, el senador Alejandro Alito Moreno, que también ocupa la presidencia de COPPPAL y es parte de la Internacional Socialista, ha acudido a estas instancias políticas internacionales para promover una observación electoral que sea un freno a esta actuación electoral de los delincuentes en México.
“… hemos tenido observadores internacionales que han reportado esto (la intervención del narco y el crimen en los procesos electorales)… pero también cuenta que tenemos enfrente un gobierno que no ve, no quiere oír nada. Tendremos que trabajar todos para que en los próximos comicios ya no les demos esa ventaja, que además en la buena parte se la apropiaron…”, subraya Moreira.
La denuncia y la alarma están presentadas.
El proceso electoral de Veracruz -un estado con tanta riqueza y población que podría ser un país más importante que cualquiera de los centroamericanos- ya comienza a ser el blanco de este embate, ¿en beneficio de Morena? ¿una narco-elección más?
ENCUENTRO SENADORES-MAQUILADORES
La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, presidida por el senador de Morena Juan Carlos Loera se reunió con representantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación para analizar el momento que viven la producción las exportaciones en México.
Se habló de las previsiones y consideraciones asumidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y del papel que debe asumir el Senado en este momento de amenazas de aranceles del gobierno de EU.
Se dejí en claro la importancia que tiene la industria maquiladora cuya expansión ofrece grandes beneficios de entrada para la frontera México-EU.
El encuentro se dio justo el día en que se aprueba la reforma constitucional en materia de simplificación de trámites administrativos, por lo que se abre una nueva etapa que seguramente impactará de manera positiva a la actividad industrial.
Invitado al encuentro, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, señaló la importancia de Index para el desarrollo nacional y reconoció la necesidad de enfocar los esfuerzos en los estados fronterizos, ante el contexto que vive nuestro país.
Por su parte, el presidente de Index, Humberto Martínez Cantú, reconoció que Donald Trump está colocando obstáculos para una industria manufacturera fuerte y con crecimiento estable.
“En nuestro caso cubrimos el 60 por ciento de las exportaciones del país en sectores como transporte, dispositivos médicos, agroindustria y maquinaria”, apuntó.
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