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SARA LOVERA*
SemMéxico, Ciudad de México. Demanda histórica de las mujeres ha sido su derecho a saber, a conocer, tanto como la libertad de expresión. Sujetas, aisladas, sin información trabajaron más de 100 años por su ciudadanía y demandaron su derecho a estar informadas. De las últimas décadas sostuvieron que la rendición de cuentas era también su derecho, contra toda opacidad gubernamental. En asuntos tan vitales como la violencia machista, el dinero para ellas y su desarrollo.
Economistas feministas de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo AWID, una organización internacional creada para brindar apoyo a los movimientos que trabajan para lograr la justicia de género, cuyo eje sustantivo, desde hace 42 años, es vigilar y preguntar a los gobiernos ¿dónde está el dinero para las mujeres? Con análisis e investigaciones ha esclarecido el estado del financiamiento para la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo.
Ahí están asociadas las mexicanas, desde ahí promovieron la creación de mecanismos de rendición de cuentas independientes, sostenibles y transparentes, para saber e interpelar, en su caso, a gobiernos y donantes internacionales quienes desde 1979, se comprometieron a trabajar e invertir en la igualdad, la ciudadanía completa, la no discriminación y la eliminación de la violencia machista.
Por eso es que importa a las mujeres y preocupa la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se concentrará en el ejecutivo, que hará de juez y parte, contraviniendo a la Constitución, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y a las recientes reformas sobre igualdad sustantiva. El decreto minimizar el derecho a saber, de toda la población, 50 por ciento mujeres, condenándonos nuevamente al silencio milenario.
Es tan grave como la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, cuyas funciones, se acordó en la Cámara de Diputados, las hará Inegi. Como si fuera lo mismo la estadística y la evaluación.
México firmó, con 189 gobiernos del mundo la obligación de rendir cuentas y promover la transparencia, lo que hoy, según el PNUD, son vitales para la ejecución eficaz de los compromisos con la igualdad de género, esos que convalidó el gobierno de AMLO durante el foro Generación Igualdad, del que fue co-patrocinador.
La decisión parece esquizofrénica. Por una parte, se enarbola una decisión política por la igualdad entre hombres y mujeres, empujada para que sea real o sustantiva y ahora resulta que como en el siglo XVIII, según testimonios de la rebelión de las monjas, hay que impedir a las mujeres el conocimiento y, de paso, callarlas.
Según la experticia el acceso a la información dota a las mujeres de mecanismos para proteger sus derechos, reclamarlos y hacerlos efectivos. Vía el INAI, hasta ahora, como toda la ciudadanía, contaban con las herramientas para obtener información para ejercerlos a plenitud.
En México el derecho a la información fue introducido en la Constitución a través de una reforma por adición al artículo 6o. publicada en DOF el 6 de diciembre de 1977, entonces se le pensó para que los medios de comunicación a informaran bien a las y los mexicanos.
Se perfeccionó al crearse la ley y el INAI y la creación de CONEVAL, fue razonada para contar con mapas y evaluaciones sustantivas sobre la política social que permitiera identificar, entre otras cosas, la eficacia de las medidas para reducir la violencia contra las mujeres, su acceso a la salud y delinear rutas de oportunidades para su desarrollo. Es un desatino, irreflexivo y antidemocrático, acciones generadoras de un daño fatal. Veremos.
*Periodista, Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo http//www//semmexico.mx
