ANÁLISIS A FONDO/ ¿Solucionado el conflicto?

>> Por razones inconfesables, renuncian los ocho ministros

>> Lo hacen porque así lo establece la reforma al Poder Judicial

FRANCISCO GÓMEZ MAZA 

A unos cuantos párrafos de concluir esta columna, en la que se cuestiona el papel que han desempeñado ocho ministros de la Corte en este affaire de contradicciones por el rechazo a la reforma constitucional, que pone a disposición popular la elección de los juzgadores, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que recibió ya las renuncias de los ocho ministros inconformes, incluyendo la de la ministra Norma Piña Hernández, por lo que estos juzgadores también declinan a participar en las elecciones de junio de 2025. Sólo tres ministras levantaron la mano para ser candidatas con el fin de buscar el cargo nuevamente: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Los renunciantes son: Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat.

En los documentos que hicieron llegar, los ministros expresan que renuncian al cargo porque así lo establece la reforma al Poder Judicial y que será efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, pues de esta forma tendrán acceso a su haber de retiro. Sin embargo, la magistrada Margarita Ríos Farjat rechazó este retiro, pues dijo que quiere mantener su espacio de dignidad y libertad personal y aseveró que regresará el dinero a la Tesorería de la Federación, pero antes intentará donarlo. “Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”, mencionó en su escrito.

La reforma al Poder Judicial establece que los ministros que no busquen competir en las elecciones de 2025 deberán renunciar a su cargo con efecto para agosto de ese año. El artículo transitorio séptimo señala que los ministros de la Corte que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo a más tardar el 30 de octubre.  Es por esta razón que los ocho ministros opositores han presentado ya su renuncia. Por el interés de no perder su muy atractivo haber de retiro.

Hasta ahora no volvió a saberse nada del proyecto de contrarreforma del ministro Luis González Alcántara Carrancá, intenso activista del conservadurismo, quien había declarado su oposición a la reforma hecha por el Poder Legislativo, que ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación, como lo ordena la ley y por tanto era inimpugnable. No se volvió a saber nada del ministro que elaboró una ponencia muy crítica a la reforma constitucional.

Los opositores de la derecha, los ministros miembros de la oposición de derecha, con su guía Claudio X. González hijo, intentaban mantener el estado de cosas en el que se desempeña el poder judicial, por lo que Alcántara Carrancá elaboró su ponencia cuando es muy claro que una reforma constitucional es inimpugnable El ex ministro Diego Valadés, connotado miembro del plantel de la UNAN, lo dijo en su momento. Aprobada la reforma por el poder Legislativo y publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, ya no puede hacerse nada y menos por el Poder Judicial, que está impedido constitucionalmente de legislar, como lo intentaba hacer el ministro Carrancá.

Los ministros estaban tergiversando, a su favor y a favor de los partidos y grupos conservadores, la Constitución y las leyes, Alcántara Carrancá estaba asumiendo el rol de legislador, al enmendarle la plana al Poder Legislativo, sin tener ningún derecho de hacerlo, ya que los ministros no son legisladores. Desde el primer año de la carrera de Derecho se sabe que toda Constitución Política, toda Carta Magna de un Estado democrático es inimpugnable. Y Alcántara Carrancá, junto con los otros siete ministros, estaban violando la Constitución y la ley.

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