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*Lejos de cantar victoria por el sobreseimiento de su caso, ni el jefe del Grupo Universidad como tampoco los exrectores, Humberto Veras y Adolfo Pontigo, con sus suspensiones provisionales, se podrán decir a salvo del brazo de la justicia; la Presidenta de la República ha puesto en tela de juicio la inocencia Sosa Castelán y siguen en pie las órdenes de aprehensión contra los exrectores por presunta malversación de los recursos de la UAEH, sin contar con la ilegal inversión de 3 mil millones de pesos de los fondos destinados al pago de pensiones a jubilados de la máxima casa de estudios del Estado
ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ/ @ortigoza2010
Pachuca, Hidalgo/ Especial de Expediente Ultra. Apenas empezaban a disfrutar de sus vueltas en el carrusel de la impunidad, cuando a Gerardo Sosa Castelán y sus compinches se les acabo el veinte…
Dos hechos los bajaron del Tiovivo para situarlos en su inexorable realidad: el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, pidiendo analizar a detalle la dudosa exoneración del capo de la “Sosa Nostra”; y los amparos que llevan en el bolsillo los ex rectores, Humberto Veras Godoy –actual regidor del PT en el ayuntamiento de Pachuca–; y Adolfo Pontigo Loyola, para evitar ser llevados a la justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, contra el patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por 132 millones de pesos.
Dicha acusación les pisa los talones desde el 2019, cuando el entonces encargado del despacho de la Procuraduría del Estado, Santiago Nieto, destapó la Caja de Pandora que tiene contra las cuerdas a “distinguidos” miembros del Grupo Universidad, que han terminado por balconearse solitos en el jineteo de los fondos de la Máxima Casa de Estudios, al exigir al banco HSBC la devolución de una inversión nada menos que de 3 mil millones de pesos, cuyos recursos fueron tomados de manera ilegal e indebida del Fondo de Pensiones del personal universitario ya jubilado.
Los hampones del Grupo Universidad tienen demandada a la institución bancaria por 400 millones de pesos de intereses, amén de la devolución de los 3 mil millones, pues alegan que el banco solo les quiere pagar el 4 y no el 8 por ciento de intereses. Además, exigen se les pague el dinero, que no es suyo, en dólares y no en pesos mexicanos. Exigentes los “angelitos”, ¡qué caray¡
La acción, por donde se le vea, implica una indebida e irresponsable usura pocas veces vista en las universidades públicas del país, pues según las propias palabras de los mafiosos, la UAEH está siendo privada por HSBC de los recursos para el pago de pensiones de las y los trabajadores.
¿Será acaso que los directamente afectados iban a recibir dividendos de los 400 millones de intereses? Por supuesto que no.
A Gerardo Sosa, se le detuvo en agosto del 2019, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); le detectó una triangulación a todas luces ilícita, de los recursos universitarios en bancos del extranjero. Movimientos también ilegales por implicar un manejo indebido de dinero público, pues como hemos comentado en anteriores entregadas en este espacio, la UAEH recibe lo mismo recursos federales que estatales para su funcionamiento.
En los expedientes integrados por las autoridades competentes, existen pruebas fehacientes de la opacidad y el manejo discrecional de fondos públicos recabados de los impuestos de todos los contribuyentes y que además de haber ido a parar a bancos del exterior han sido triangulados, presuntamente, en empresas fachada como “Contabilidad Siglo XXI”, que sin empleados han sido empleadas por los Sosa Castelán y su pandilla de rufianes para trasferir recursos.
¿Qué empresario serio o contador imberbe se traga el cuento de que la firma en cuestión es una empresa seria, dedicada a una actividad lícita?
No obstante arrastrar una cola más que la de un Dinosaurio, Gerardo Sosa y sus lugartenientes, decidieron en reciente fecha, ignorar la demanda de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), emitida en contra de la UAEH a consecuencia de las agresiones sufridas por estudiantes del Instituto de Ciencias a manos de porros de la “Sosa Nostra”, que violaron su derecho de libre expresión, en septiembre del pasado año.
La actitud soberbia, como todos sabemos, no paró ahí pues los “porros” de grado académico, decidieron demandar a su titular, Ana Karen Parra, porque a su decir violó los tiempos legales dando a conocer la información en los medios.
Los hidalguenses deben saber que los amparos otorgados a los ex rectores, los libran por el momento de no ser detenidos e ir a la cárcel, pero no los eximen de las órdenes de aprehensión que ya fueron giradas en su contra. O sea que les están dando solo un recurso provisional que no anula los delitos de que se les acusa. Presumirlo ante los medios y traerlo en el bolsillo no implica inocencia a su favor.
Y ahora que la Presidenta ha abierto la puerta a que se analice el sospechoso sobreseimiento del caso del capo que sigue manteniendo secuestrada a la UAEH, se le acabó su veinte y se le termina además el tiempo a toda la mafia universitaria, a la que solo le ha faltado jugar a los volados con los fondos de los jubilados, tomando dinero que no es suyo para beneficiarse de una ilegal usura. Tranza confesada públicamente por ellos mismos, que conste.
Los delitos son evidentes y su prepotente actitud de ignorar la recomendación de la CDHEH, anuncia su principio del fin… Por cierto, Damián (el hermano incómodo) anda por los mismos pasos.
