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JUAN CHÁVEZ
Hay que decirlo, porque es preocupante, hasta el punto que un columnista coahuilense incriminó que a la justicia en México se la llevó la chingada.
Textualmente, Catón (Armando Fuentes Aguirre) escribió: “En México la justicia ya se chingó. Infinitas disculpas pido a mis cuatro lectores por el exabrupto, pero me salió del alma, como suele decirse para justificar unas palabras que no se pueden contener y se desbordan”.
La columna de Catón “De política y cosas peores” se pública en 30 diarios del país.
La desaparición de la actual judicialización del país, ya fue sustituida por la reforma judicial que promovió AMLO y secundó la presidenta Sheinbaum.
Esa reforma suscita la elección de jueces, magistrados y ministros por votación popular y ya está en operación, sin que se hayan promulgado las leyes secundarias de los cambios constitucionales.
La barbaridad que Noroña armó en el Senado para empezar a cumplir la reforma judicial sería motivo de irrisión y mofa de no ser porque resulta trágica.
Verdadera infamia es decidir en un sorteo el destino -vale decir la vida- de más de dos mil juzgadores y juzgadoras cuya trayectoria, de varias décadas en muchos casos, se ve truncada en una rifa propia de garito.
La perversa reforma judicial iniciada por AMLO y llevada a efecto por su continuadora y personera no sólo desprestigia a México: le causa grave daño y lo pone en el camino de la tiranía. Ciertamente la actual judicatura tiene defectos, pero es susceptible de ser mejorada. Con el nuevo sistema la impartición de la justicia caerá en manos de gente escogida prácticamente al azar a la que se le pide requisitos mínimos para alcanzar un cargo cuya obtención ha exigido estudios y experiencia demostrados en arduos exámenes a los que se someten los aspirantes, todos de carrera en el foro.
Ningún cambio se ve en la nueva Presidencia de la República, que a pocos días de comenzada exhibe ya parecido autoritarismo, igual cerrazón, semejante agresividad y las mismas imposiciones del que parece ausente pero sigue presente.
Lo peor es que el destino de la justicia será el destino de México. No es que estemos al borde del abismo: es que ya caímos en él.
Ahora, hemos caído en la preocupación que crece como la humedad en las comunidades gubernamentales, empresariales y financieras internacionales por la reforma al Poder Judicial en México.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, declaró en Washington que “hay muchos desafíos muy, muy importantes entre nosotros y queremos poder mirarnos a los ojos y entender dónde exactamente está la administración de Sheinbaum y comprender cómo se verán los parámetros de nuestro trabajo conjunto”.
En informe entregado a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, establece que la reforma “contiene elementos suficientes para concluir que México está sufriendo una seria deriva autoritaria que pone en riesgo las instituciones de la democracia y del Estado de Derecho, así como respeto a los derechos humanos”.
Un reporte del Fondo Monetario Internacional señala que los cambios constitucionales realizados crean “importantes incertidumbres sobre la eficacia del cumplimiento de los contratos y la caída del Estado de Derecho”.
El documento pronostica que el renacimiento de nuestro país se ralentizará hasta en un 1.5 por ciento este año, argumentando limitaciones de capacidad económica.
En el puente internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, bloquearon su ingreso como protesta a la reforma aprobada y la reunión con dirigentes empresariales en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum se tornó conflictiva cuando los empleados judiciales que protestaban intentaron ingresar al inmueble y señalaban que “no queremos ser la nueva Venezuela, por eso gritamos hasta que les duela”.
Un gran sector de la sociedad está convulsionado por la reforma, mientras que en el Poder Legislativo juegan “a las pelotitas” y dejan al azar el futuro de la estructura básica del Poder Judicial.
Y aunque las voces de advertencia surgen de todos los rincones, instituciones, organismos y países, aquí se dice “todo va a estar bien, vamos a estar mejor”.
El lunes Claudia Sheinbaum al enviar un mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros, les dijo que “nada tienen que temer… que sepan que la reforma judicial fortalece al Estado de Derecho en México, que sus inversiones están seguras en nuestro país. Ninguna empresa de Estados Unidos u otro país tienen por qué temer a la reforma judicial, al contrario”.
Sin embargo, “al contrario” son otros puntos de vista, como lo señaló en un editorial el diario Washington Post, donde reiteró que “lo que está en juego son la independencia judicial y el Estado de Derecho en un país que ha conocido demasiado poco de ambas cosas a lo largo de su historia”. Y agrega tajantemente, que el riesgo más grave de este proceso es que “también podría frenar la integración económica de Norteamérica”.
Sheinbaum ha minimizado las críticas, pese a que las señales no son promisorias. El lunes mismo, el Fondo Monetario Internacional advirtió “efectos imprevistos” en la economía por las reformas, que podrían afectar la producción, al anunciar un ajuste a la baja en la tasa de crecimiento de México para este año, de 2.2% a 1.5%, que coincide con las estimaciones de todos los organismos internacionales y bancos.
Por lo contradictorio, el discurso de la presidenta no incluye una reflexión sobre el estado de la economía, y mantiene la misma línea discursiva de su antecesor, reforzando el carácter ideológico y nacionalista del proyecto de la cuarta transformación. Algo peor que el neoliberalismo que fue bandera del obradorato.
