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YANETH ANGÉLICA TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. Resulta incomprensible, que después de un pasado de represión ciudadana y de sentencias internacionales por violaciones a derechos humanos, cometidas por militares y que aún no se terminan de cumplimentar, Andrés Manuel López Obrador junto con la mayoría del Congreso de la Unión decidieran modificar la Constitución para otorgarle a la SEDENA facultades permanentes de seguridad pública.
Bajo el pretexto, de que el Estado se encuentra en una situación de urgencia en el combate frontal a la delincuencia, en especial, por el crimen organizado, en específico por el narcotráfico y el huachicoleo.
Argumento que no resulta válido, dado que el gobierno saliente y encabezado por AMLO, desde su inicio opto por la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” en el combate al narcotráfico. De ahí que, su administración haya registrado una cifra récord de al menos 193 mil 612 homicidios, convirtiéndolo en el sexenio más violento de la historia en México.*
Esto, sin olvidar la poca empatía hacia la ciudadanía sinaloense, pues desde hace un par de semanas, la entidad se encuentra sitiada por los enfrentamientos entre la fracción de Los Chapitos y la gente de Ismael Zambada, situación que ha sido minimizada y calificada de oportunismo político.
En donde, las fuerzas armadas han sido instruidas para no intervenir, disposición que valida la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que la misma ha refrendado su compromiso de abrazos, no balazos.
Si bien, la inseguridad que hoy en día se registra se debe a varios factores, lo cierto es que, las estrategias de seguridad pública implementadas hasta ahora, explican los límites de su efectividad, la evidente inestabilidad y la falta de voluntad política para hacer frente al crimen organizado, lo que ha provocado que la delincuencia organizada haya permeado en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, en especial, en las policías y el ejército.
De ahí que, algunos agentes de seguridad y líderes criminales han sugerido acuerdos de coexistencia entre algunos comandantes militares y organizaciones ilegales que han permitido a los grupos criminales obtener ganancias y ampliar su control sobre las comunidades.
Por ello, el doble discurso que maneja el gobierno federal resulta incongruente e insuficiente por sí mismo frente a los riesgos que la militarización acarrea para el respeto y garantía de los derechos humanos bajo una perspectiva integral de seguridad humana, incluso si la formulación de la estrategia de seguridad pública se mantuviera en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esta situación, impide evaluar si existen las condiciones o modalidades que permitan establecer que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida, o en su caso si cumple con los estándares constitucionales e internacionales.
La imposición de las fuerzas como modelo de seguridad pública, es una incorrecta estrategia que deja en la indefensión a la ciudadanía y la posiciona en un estado de guerra no dictada en donde las víctimas son la población civil.
Pero, además, se pone en riesgo las obligaciones internacionales respecto a los estándares interamericanos que disponen que, por regla general, el orden público interno y la seguridad ciudadana están primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles.
Es por ello por lo que, la titular del Ejecutivo Federal debe tomar en cuenta que, con la implementación de la militarización de la seguridad pública, no logrará disminuir la inseguridad en el país. Por el contrario, propiciará que las autoridades se deslinden de sus responsabilidades acusando de todo mal y de todo crimen, a la delincuencia organizada o al narcotráfico.
América Latina y en especial México nos ha mostrado que la mayoría de los despliegues militares han culminado en la imposición de regímenes militares, cuyos resultados han sido: violaciones sistemáticas a los derechos humanos en contra de la población civil, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, generación de pánico en la sociedad y la criminalización de la protesta social; todos estos crímenes documentados.
México no se puede permitir políticas duras que promuevan el retroceso de derechos humanos bajo la idea de lucha contra el crimen.
