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JUAN CHÁVEZ.
Engañó vilmente a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a los que ofreció llegar a la verdad y ayer, al cumplirse 10 años de su desaparición, ante los nulos resultados reales, miles de manifestantes lo acusaron de ser “cómplice del caso Ayotzinapa”.
El presidente López Obrador “pasará como cómplice de aquellas personas que desaparecieron a nuestros hijos”, imputó Hilda Legudeño, madre de Antonio Tizapq, uno de los estudiantes desaparecidos, a la vez que pidió el regreso de los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados pero solo se han localizado restos de tres de ellos.
Una de las conclusiones del espinoso caso, presume la participación de elementos del Ejército, al lado de los sicarios de Guerreros Unidos y tal presunción opacó la acción del presidente saliente, que dio todas sus preferencias al Instituto Armado y no admitió que lo acusaran de algo.
Fue la situación del general Cienfuegos, detenido en Estados Unidos presuntamente acusado de nexos con el narco, pero lo salvó en una lucha diplomática sin par, encabezada por Marceo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores.
Después de una década de buscar y no encontrar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, miles de personas acompañaron a sus familias ayer en la Ciudad de México para exigir verdad y justicia, no solo para sus hijos sino para los más de 115,000 desaparecidos que tiene el país.
Al caer la noche y a pesar de que las autoridades bloquearon parcialmente el acceso al Zócalo con piezas de concreto, los padres y madres se plantaron en la plaza, bajo la lluvia, con el Palacio Nacional a sus espaldas y las fotos de sus hijos en el pecho.
“Gracias por esa “solidaridad”, expresó Mario González, el padre que tomó la palabra en la plaza entre el grito colectivo de “no están solos”.
“Este gobierno da vergüenza, no sé qué miedo tenía de que la marcha llegara al Zócalo”, dijo.
González acusó al presidente saliente de traicionar no solo a las familias, sino “a un pueblo sediento de justicia y de saber la verdad”.
La marcha fue pacífica, aunque se pintaron consignas en las vallas que cubrían los edificios, se destruyeron comercios y se lanzaron cohetes frente al Palacio Nacional.
La ONU lamentó ayer los “resultados insatisfactorios” de las autoridades.
La CIDH, que envió expertos a investigar durante ocho años, mostró preocupación por la “paralización” del caso y denunció un persistente “pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores”.
Activistas, académicos y una treintena de organizaciones civiles de distintos países latinoamericanos exigieron más acciones a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.
La ONG mexicana Fundar recordó que el caso exhibe “el funcionamiento impune del dispositivo de desaparición… que se ha mantenido vigente en México por décadas” y el “abandono institucional” que sufren sus víctimas.
Entre los padres y madres había caras de dolor y frustración por una década sin respuestas pero también de agradecimiento a quienes les han apoyado, mientras algunos manifestantes pintaban en las paredes o cortinas de los comercios consignas que exigen que se encuentre a los estudiantes.
“Nos llama mucho la atención que sí tenemos gente todavía que apoya”, dijo Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los estudiantes desaparecidos. “La primera vez que pasamos por aquí, ¿quién iba a pensar que iba a pasar todo este tiempo y aquí otra vez, sin respuestas?”, agregó, mientras caminaba bajo la lluvia, cubierto únicamente por su sombrero de paja.
“Necesitamos que se siga presionando”, explicó Lourdes Silva, un ama de casa que por primera vez participó en una marcha con su hija, estudiante de Odontología, aunque ambas llevan diez años siguiendo el movimiento. “Queremos que acabe este martirio para los papás”.
Los nombres de los 43 jóvenes resonaron por las calles del centro de la ciudad, blindadas ante posibles brotes violentos de un aniversario que llegó a cuatro días del fin de la administración de López Obrador, un presidente en el que las familias confiaron pero que les deja sumidos en la frustración.
“Nos dio muchas esperanzas”, dijo Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez, uno de los desaparecidos. Pero tal parece que protege mucho a los militares y no se vale”.
“Aquí andamos gritando para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueven el corazón”, querelló.
