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*Responsabilizado por infinidad de testimonios como el culpable del asesinato de dos líderes indígenas en el 2003, en Yahualica, Francisco Lanzagorta Hernández, ex jefe policial de ese municipio, contó en el 2006 con la protección de la vieja clase política para evadir la justicia, pero a 20 años de su felonía, ahora son sus actos de presunta corrupción en obras públicas mal realizadas los que, al parecer terminarán por condenarlo en una región que bañó de sangre y, paradójicamente, le enriqueció de manera indebida
ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ/ @ortigoza2010
Pachuca, Hidalgo/ Especial de Expediente Ultra. A pesar de haberse mantenido oculto en las sombras de la impunidad priísta por casi 20 años, el nombre de Francisco Lanzagorta Hernández resurge en la huasteca hidalguense trayendo a la memoria de los habitantes de la región, uno de los más denigrantes sucesos cometidos a la población indígenas del municipio de Yahualica donde en agosto del 2003, el hoy supuesto empresario honorable, mató a sangre fría a dos líderes sociales, siendo titular de Seguridad Pública de ese ayuntamiento.
Eran los tiempos de los gobiernos neoliberales donde la población indígena podía ser pisoteada en sus derechos y hasta asesinada a mansalva sin que no pasara nada, sobre todo si él o los agresores contaban con la protección de los políticos en turno, como fue el caso del compadre del artero homicida; nada menos que José Antonio García del Alba, entonces coordinador de los diputados locales en el Congreso de Hidalgo, quien lo protegió para que huyera por tres años hasta que en el 2006, la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya en el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, Carolina Viggiano, consintió que un juez de consigna como Ciro Juárez, exonerara de toda responsabilidad a Lanzagorta, a pesar del cúmulo de pruebas testimoniales y periciales.
Irregular situación jurídica que hasta la fecha es considerada una de las peores felonías cometidas en la historia de Hidalgo.
Pero, ¿cómo es que Lanzagorta vuelve a ser noticia y materia de diversos comentarios en las redes sociales?
Todo inició con una denuncia ciudadana por el mal estado de las obras de pavimentación realizadas en el bulevar López Mateos de la Colonia Aviación Civil de Huejutla. La obra cuyo costo fue de 6 millones 873 mil pesos 125 pesos, fue concluida el pasado mes de mayo, pero los defectos de su pésima calidad brotaron de inmediato, siendo percibidos por la población.
La obra de pavimento asfáltico, presentaba ondulaciones en la superficie y baches notables y deterioros prematuros, razón por la cual la Contraloría del Estado decidió enviar a personal especializado de su laboratorio a emitir un dictamen: las irregularidades no podían ser más evidentes pues de los 13 muestreos realizados siete no cumplieron con los 7 centímetros de espesor, pactado en el contrato. La pésima calidad de los materiales empleados eran tal que algunas muestras se desgranaban al contacto.
Y aunque en el papel el responsable era un contratista de nombre Alberto Márquez Hernández, quedó en evidencia que no se trataba más que de un prestanombres del ex homicida y prueba de ello fue que el propio Francisco Lanzagorta se colocó por sí mismo la soga al cuello, al sumarse sin ser invitado a la comitiva que supervisó los defectuosos trabajos.
En el recorrido estuvieron el ex alcalde José del Pilar López Espinosa (suplente del ex edil y ahora diputado federal, Daniel Andrade); el hasta hace unas semanas titular de la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento de Huejutla, Hidalgo Humberto Zurita; el contralor municipal, Carlos Rangel y un ciudadano común de nombre Francisco Lanzagorta Hernández.
El también empresario de la construcción y hasta líder sindical de la llamada Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), en el Estado, mantuvo en todo el recorrido una postura de hostigamiento y abiertas amenazas a los peritos, a quienes tomó abiertamente fotos de sus rostros, exigiéndoles sus nombres como una clara intimidación.
Hace cinco años, el violento sujeto fue denunciado en el 2019, en su carácter de supuesto líder sindical, por el empresario-constructor, Jaime Redondo Salinas, asentándose en la carpeta de investigación 05-2019-0435 los delitos cometidos por Lanzagorta por agresiones y amenazas de muerte contra Redondo.
Con su actitud porril, quedó claro para los habitantes de Huejutla, a los funcionarios municipales y personal de la Contraloría Estatal, que el verdadero afectado en sus interese con una investigación sobre las obras defectuosas obras no era otro sino Francisco Lanzagorta Hernández.
Pero refresquemos la memoria a los ahora indignados habitantes de la Huasteca por sus calles mal pavimentadas, muchos de los cuales son jóvenes que desconocen los arteros asesinatos y la agresión a los indígenas de Yahualica, registrados el 3 de agosto del 2003, donde el tramposo constructor es el personaje central.
Por esos años en que el edil de Yahualica era el priísta Juan Ramírez Hernández, y el titular de Seguridad Pública en Yahualica, era Lanzagorta, quien también se ostentaba como asesor del alcalde y, de hecho se llegó a decir que era el poder tras el trono.
La noche de los sangrientos hechos, según testimonios recabados en la comunidad por este columnista, el entonces jefe policiaco departía con algunos de sus amigos y subordinados en una fiesta de la que cual había sido padrino; envalentonado por los humos del alcohol, pasó por el estanquillo de Rolando Lara Nochebuena, un líder social al que el funcionario y el alcalde consideraban su enemigo por asumir la defensa de las comunidades indígenas, junto con otros de sus compañeros de lucha.
Junto con Edgar Barragán Aguirre, su lugarteniente, y otros amigos más, entraron con lujo de violencia al local para bajar la cortina acusando si fundamento al propietario de vender bebidas embriagantes y trabajar hasta altas horas de la noche. Por supuesto que esto no tenía razón alguna y lo que buscaba el violento picapleitos era que Lara se defendiera para asesinarlo, pretextando legítima defensa. Situación que no se dio por lo que el arbitrario jefe policial, lo golpeó salvajemente colocando el cañón de su arma en la sien, amenazándolo con matarlo.
Avisada la comunidad del abuso de poder cometido contra uno de sus líderes, varios pobladores cerraron la salida del municipio con piedras, por lo que Lanzagorta no pudo salir para, como era su plan, asesinar en despoblado a Lara Nochebuena, no teniendo otra opción que llevarlo a la Presidencia Municipal en calidad de detenido, siendo obligado por las circunstancias a liberarlo.
El ambiente tenso terminó por colapsar cuando acompañado por Edgar Barragán y elementos de la policía municipal y pistola en mano, Francisco Lanzagorta amenazó a los pobladores que mantenían cerrada la salida del poblado. De acuerdo a infinidad de testimonios también recabados por los agentes ministeriales de la entonces Procuraduría de Hidalgo, el agresor disparó varios cargadores al aire, pero molesto por no haber podido disuadir a la gente de abrirle paso, se aproximó a otro de los líderes de la comunidad de nombre José Zavala Aguado, del Ejido Pedro María Anaya. A voz en cuello, dijo: “a mí no me da lástima matar a este pinche indio”, y acto seguido le descerrajó un tiro en el costado derecho.
Uno de sus compañeros del indígena asesinado, Pedro Ruiz Navarrete, trató de desarmar a Lanzagorta quien, a pesar de su notorio estado de embriaguez, logró zafarse apuntándole y disparo a sangre fría a la vez que vociferaba enloquecido: “A ti también te quería matar, pinches indios”. El tiro al pecho fue tan brutal que le provocó la salida de trozos de pulmón de la caja toráxica.
Fuera de sí y apoyado por Edgar Barragán, dio la orden a los elementos policiales de abrir fuego a discreción contra los indefensos pobladores, no importando que estuvieran niños presentes. Además de los dos dirigentes asesinados, otros siete resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, algunos de los cuales por la premura de la atención médica que requerían fueron trasladados a Ciudad Madero del vecino estado de Tamaulipas.
La noticia llegó casi de inmediato hasta oídos del entonces gobernador, Manuel Ángel Núñez Soto, quien ya no pudo hacer mucho por el compadre de Rojo García de Alba, pues los medios nacionales tomaron nota de lo que era y fue considerada una cobarde masacre contra la comunidad indígenas de Yahualica.
Lejos de dar la cara, el dipsómano jefe policiaco se dio a la fuga junto con varios de sus cobardes subordinados, de tal forma que Lanzagorta estuvo desaparecido por más de tres años, pero a la llegada de Carolina Viggiano al Tribunal Superior de Justicia del Estado, de manera por demás insólita, en el 2006, el juez Ciro Juárez, exoneró de todos los cargos al cobarde asesino que nunca pisó la cárcel al quedar cancelada la orden de aprehensión en su contra, pese a la abundancia de pruebas y testimonios en su contra.
El pasado 20 de septiembre la Contraloría del Estado presentó formal denuncia, lo mismo que la Contraloría Municipal, contras las defectuosas obras de pavimentación entregadas por el prestanombres de Lanzagorta. Para la comunidad indígena no solo de Yahualica sino de toda la Huasteca, resultará una verdadera afrenta a la memoria de sus muertos, enterarse que a Alberto Márquez Hernández, compinche del ex jefe policial, diversos municipios como Atlapexco, Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán de Guerrero –la tierra de los caciques Austria y de Carolina Viggiano–, Tlanchinón, Zacualtipán de Ángeles y Yahualica, le han otorgado obras millonarias.
En el 2023, fueron trece con un total de 13 millones 328 mil 433 pesos; en el 2024, 17 por un monto de 13 millones 184 mil 480 pesos; esto es, 26 millones y medio de pesos en beneficio del verdugo de los habitantes de la región a quienes Lanzagorta llamó en su momento: “piches indios”.
Pero a esta denuncia se sumará también lo que apunta a ser una ilegal sustracción de tres maquinarias pesadas, pertenecientes al ayuntamiento de Huejutla, que desaparecieron del basurero municipal que operaba en terrenos de su propiedad y que Lanzagorta intentó emplear como medio de chantaje al gobierno del Estado al cerrarlo, pensando que no habría otro espacio donde depositar los desechos del municipio.
Será cuestión de tiempo para que por fin se haga justicia a los habitantes de la huasteca hidalguense, por los manejos irregulares en la obra pública asignada a este personaje que gracias a la protección de los viejos políticos priístas, burló a la ley por los homicidios del pasado.
Aunque en su caso, el tiempo no dejó que los muertos entierren a sus muertos, cosa de refrescar un poco la memoria a los descendientes de aquellos que fueron asesinados hace 20 años con premeditación, alevosía, ventaja… y cobardía.
