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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO*
SemMéxico, Mérida, Yucatán. Cuando tus ojos recorran este escrito, se estará votando en el Senado de la República la reforma al Poder Judicial. La discusión de la víspera ha estado concentrada en especular sobre el nombre de la o el legislador que decida abandonar el bloque de los 43 opositores a Morena y sus aliados políticos, otorgando la ansiada mayoría calificada al oficialismo. Es posible que un amplio sector de la sociedad asista como espectador/a poco interesad@ en un asunto que se cataloga como “de políticos”, muy lejano a las preocupaciones de la vida cotidiana.
La división de poderes como base del estado democrático y garantía para impedir el ejercicio de un poder sin límites sobre las personas, se siente ajeno por quien sufre abusos diarios por el cobro de “derecho de piso”, extorsiones y asaltos en el transporte público. Distinguir entre jueces, magistrados, ministerios públicos y fiscales es prácticamente imposible para la mayoría, que los pone en un saco único, el de la ineficiencia, incapaces de proteger la vida y los bienes de las personas y sus familias.
Menos aún se conoce que el Poder Judicial tiene dos grandes órdenes: el federal, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y sobre todos, los juzgados de distrito; y el estatal o fuero común, en el que cada una de las 32 entidades cuenta con su propia estructura.
El bien jurídico más preciado por las y los mexicanos es el juicio de amparo. Puede ser que no lo entendamos en su complejidad jurídica, pero sabemos que existe. En algún momento de nuestra vida nos hemos amparado o tenemos familiares y amigos que han acudido a este mecanismo. Como su nombre lo dice, se trata de proteger —amparar— a quien sienta amenazado por alguna autoridad. Por eso hay amparos de tipo penal, laboral, administrativo y fiscal, civil y mercantil, además de telecomunicaciones y competencia económica, que son materia de las y los 737 juzgadores y 910 magistrados federales. Ellas y ellos tutelan nuestros derechos, nos defienden contra los abusos de las autoridades.
Cuando se sospecha o se conoce que existe una orden de aprehensión (o presentación) se acude al juez federal para tramitar un amparo. Por ejemplo, si sobre tu casa o tu terreno se pretende pasar una avenida, la persona afectada puede acudir a la justicia federal, solicitar un amparo; un juez o jueza emitiría una suspensión provisional para detener la obra (o evitar la aprehensión de la persona, si se trata de un presunto delito penal) y después, ampararla en definitiva, si procede.
En 2011 dimos un paso fundamental en la defensa de los derechos humanos de las personas en México. Y el juicio de amparo fue ampliado para proteger a tod@s, no solo a quienes hacen la promoción, sino a todos por igual. Una muestra es la resolución que obligó al gobierno a vacunar a niños y niñas sin excepción contra el Covid-19 en 2021. Ese efecto benéfico será eliminado al establecer en las reformas que en ningún caso la suspensión o la sentencia de amparo podrá concederse con efectos generales, solo protegerá a quienes lo promuevan directamente.
Si consuman su intención este miércoles, Morena y sus aliados irán por los poderes judiciales de los estados, mucho más frágiles en su independencia y subordinados a los gobernadores. En los tribunales locales se resuelven asuntos civiles, familiares, mercantiles, además de los penales del llamado “fuero común”.
Una reforma integral al Poder Judicial comenzaría por reforzar la impartición de justicia en los estados, donde se dan y se resuelvan la inmensa mayoría de los asuntos que afectan a las y los ciudadanos. De las fiscalías y del ministerio público, no hay nada en la reforma morenista. Son constitucionalmente autónomos desde la reforma de 2014, pero sólo de membrete. Con recursos muy escasos, personal mal pagado, son ellas y ellos los responsables de decidir si procede o no una acusación; tienen plena facultad para desechar cualquier demanda, prácticamente sin dar explicación a las víctimas. Si procede la denuncia, a las fiscalías corresponde integrar las llamadas “carpetas de investigación”, que pasa a las y los jueces para analizar y resolver sobre la culpabilidad o la inocencia de las personas acusadas. Si las “carpetas” están mal hechas, al juez solo le queda desechar la acusación o emitir una sentencia con los muy escasos elementos presentados. En las fiscalías está la verdadera fuente de los problemas de la procuración e impartición de justicia en nuestro país. Pero de esto, ni una palabra en la reforma lopezobradorista.
El Poder Judicial federal es, en lo inmediato, el que está bajo asedio de los otros dos poderes: el Legislativo, representado por diputados y senadores, y el Ejecutivo, depositado en una sola persona: el Presidente de la República. Las reformas constitucionales a discusión y votación hoy permitirían que la independencia del Poder Judicial desapareciera, para quedar subordinado a los otros dos poderes. Si Morena domina en las cámaras de Diputados y Senadores, si tienen el número suficiente para cambiar la Constitución; si el presidente López Obrador manda en Morena y sus aliados políticos, la conclusión es sencilla: todo el Poder Judicial quedará subordinado al presidente de la República. Este control era parte medular del presidencialismo autoritario de las décadas de 1960 y 1970, cuando comenzó la larga lucha para hacer valer los principios constitucionales de división de poderes e independencia del Poder Judicial. ¿Superará Morena el frágil valladar de un voto? El senador o senadora que ceda por temor a investigaciones y órdenes de aprehensión contra sí o sus familiares, cometerá un error de dimensión histórica. El plato de lentejas de Esaú se quedará corto. Imaginar que habrá de cumplirse la palabra de no persecución penal a cambio de la traición no es digno de personajes políticos que vivieron el régimen priista y la transición, que saben y conocen que las complicidades transexenales son muy frágiles y de improbable cumplimiento. Y si se dejan llevar por el espejismo del fuero, más vale que abran los ojos a la realidad: la sección Instructora de la Cámara de Diputados los espera, tarde o temprano, a la medida de los intereses de la presidenta Sheinbaum. Un voto, 43 héroes. U 85 morenistas y un traidor.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
