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SAÚL ESCOBAR TOLEDO
SemMéxico, Ciudad de México. Según datos del IMSS, el salario promedio de los trabajadores afiliados a dicha institución aumentó 9.7% entre julio de 2023 y julio de este año (de 536.76 pesos a 588.71 pesos). Este incremento anual no fue parejo ya que las entidades en las que hubo alzas superiores al promedio fueron Tamaulipas, Zacatecas y Baja California. Al mismo tiempo, el salario más elevado se ubicó en Ciudad de México (725.15 pesos, 23% más elevado que el promedio); Baja California y Campeche. Siguen en esta lista los estados fronterizos del norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila, además de Querétaro.
Lamentablemente, los salarios más bajos se ubicaron en Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En esta última entidad el salario fue de 472.62 pesos, es decir 20% menor al promedio nacional.
Por su lado, el salario mínimo sigue mostrando un aumento en términos reales en comparación a 2018 de más de 100% en la mayor parte del territorio y de más de 220% en la zona fronteriza. Y según INEGI, ha aumentado el número de trabajadores que ganan más de 1 SMD y hasta 2 SMD y ha disminuido aquellos que ganan hasta 1 SMD.
El Banco de México presenta una información que muestra, igualmente, que ha habido alzas en los salarios, en este caso contractuales. Los incrementos nominales fueron de alrededor de 8.2% promedio entre abril y julio de este año. Tomando en cuenta la inflación de los últimos doce meses, el incremento real en ese mismo periodo sería de alrededor de 3.75%.
Sin embargo, aquí también hay diferencias: las alzas en las revisiones más favorables para los trabajadores fueron en la industria manufacturera (un promedio de 9.6%) y en el conjunto de las empresas privadas (9.46% ), lo que contrasta con el reducido aumento en las empresas públicas que apenas alcanzó alrededor del 4.8% en promedio, es decir, la mitad de lo que obtuvieron los trabajadores que tienen contratos con las empresas privadas.
Con base en estos datos puede afirmarse que este año, por lo menos hasta el séptimo mes, los trabajadores han recibido incrementos superiores a la inflación si consideramos el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que se supone incluye la canasta de consumo de bienes más importantes para la población . No es tan favorable si se consideran los precios de algunos (no todos) alimentos como frutas y verduras frescas que han tenido un aumento de 23.55% (anual).
Las cifras muestran, asimismo, agudas diferencias regionales. La brecha entre el sureste y el norte sigue siendo profunda a pesar de la inversión púbica en obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor transístmico. Los trabajadores de la industria de exportación manufacturera cuyas empresas están ubicadas principalmente en la región que abarca de Querétaro hacia la frontera norte del país, seguramente están recibiendo mejores salarios contractuales. De no modificarse esta tendencia, en el futuro cercano, con el nearshoring, podríamos observar una desigualdad más aguda y que el mejoramiento de las condiciones laborales se concentre en un grupo relativamente estrecho de trabajadores. Por su parte, el caso de la Ciudad de México podría responder a que se ha convertido en un centro financiero muy importante para México y América Latina; una urbe que alberga destacadas instituciones de educación, cultura y salud; y un polo turístico con características diferentes a los destinos playeros.
Aun con estas disparidades, creo que estamos observando una recuperación general de los salarios. Esta situación contrasta con el entorno económico, ya que el comportamiento del producto (PIB) en 2024 no ha sido alentador: diversas instituciones como el FMI o el Banco Mundial, pero también INEGI y Banxico, han previsto un menor ritmo de crecimiento que se calcula en 2% o menos. Claramente inferior al 3.2% del año pasado. Además, las expectativas para 2025 son aún más pesimistas debido a la probable reducción del déficit fiscal, la permanencia de tasas de interés aún elevadas (aún con los recortes) en México y en Estados Unidos y una desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte.
De la misma manera, el empleo tampoco muestra signos positivos. Aunque la tasa de desocupación abierta es reducida (2.8%), la cantidad de trabajadores que laboran en la informalidad ya sea por cuenta propia o al servicio de un patrón, sigue siendo elevada; hasta junio de este año incluía a casi 32 millones de personas (datos de INEGI). Además, el IMSS reportó que entre enero y julio de este año se dieron de alta 307 mil asegurados lo que se compara desfavorablemente con ese mismo lapso del año pasado que registró un aumento de plazas de trabajo de más de 512 mil personas. Lo anterior muestra una caída en lo que va del año de más del 40%, es decir, una tendencia francamente a la baja en el ritmo de creación de empleos formales registrados en el IMSS.
Así las cosas, a pesar de un entorno económico poco propicio, los salarios están aumentando en términos reales. La explicación de este fenómeno quizás resida en que los sindicatos y los trabajadores (con o sin sindicato o contrato colectivo) están endureciendo sus posturas y logrando mejores incrementos en sus percepciones. Esto puede estar sucediendo gracias a la reforma laboral de 2017-2019 que propicia la democracia sindical y la revisión de los contratos colectivos con participación de los trabajadores. Y, asimismo, a una política laboral que ha dado lugar a otras reformas legales como la regulación de la subcontratación y diversas prestaciones.
Desde luego, el balance de dicha reforma y de la política laboral del sexenio muestra serias fallas. Una de las más patentes es que la justicia laboral sigue siendo defectuosa. También hay que subrayar que la democracia sindical ha avanzado lentamente. Hay pocos sindicatos nuevos que han surgido gracias a la reforma; las centrales del viejo orden corporativo siguen siendo mayoritarias. Asimismo, el panorama en el sector público es desolador. No sólo, como hemos visto, porque las revisiones contractuales en las empresas públicas han sido miserables. A ello hay que agregar la política laboral en la administración federal: bajos salarios y contrataciones vulnerables (por tiempo determinado, sin contrato, sin seguridad social y sin afiliación sindical). Al parecer, priva la idea de que los empleados de la administración pública (apartado B) deben ser presa de la austeridad y sacrificar sus condiciones de trabajo.
Aun tomando en cuenta estos problemas, podríamos estar observando un fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores particularmente en los que laboran en empresas privadas. Esta reanimación ocurre en momentos en que a nivel mundial también hay signos de un activismo sindical más pujante. Además, los mecanismos del T-MEC y las denuncias presentadas por el gobierno de Estados Unidos para reparar violaciones a los derechos laborales en empresas instaladas en México que ya suman más de veinte casos, igualmente, están influyendo en un mejor ambiente para los reclamos obreros. Por su lado, las directivas de algunos sindicatos afiliados a las centrales obreras como la CTM o la CROM han decidido negociar con las empresas menos dócilmente para evitar que sus afiliados salgan de sus filas y se incorporen a una organización más democrática. Este fenómeno apenas despunta. Todavía existen muchas empresas con contratos de protección patronal y directivas sindicales que logaron manipular las elecciones a las que están obligadas por la ley y permanecen en sus puestos. Por otra parte, la situación puede cambiar debido a un entorno económico más desfavorable, a una política laboral más conservadora, o a un endurecimiento de la administración patronal.
El futuro del sindicalismo mexicano es todavía incierto, pero, por lo pronto, hay signos de vitalidad como no se conocieron en las décadas infames (1988-2018).
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