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EDUARDO MERAZ
Usando la frase preferida del presidente palaciego y sus corifeos: “como nunca”, resulta altamente riesgosa la afirmación mediante la cual se afirma, sin sustento alguno, la existencia de “enemigos jurados” contra el gobierno actual. Acusación jamás desde hace más de un siglo.
Ni siquiera durante el movimiento de 1968, el entonces mandatario, Gustavo Díaz Ordaz, se atrevió a calificar de esta manera a los estudiantes, como ahora lo hace uno de los líderes de aquella rebelión: Pablo Gómez, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno cuatroteísta.
“Entonces no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo 7º de la Constitución es parejo y es para todos”, argumentó Gómez Álvarez.
Aplicar ese calificativo a quienes disienten, además de hacer públicos los ingresos de un grupo de colaboradores del medio de comunicación Latinus -en papel membretado de la Secretaría de Hacienda- revela la transfiguración del economista, preso durante tres años a raíz del movimiento estudiantil de 1968.
Con esta declaración, Pablo Gómez rebasó, con mucho, a las decenas de solovinos y queda bien del actual ejecutivo federal. Este comportamiento indigno del funcionario hacendario puede tener su razón de ser en el hecho de tener a un buen número de familiares directos y políticos cobrando del presupuesto público.
Pero lo más sintomático y significativo de la injuria lanzada por quien se autocalifica de “luchador social”, fue el silencio presidencial. El mandatario a punto de concluir su gestión, quien no se cansa de decir no tener enemigos, sino adversarios y que lo suyo no es la venganza, no hizo ninguna manifestación para deslindarse de tamaño despropósito declarativo.
La larga perorata gomeciana en su afán de demostrar las acusaciones sobre la empresa comunicativa por corrupción y lavado de dinero, significativamente no menciona ninguna indagatoria contra los gobiernos estatales con los cuales las compañías asociadas a Latinus hicieron negocios.
Luego de tres años de haber presentado las acusaciones y la continuación de las investigaciones, ponen de manifiesto la ineficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera para lograr la detención de los presuntos culpables. Es decir, la capacidad ejecutiva del área bajo su responsabilidad es casi nula.
Para justificar esta incapacidad, Pablo Gómez desnuda la inoperancia de los ministerios públicos, a cargo de la Fiscalía General de la República, lo cual libera de culpabilidad a jueces, al poder judicial tan vapuleado en días recientes.
Y como chivo en cristalería, se pronuncia porque los ministerios públicos sean objeto de una reforma, porque cuando vino el cambio los que estaban ahí eran los mismos, en su mayoría, casi el mismo argumento de Ignacio Ovalle, por el desfalco en Segalmex -cuya información ya quedó reservada por cinco años.
Sobre eso y otros casos donde se sospecha de actos de corrupción de gente cercana a habitante temporal de Palacio Nacional, al parecer la UIF no ha iniciado ninguna investigación.
Si alguien pensaba sobre la imposibilidad de superar la actitud autoritaria de Díaz Ordaz, al menos declarativamente, Pablo Gómez, alto funcionario de la 4T, se coloca por encima del nivel de intolerancia gubernamental de hace casi 60 años.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Para reforzar la terminología calumniosa e injuriosa, el presidente que ya se va acusó al Poder Judicial de la Federación de intervenir a través de un juez, con la intención de quitarle al oficialismo la mayoría calificada en el Congreso; mayoría no obtenida con votos, sino vía sobrerrepresentación.
@Edumermo
