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NATALIA VIDALES DE BITTERLIN
SemMéxico, Baja California. La sociedad civil organizada, los líderes de oposición, las organizaciones legislativas y los mexicanos en general han estado dando la batalla los últimos días para evitar que la nociva reforma al Poder Judicial que se ha entercado en aprobar el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a ser una realidad…como parece lo será.
Los mensajes, la información, la orientación han sido profusas, pero, desafortunadamente, no llega ni llegará al grueso de la población quien no está consciente de lo que esta reforma implica. Y quizá no despertará de su letargo hasta que ya sea demasiado tarde.
El presidente se ha encaprichado y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum no ha demostrado carácter para sostener su dicho de que se haría una amplia consulta con especialistas y entre la sociedad civil en general. Ella lo aseguró, pero el presidente ha dicho otra cosa y por lo visto es la realidad porque ya se están dando las encuestas “patito” con manipulación de las preguntas para que al unísono la población diga: Adelante las Reformas!, sin conocer a fondo el sentido -ni el peligro- de tales cambios en la Constitución –esa a la que AMLO mismo juramentó respetar solo para ahora proponerse trastocarla asumiendo autocráticamente los tres poderes: el Ejecutivo, que es suyo; el Legislativo que ya tiene en la bolsa; y el Judicial que no le corresponde.
Es cierto: la gente está harta de que no haya en México justicia rápida, expedita y con acceso a ella todos los ciudadanos -¡.todos!..no solo los pudientes para contratar a un buen abogado. Pero la reforma que ha causado polémica -y que es la de la elección por voto popular de los Ministros de la Suprema Corte y demás jueces federales, nomás para empezar, no garantizará -como parece ser entienden quienes están en contra de la Reforma- esta justicia maravillosa que todos quisiéramos tener. Y no se hará porque los delitos que los ciudadanos enfrentamos diariamente son aquellos que debe atender el juez local y las autoridades de cada estado, no los ministros de la Corte quienes se encargan de resolver las controversias constitucionales y no actos de pandillerismo u otras situaciones a las que los ciudadanos nos enfrentamos día a día. Y esto, una reforma que mejore la justicia al ciudadano, NO se toca en la citada iniciativa ¿Entonces? Obvio está el deseo de fondo de que lo que se quiere aprobar: quitar el freno que hasta ahora han tenido las autoridades para evitar el poder absoluto, los atropellos y violaciones a la Constitución, contando –ellos– con jueces a “modo” de su partido político.
Como mencionamos líneas arriba, la próxima presidenta no ha mostrado carácter para defender su postura e iniciar su sexenio con signos cordura y conciliación.
La procuración de justicia debe darse y las instituciones competentes deben mejorarse, claro, pero para bien, no para mal.
Buscar desaparecer un poder que garantiza el respeto a nuestra ley máxima, la Constitución, no es lo correcto porque no beneficia a la población sino al gobernante autoritario. Y ello…a nada bueno lleva. ¿Lo entenderá así la presidenta electa? Quisiéramos que la respuesta fuera afirmativa…por el bien de México.
