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MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ
Este viernes 21, se cumple la primera semana del veto del gobierno de Estados Unidos a la importación de aguacate michoacano y que se extendió al mango, en represalia a la retención y agresiones a dos inspectores de ese país en el bloqueo carretero que policías estatales y comuneros realizaron hace ocho días en Aranza, municipio de Paracho. Las pérdidas económicas hasta ahora rondan los 100 millones de dólares.
Incluso, la administración de Joe Biden emitió una alerta a sus ciudadanos para no viajar a Michoacán, y a quienes “trabajan en la zona, que se refugien”. El embajador “amigo de México”, Ken Salazar vendrá hasta la próxima semana para platicar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
No es la primera vez que personal agrícola de EU es víctima de la inseguridad que prevalece en el estado. En febrero de 2022, ese país cerró sus fronteras al fruto verde por las amenazas directas del crimen organizado a un supervisor y se reestableció bajo el compromiso formal de mejor la seguridad en la cadena productiva.
En otro frente, anteayer, el Consejo de Empresas Globales expresó a través de un comunicado, su preocupación ante la huelga en la siderúrgica ArcelorMittal ubicada en Lázaro Cárdenas, y que hoy cumple 18 días; pidió certeza al gobierno mexicano para la pronta solución al conflicto laboral. “La seguridad jurídica y la preservación del Estado de Derecho son requisitos indispensables para atraer inversiones en el dinámico escenario global de relocalización de cadenas productivas”, añadió en CEG.
“Expresamos nuestra preocupación ante el escalamiento del conflicto que hoy enfrenta ArcelorMittal México con la sección 271 del Sindicato Minero”, externó el organismo empresarial. Los trabajadores estallaron desde el 4 de junio en demanda de un pago justo de reparto de utilidades y un bono especial, pero paros intermitentes venían realizándose desde el 24 de mayo.
Dos conflictos en estas dos importantes actividades productivas del estado. Aquí es donde una se pregunta, ¿quién resuelve los problemas en Michoacán? Porque el gobernador, no. Tuvo que llegar el aguacate, otra vez, a la mañanera.
¿Qué provocó la virulenta reacción del gobierno estadunidense de extender el veto al mango y el embajador Ken Salazar, ofrecer darse una vuelta al estado hasta la próxima semana para hablar con el gobernador, cuando ya se reunió en la Ciudad de México con productores y empacadores?
En la revisión de los datos a la mano, precisamente esa mala costumbre de Ramírez Bedolla de no reconocer los problemas y por el contrario, minimizarlos. Podrá echar mentiras ante su corte mediática y no pasar nada. Pero cuando falsea ante un noticiero nacional que seguramente monitorea la embajada gringa, si pasa. Y mucho. El martes 18 por la mañana, dijo Bedolla a Manuel Feregrino en Tele Fórmula, que los inspectores “nunca corrieron ningún riesgo” y negó que hayan sido agredidos por “una manifestación social”.
Primero, sí los putearon gacho y les robaron sus cosas; dos, ¿quiénes? Para ese viernes 14, elementos de la Guardia Civil de Michoacán en movimiento por demandas laborales, anunciaron bloqueos carreteros en Morelia, Uruapan y Aranza. De acuerdo a medios locales, la ronda comunitaria de esta última localidad se sumó a la protesta. El caso que a una semana, el gobierno del estado no ha podido deslindar responsabilidades y mucho menos proceder para resarcir al gobierno estadunidense por los delitos cometidos contra su personal.
Y ese es precisamente el gran problema de la injusticia en México y Michoacán. Las víctimas de “manifestaciones sociales” sean comuneros, normalistas, centistas e incluso de narcobloqueos donde conductores son despojados de sus vehículos e incendiados, siempre quedan en la indefensión total porque no hay a quién señalar directamente como responsable para la reparación del daño.
Entonces, estamos que la huelga en AcerlotMittal y la protesta de policías estatales que inició desde el 10 de junio, consumen tiempo y muchos dinero en pérdidas, y no se notan los buenos oficios políticos del mandatario estatal para apresurar acuerdos entre el senador morenista y dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y la empresa siderúrgica que ha ofrecido inversiones hasta de 3 mil millones de dólares, en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Con sus policías estatales, Bedolla sabe que su secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega, les chingó su bono BanBajio y apenas hasta este miércoles comenzó a dispersarlo. O sea, se tardó ocho días en aceptar la injusticia; acordó revisar salarios que no se han incrementado desde hace siete años, los seguros de vida y dignificar las instalaciones del personal. A ver si cumple y si no hay represalias.
Otra arista es la exigencia de destitución del secretario de Seguridad Pública.
Todo aquel que entra a la SSP se asombra de que al general Ortega le encante la belleza producida en su entorno. La tropa le llama (se respeta la redacción): “séquito de damas de compañía que ganan $35,000 pesos de bono por riesgo y operatividad bambajio y sus secretarias que ganan $25,000 y tienen que regresar $6,000 a quien las incluyó en la nómina especial, así como su grupo de escoltas foráneos que ganan $25,000 y que les proporcionó buenos grados cuando no reúnen el perfil ni la antigüedad necesaria para ostentar los grados”, de acuerdo a un chat de los paristas compartido en el grupo de invitaciones de prensa.
Le achacan a la diputada local Margarita López Pérez, ser la “incitadora” de la protesta de la Guardia Civil de Michoacán, junto con el ex coordinador de comisarías regionales. ¿Tanto poder tiene si ya sale del Congreso bajo las siglas del Partido Verde, que comanda Ernesto Núñez, el superamigo de Bedolla y hoy diputado federal electo por la 4T? De acuerdo a la nota del corresponsal Carlos Arrieta en El Universal, dos hijos de la “madre buscadora” que estaban en la nómina de la dependencia fueron bajados de las aviadurías y por eso se encabronó.
Quien sabe. Lo cierto por evidente, que en tres años, el general Ortega Reyes no ha dado resultados en seguridad y Michoacán no baja de los primeros lugares en homicidios dolosos y violencia. Amerita ya que a la mitad del camino, Bedolla ajuste concienzudamente su gabinete, porque solo dos dependencias destacan por su trabajo: Finanzas, a cargo de Luis Navarro y Educación, con Gaby Molina…
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Andrés Manuel López Obrador cerrará -en la forma- su mandato con sus sueños cumplidos: sin pobreza, porque ya no se medirá, sin corrupción, porque ya no se investigará y menos sancionará; pero lo más importante para su récord histórico: sin contrapesos ni oposición. ¿Qué presidente pudo hacer tanto en solo seis años?
¿Quién medirá la pobreza sin Coneval? ¿qué será de la transparencia y rendición de cuentas sin INAI?; con el respaldo de las masas, consultas ciudadanas o “ejercicios democráticos” ¿para qué elecciones con una oposición derrotada y sin legitimidad? La justicia, como en el medievo: vox populi vox Dei… “entonces es Claudia”, proclamó anteayer AMLO. “Es lo mejor que le pudo haber pasado al pueblo mexicano y una bendición”. ¡Alabada sea santísima Claudia! Por cierto, judía, como María de Nazaret de Galilea. Y naaa… eso de que se separa de Beatriz Gutiérrez, pero no se divorcia porque la ama mucho. Es como el clásico: ¿el problema no eres tu, soy yo´.
Pero en lo que estoy. Los cuestionables -porque nunca supimos de dónde salían- “otros datos” serán ya los oficiales una vez que desaparezcan los organismos autónomos y se conviertan en unidades administrativas: el Coneval, del INEGI; el INAI será parte de la Secretaría de la Función Pública; la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pasarán a la Secretaría de Energía; la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), a la SEP; la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a la Secretaría de Economía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la SICT. A la CNDH no le da flit, por tratados internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos que mandata contar con organismos autónomos en materia.
El INE si se toca. Y será sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual absorbería también las funciones de los organismos locales; el Consejo General se reducirá de 11 a 7 integrantes y su periodo disminuirá de nueve a seis años. También la Corte se toca, y jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos, incluidos los del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) que absorberá la competencia de los tribunales locales. En sentido estricto, los poderes Judiciales de las entidades federativas tendrán que homologarse con el Federal.
Son 54 reformas constitucionales que sacará adelante la aplanadora de la 4T en el Congreso General. En septiembre, según anunció Claudia Sheinbaum, la Judicial, la reforma a la Ley del ISSSTE en pensiones para pasar el ahorro de los burócratas al Fondo del Bienestar, y sus propuestas de pensión a mujeres de 60 a 64 años y becas desde prescolar hasta secundaria. Unos 21 millones de alumnos.
También se abaratará la democracia, con la eliminación de los legisladores plurinominales, por lo que la Cámara Baja se conformará con solo 300 diputados federales y la Alta, con 64 senadores; todos serán electos por mayoría relativa. Además, se establecerá un tope en el número de diputados locales con un máximo de 45 y mínimo de 15, en proporción con el número de habitantes en la entidad donde se elijan; en cuanto a ayuntamientos solo habrá una sindicatura por municipio y hasta 9 regidores y concejales.
No se si los 35 millones de votantes de la 4T y los 63 millones que no votaron por el “segundo piso” tengan más o menos idea de los significativos cambios que estas reformas traerán a la vida nacional, pero le dieron toda su confianza a López Obrador a través de su representante Claudia Sheinbaum, y así será. Porque ya no hay reversa. Por lo menos, en los próximos tres años.
