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GREGORIO ORTEGA MOLINA
*El dinero, las inversiones, son la versión de la sociedad civil que sí defiende sus intereses. No tiene ideología, camina sin representación política, pues su única y clara garantía es la seguridad jurídica de que han de respetarse los acuerdos y quedan al margen de expropiaciones y embargos. Les podrán recriminar cuanto quieran, pero los dueños del capital se mueven por sus propias reglas y peculiares intereses
La seguridad necesaria para el desarrollo social y el crecimiento económico corre por dos vías: la jurídica y la que atañe a la paz pública, a la garantía de caminar por las alamedas, como propuso Salvador Allende.
La segunda hace mucho que está comprometida, porque así se dispuso desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narco, en un país en el que la paz social era un bien apreciado por tirios y troyanos.
La seguridad jurídica quedó en entredicho cuando al gobierno mexicano le dio por incumplir acuerdos binacionales o multinacionales y cancelar contratos de inversión con empresas que ya las habían iniciado en México, pero lo que la colocó para el descabello fue la cancelación -sin explicación clara y precisa- del AICM que debiera, ya, estar funcionando en Texcoco. Se perdió credibilidad, se paga deuda y se dejó de ganar dinero y de crear empleos. Así de acertada fue la decisión del entonces todavía presidente electo.
El dinero, las inversiones, son la versión de la sociedad civil que sí defiende sus intereses. No tiene ideología, camina sin representación política, pues su única y clara garantía es la seguridad jurídica de que han de respetarse los acuerdos y quedan al margen de expropiaciones y embargos. Les podrán recriminar cuanto quieran, pero los dueños del capital se mueven por sus propias reglas y peculiares intereses.
Están ciertos de que no debe supeditarse -mediante reforma legal y constitucional, o embuste de elección- el Poder Judicial al Ejecutivo, y tan lo saben que el resultado electoral los alertó, lo mismo que la deslenguada propuesta de Ignacio Mier.
Lo anterior con el propósito de que los integrantes del Congreso y el todavía titular del Poder Ejecutivo, reconsideren esa estúpida y dictatorial instrucción de no mover ni una coma a las propuestas de reformas constitucionales, porque no se trata de agradar a Andrés Manuel López Obrador, sino de apegarse a las exigencias de la realidad, para obtener los recursos necesarios y cumplir, al menos, con los requerimientos fiscales para satisfacer los programas del bienestar, ya obligaciones constitucionales.
Quizá sea este el ámbito en que la sucesora y el que todavía dice esta boca es mía, se dé la primera y gran confrontación, aunque claro que todavía puede crecer el déficit, endeudar más al país, y encaminar a México por el sendero de Nicaragua, o Haití, o Venezuela.
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