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VERÓNICA VALDÉS GONZÁLEZ
Esperanza es una madre soltera de 20 años, cuando tenía 15 quedó embarazada. El padre de su hija, un joven de 19 años, la abandonó en cuanto se enteró de su embarazo. Actualmente vive en Estados Unidos. “Nunca más se volvió a comunicar conmigo”, asegura.
La circunstancia la obligó a dejar sus estudios, en un mes entraría al Colegio de Bachilleres, había planeado estudiar una carrera técnica trabajar y poder pagar sus estudios universitarios, sin embargo, esto no fue posible.
Desde su embarazo trabaja; vende chocolates en los camiones que circulan en la delegación Contreras; algunas veces su madre cuida a su hija, pero mayormente la trae con ella, no tiene donde dejarla, aparte de su madre, nadie más puede cuidarla.
En 2019, el gobierno federal cerró las guarderías públicas, lo que impacto, principalmente, a mujeres que laboran en la economía informal.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 6.8 millones de mujeres se desarrollan en el sector, donde carecen de seguridad social: no tienen acceso a guarderías ni a servicios de salud.
En la primera quincena de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Desarrollo Social. Estos cambios establecieron la creación de una política nacional de cuidados, sin embargo, no se le asignó presupuesto especial.
Los recursos que el gobierno destinará para el cuidado de niños, adolescentes, discapacitados, madres y adultos mayores será de 44 mil 870 millones de pesos, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
Con estos recursos se pretende financiar 12 programas destinados a atender a grupos vulnerables, con desayunos escolares en educación básica y atención a personas con discapacidad.
El programa que tendrá más recursos será el de servicios de guardería del IMSS con más de 15 mil millones de pesos.
El añorado Sistema Nacional de Cuidados queda sólo en buenos deseos; para que realmente funcione y llegue a las mujeres más vulnerables, se requiere contar con la infraestructura pública necesaria que les permita dejar a sus hijos en lugares seguros, como estancias infantiles o escuelas de educación básica con horario de tiempo completo que no estén condicionados al régimen laboral.
