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GERARDO FLORES LEDESMA
AUNQUE USTED no lo crea, impuestos diversos, diferentes a los que ya pagamos, serán aplicados desde el primer día de 2024, sobre todo porque gobiernos estatales y municipales sufrirán una merma en las transferencias federales, sobre todo porque se aprobó un gigantesco gasto para obras magnas y programas sociales, en el cual no están inculidos.
De ese modo, desde Ensenada, Baja California, hasta Oaxaca, pasando por San Luis Potosí y el Estado de México, las administraciones locales han decidido gravar no sólo a los transportistas que cruzan por sus regiones o líneas fronterizas, privatizar, sino elevar los impuestos ambientales y afectar a las tierras indígenas, a quienes incluso podrían embargar para cobrarse deudas a lo “chino” y “cochino”.
El Oaxaca, lo que hace el gobernador morenista Salomón Jara Cruz, es una total ilegalidad, que viola lo estipulado en el artículo 27 de la Carta Magna, desde que propuso incluir en la Ley de Ingresos estatal el gravar las tierras comunales y ejidales.
La ley se aprobó en el Congreso local, en sesión extraordinaria, el 6 de diciembre pasado. Se explicó que el objetivo era fortalecer los ingresos fiscales, aunque todos sabemos que es un impuesto inconstitucional, porque la ley establece que cualquier régimen de tierras ejidales o comunales no son susceptibles de gravarse porque pertenecen a la comunidad, no al comunero ni al ejidatario.
Sin embargo, como ya sabemos, 2024 será año electoral y urgen recursos frescos para solventar gastos. Parece que al gobernador oaxaqueño le interesan más los temas políticos y económicos.
Oaxaca está integrado por 9 millones 375 mil 700 hectáreas, de las que 7 millones 408 mil 148 son propiedad social, ya que casi 6 millones de hectáreas son tierras comunales y más de 1.6 millones, ejidales. Sólo millón 967 mil 552 son hectáreas de carácter privado. Por ello, el daño y afectación es social.
Hace unos días, la Coparmex rechazó los aumentos de impuestos ambientales que se aplicarían en los estados de México y San Luis Potosí, los cuales no cuentan con justificación técnica, ni soporte fiscal, además de que no hay sustento para defender los beneficios que presuntamente se buscan. Sólo se trata de medidas recaudatorias que golpearán a las micro, pequeñas y medianas empresas
En la entidad mexiquense habrá un alza de 132% en el impuesto actual a las emisiones a la atmósfera de 43 a 100 pesos por tonelada de dióxido de carbono equivalente (ton CO2e), representando un incremento del 132%, mientras que en territorio potosino la propuesta fue gravar el 100% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que lo convertirá en el segundo estado del país con el gravamen más alto de un solo golpe.
Todo lo anterior, junto con la intención del alcalde de Ensenada, el morenista Armando Ayala Robles, para otro cobro extra o impuesto adicional a los vehículos de carga que ingresen al puerto de esa localidad, provocará un alud de amparos con el apoyo de las barras de abogados en la República desde el primer minuto de 2024.
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