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*El organismo encargado de otorgar la seguridad social a miles de profesores y burócratas en Hidalgo, presentó una denuncia y enteró a la Procuraduría del Estado, sobre la no entrega de cuotas durante cuatro años por parte de la administración del ex gobernador; además, hay otra irregularidad como el no transferir al SAT el ISR descontado a los trabajadores de dependencias como el Instituto Hidalguense de Educación. Ambas omisiones se constituyen en delitos del orden penal y federal por los que deberá responder Olvera Ruiz
ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ/ @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra. La denuncia por un adeudo superior a los cinco mil millones de pesos al ISSSTE, por parte del Instituto Hidalguense de Educación, durante la administración Francisco Olvera Ruiz, y de la cual ya se tiene conocimiento en la Procuraduría General de Justicia del Estado, es el anuncio de que la edénica impunidad del ex gobernador está por concluir.
La escandalosa cifra es producto de los adeudos de la menciona dependencia por concepto de cuotas y aportaciones por seguros de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez al Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante los primeros cuatro años del gobierno de Olvera Ruiz –del 2011 al 2014–, pero además por la retención no reportada al Sistema de Administración Tributaria (SAT), del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Resulta imposible que el ahora promotor de la “Agrupación Ciudadana Punto de Encuentro”, pueda tratar de evadir el delicado asunto porque legalmente todo gobernante sabe que la entrega de cuotas al ISSSTE y del ISR a Hacienda, son una obligación por ley ya, que forman parte del gasto corriente destinado y etiquetado al sueldo de los trabajadores burocráticos.
Caer en omisión o incumplimiento de esta responsabilidad, no puede justificarse bajo ningún sentido y configura un delito del orden penal y federal por ser un evidente fraude a entidades públicas y a recursos del erario nacional. El ex mandatario tienen una doble responsabilidad de primer orden ante las autoridades locales y federales, porque además de haber dejado endeudado al Estado, birló una considerable suma sin justificación alguna, al dejar de cumplir con las obligaciones fiscales a que estaba obligado su gobierno.
La Estafa Siniestra va a palidecer ante este peculado, no solo por la cantidad de lo defraudado sino por los costos sociales que representa este vergonzoso e inadmisible robo al dinero de los trabajadores, en este caso, a los miles de maestros del Sistema de Educación Básica que abarca las funciones del Instituto Hidalguense de Educación.
Lo que apunta a configurarse en una nueva estafa, con Paco Olvera a la cabeza, bien puede calificarse como una “Estafa Perversa”, por el daño ocasionado a la seguridad social y a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez de miles de profesores y empleados, al “desaparecer” las cuotas descontadas de sus salarios, vía nómina. Al no entregar esos cinco mil millones de pesos se afectó directamente la calidad en la prestación de los servicios médicos, prestaciones y pensiones a los trabajadores, ocasionando un daño colateral a sus familias.
Hace unas semanas, el ex Subsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH, Pablo Pérez Martínez, sentenciado a más de 20 años de prisión por la sustracción ilegal de cientos de millones de pesos a esa dependencia, envío desde el Penal de Pachuca una carta a Alicia Medina Castelazo, titular especializada en delitos contra la corrupción de la Procuraduría del Estado, en la que calificó a Francisco Olvera, su ex amigo y cómplice como un “traidor”, cuya autoría intelectual no debe quedar impune.
El artífice del misil enviado contra el ex gobernador, se dijo dispuesto a colaborar para aportar las pruebas necesarias con el fin de que se haga justicia contra quien según señaló a un medio nacional, fue el responsable de un quebranto estimado en 2 mil 200 millones de pesos a dependencias como la SEPH y la Secretaría de Salud, entre otras. De acuerdo a lo denunciado por el ahora convicto, Paco Olvera invirtió gran parte de esos recursos en desarrollos inmobiliarios, gasolinerías y en depósitos en bancos suizos.
Y ahora que surge la demanda de los cinco mil millones de cuotas no entregadas ISSSTE, ni al SAT por concepto del ISR de miles de profesores y empleados, hay que retomar los motivos de la cadena corruptiva que llevaron a prisión en diciembre del 2018, a Pablo Pérez Martínez como al ex Director de Recursos Financieros de la SEPH, José Antonio Turrubiates Delgadillo –detenido en el 2017–, donde además de la triangulación de cheques ente ambos personajes para sacar de los fondos de la dependencia cientos de millones de pesos, también se configuró el delito por no pagar SAT en su momento, 44 millones de pesos que la multa y recargos ascendió a 126 millones de pesos.
Según pudo constatar el Ministerio Público, una parte de los recursos sustraídos se utilizó para fiestas y otros excesos sibaritas de los hoy procesados, pero como admitió el propio Pérez Martínez, la mayor parte de lo robado fue a parar a manos del ex mandatario.
No es difícil conjeturar que la evasión fiscal por el no pago del ISR fue una práctica común entre los antes operadores del ex gobernador para allegarle más recursos a su antes amigo, cómplice y protector.
Si como el ahora acusador de Olvera Ruiz asegura, el monto del fraude por él mismo calculado ascendió aproximadamente a los 2 mil 700 millones de pesos, la cantidad total puede llegar a los 7 mil 700 millones de pesos, si se consideran los 5 mil que forman parte de la demanda del ISSSTE.
La pregunta que el ahora aliado de la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano y la ahora verdecologista, Nuvia Mayorga, debe responder es muy sencilla. ¿Dónde quedó y qué hizo con los cinco mil millones de no entregados al ISSSTE y al SAT, en el Instituto Hidalguense de Educación?
Pero también, contestar a las acusaciones de Pablo Pérez, quien le señala de haberse llevado a su peculio buena parte de los otros 2 mil 700 millones que fueron sustraídos de las arcas de otras dependencias más.
Ahora se entiende el por qué, Paco Olvera anda desesperado y muy de la mano con la diputada Viggiano, para ser incluido en algún cargo de elección federal y acogerse al fuero que le dé impunidad y le ayude a evadir la acción de la justicia; pero todo apunta a que mucho antes de ser siquiera nominado, pueda ser requerido por las autoridades judiciales para responder por los millonarios desfalcos que ahora deberán ser negociados por el actual gobierno del Estado ante el ISSSTE y las instancias hacendarias del gobierno federal.
Quienes también estarán en su derecho de entablar demandas contra el ex mandatario, serán los miles de trabajadores a los que puso en riesgo su seguridad social y la de sus familias. Un crimen que no tiene nombre y diríase en el lenguaje claro y llano, menos progenitora.
Sus cómplices, estamos seguros, ya organizan en el Penal de Pachuca, el comité de recepción al “traidor” Paquito.
