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EDUARDO MERAZ
La banalización de la muerte de 12 jóvenes en Guanajuato, por supuesta ingesta de drogas, de parte del presidente totalmente Palacio Nacional, en los hechos constituye un mentís a su propia afirmación sobre la inexistencia de consumo de estupefacientes en nuestro país, como él mismo sostiene.
Más, cuando se acaba de dar a conocer cómo su gobierno, en un acuerdo con la DEA, permitió el ingreso a territorio nacional de toneladas de cocaína y millones de dólares, para presumiblemente seguir el rastro a los traficantes de dicha sustancia, una versión cuatroteísta del esquema “Rápido y Furioso” ejecutado en la administración de Felipe Calderón.
Entonces, es muy factible que el escenario planteado por el mandatario palaciego sobre las muertes de 18 jóvenes en tierras guanajuatenses en lo que va del presente mes, sea consecuencia directa de ese pacto con las autoridades antidrogas de Estados Unidos.
De otra manera, sus dichos constituyen un sinsentido y una torpe defensa de la inutilidad de sus políticas y estrategias para acabar con la producción y tráfico de narcóticos. Y al mismo tiempo, desnudan la hipocresía con la cual se maneja acerca de la soberanía nacional.
Criminalizar a las víctimas, cual ha sido su costumbre -hace lo mismo con los niños con cáncer, las madres buscadoras, ecologistas y todos aquellos apartados de su doctrina-, es el pretexto perfecto para defender a la delincuencia organizada, cuyo único crimen es satisfacer a sus clientes.
Lo preocupante de esta tendencia mostrada por el habitante temporal del palacete virreinal, es que lo convertirá en su caballito argumentativo de batalla, a fin de justificar los asesinatos de personas, en especial menores de 35 años, cuyo principal delito es buscar divertirse.
No debería extrañar si en el futuro, la sociedad se enfrenta a los criminales como en Texcaltitlán, el ejecutivo sin nombre y sin palabra los acuse de actuar bajo los influjos de algún estimulante, exculpando a las organizaciones de malvivientes de exigir cuotas, cobrar derecho de piso, extorsión y otros delitos.
Estamos frente a expresiones que encierran la bendición presidencial al comportamiento del crimen organizado. Y sí esa aprobación se la otorga a los malhechores, ya sea por conveniencia o connivencia, imagínense el grado de impunidad de la que pueden gozar cercanos y colaboradores, ya sea negando actos delictivos u otorgándoles categoría de seguridad nacional.
La actitud presidencial en los meses recientes en torno a las masacres que se presentan casi cada semana sería una manera de compensar al CO por los golpes que debe darles, ya sea confiscando estupefacientes o arrestando a algunos líderes, obligado por las presiones del gobierno de Estados Unidos, al cual no tiene contento por su elevada permisividad a organizaciones delictuosas.
Para evitarle pérdidas económicas a los hampones y conservar sus simpatías, el mandatario palaciego, ha facilitado la “reingeniería delictiva”. Por un lado, no obstruye y alienta los emprendimientos en cobros a productores de todo tipo, en vez del tráfico de drogas; y por el otro, al dificultarse las exportaciones de opioides, favorece el crecimiento del mercado interno.
Acuerdos y pactos no siempre simbióticos con el gobierno norteamericano y la exculpación de delincuentes, serían los derroteros a seguir en lo que resta del actual gobierno cuatroteísta, como fórmula para saldar deudas y no quedar endrogado en ambos frentes.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al concluir 2022, la economía informal participó con 24.4 por ciento del PIB en México en valores corrientes, lo que constituyó su contribución más alta desde 2003.
@Edumermo
