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CLAUDIA ESPINOSA ALMAGUER
SemMéxico, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Desde hace algún tiempo se ha vuelto indispensable ir al inicio, deshacer el batiburrillo ignorante que se acumula en este día en México y en el mundo y vindicar el 25 de noviembre como una fecha feminista, para contar la verdad sobre lo que sucede en nuestras regiones y demandar un ejercicio responsable de poder desde los gobiernos para que cumplan ni más ni menos con lo que marca la ley.
Primero, el 25 de noviembre de 1960 Minerva, Patria y María Teresa Mirabal volvían de la ciudad de Puerto Plata en República Dominicana cuando fueron interceptadas por un grupo de hombres en el medio de la carretera quienes las asesinaron bajo las más brutales circunstancias. Este crimen podría comprenderse hoy como un feminicidio de carácter político dado que el activismo de las Mariposas era una posición a la contra de la dictadura que se volvió un odio personal para Leónidas Trujillo.
Luego en julio de 1981 dentro del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Bogotá esta fecha fue instaurada como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en memoria de las Mirabal. Para el 17 de diciembre de 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas lo asume como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nadie iba a creer que la misma ONU se volvería contra las mujeres y domesticaría la fecha para dirigir el discurso.
A 62 años desde lo sucedido, sigue habiendo hombres en el poder que amenazan el activismo de las mujeres para conseguir igualdad de derechos, esa demanda suele dejarse de lado en tiempos electorales, con el pretexto de que “ahora no toca”, es en realidad indispensable para la toma de decisiones, en México, el mero hecho de que las candidatas a la presidencia sean mujeres, no garantiza que tengan una agenda feminista.
Por ello, no da más una política para las mujeres perpetuamente paralela y accesoria del ejercicio del poder político real. Por ejemplo, en México habitan 66.2 millones de mujeres que constituye el 52% de la población, aproximadamente 22.8 millones sabemos que trabaja. De lo estudiado 7 de cada 10 mujeres en el país hemos sido víctimas de alguna forma de violencia a lo largo de la vida, pero la denuncia no es una primera opción dado que la cultura dominante nos forma a priorizar a las familias de las que formamos parte por encima de nuestra propia integridad física y psicológica.
De votar hoy, el universo de llamadas y denuncias de los años recientes debería ser un elemento fundamental. Veamos, entre enero y octubre de 2023 hay 1,012,882 llamadas al 911 por agresiones a mujeres a nivel nacional: 489,778 por violencia familiar, 218,805 por violencia de pareja, 3037 por violación, 10,067 por hostigamiento sexual, 6830 por abuso sexual y 284,365 por incidentes de violencia contra la mujer.
Respecto a carpetas de investigación iniciadas ante las Fiscalías de las entidades federativas, se denunciaron 349,172 delitos: 6018 muertes violentas de mujeres entre feminicidios y homicidios dolosos y culposos, 78,561 lesiones, 19,670 violaciones, 244,388 por violencia familiar y 535 por trata de personas. Pregunte cuántas de estas investigaciones llegarán a sentencia inclusive para los crímenes más graves para las víctimas y sus familias, cuántos conseguirán acceso a la justicia o reparación adecuada y la cifra disminuirá considerablemente.
Aunado a ello consideremos también las 25 Alertas de Violencia de Género en 22 Estados para 643 municipios todas están vigentes desde 2015, porque ninguno de los Grupos de Trabajo, ex profeso creados para darles seguimiento tienen las condiciones para dar por cumplidas sus medidas por haberse garantizado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debido a que el fenómeno no ha dejado de crecer y las estrategias carecen de recursos y de voluntad política para mantenerse en el tiempo.
A cualquier mujer que viva en un país tan decidido a ignorar la violencia feminicida que incentiva, le atraviesan cuestionamientos íntimamente ligados a la sobrevivencia en su día a día, ¿Cómo llegar al trabajo? ¿De qué manera vivir la vida sin estar constantemente preocupada por evitar sufrir cualquier tipo de agresión? ¿Cómo pueden desarrollar nuestras hijas su proyecto de vida bajo semejantes condiciones? ¿Cuándo volver, al ser víctima, a una vida normal? ¿Qué servicios eficaces hay para resolver los conflictos jurídicos y obtener justicia sin que nos pregunten que luego quien nos va a mantener?
Esto es lo que se debe preguntar a quienes aspiran a ejercer el poder, porque cualquiera que viva en un lugar como este y quiera gobernar o legislar debe tener una idea medianamente elaborada sobre el asunto como la prioridad que es que no te maten a la mitad de la población por el mero hecho de ser mujer. Seguimos.
