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>> Apoyos no fluyen a Acapulco
>> Otis como en pandemia
>> Freno legal a Tesofe
>> Oscurantismo en obra pública
AGUSTÍN VARGAS*
Conforme avanzan los días y semanas, los daños de la catástrofe que dejó el huracán Otis a su paso por Acapulco siguen aflorando y los esfuerzos de la sociedad civil por ayudar a los habitantes del puerto y las comunidades aledañas se ven minimizadas ante la magnitud de la tragedia.
A casi un mes del paso del huracán aún es notoria la descoordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y por tanto la ayuda que debería fluir, nada más no llega y de ello da cuanta a diario la misma gente afectada.
Por más discursos del presidente López Obrador desde Palacio Nacional y los estados en donde anda en campaña por la reelección disfrazada, con promesas de que Acapulco tendrá todos los apoyos del gobierno, éstos simplemente no fluyen o son a cuentagotas, como también lo serán los recursos para la reconstrucción anunciada. Otro grave problema que está ya a la vista es el de la salud pública, por los brotes infecciosos y las condiciones insalubres de las zonas devastadas por Otis. De eso nada ha dicho el gobierno.
Basta recordar que la renuencia a modificar la composición del presupuesto ya aprobado para el 2020 cuando se presentó la pandemia en ese año, significó que los costos sanitarios y económicos fuesen excesivamente elevados, incluyendo tasas de mortalidad humana de las más elevadas del mundo y de cientos de miles de empresas pequeñas y medianas.
En aquella ocasión los diputados tuvieron la oportunidad de prever el gasto a destinarse al evento sorpresivo, incluso antes de aprobar el PEF. Ahora, de nuevo la tuvieron para enfrentar la contingencia en Guerrero y no lo hicieron. Se conformaron con el anuncio del plan de emergencia para Acapulco por 61 mil 300 millones de pesos, dinero que se estima no alcanzará para la reconstrucción pues se calcula que los daños son superiores a los 15 mil millones de dólares, unos 270 mil millones de pesos.
El dictamen del PEF 2024 no consideró al menos el programa de emergencia anunciado por el gobierno en cuanto a las reasignaciones previas a su aprobación con total transparencia, ya que el dictamen apoyado por el partido del gobierno (Morena) consideró sólo recortes (reasignaciones) por 13.5 mmp al Poder Judicial y el INE, principalmente (11.5 mmp), el Poder Legislativo y otros órganos autónomos. Además, en dicho dictamen no se especificó el uso de los 13.5 mmp que se propone recortar.
Freno a la Tesofe
La demagogia gubernamental sobre la infinidad de recursos y apoyos para Acapulco no para ahí. Se anunció que la Tesorería de la Federación, tenía disponibles 600 mil millones de pesos para lo que se ofrecieran, o sea para destinarlos a Acapulco, pero resulta que dichos recursos no están tan “disponibles” como presume el señor de Palacio, porque constitucionalmente está prohibido. O sea no procederían para rehabilitar las zonas devastadas por Otis.
Esto porque el artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política, establece a la letra que “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. O sea, de acuerdo con la Carta Magna, los recursos de la Tesorería sólo se pueden utilizar para gasto público si así está explícito en el decreto de PEF 2024 que se apruebe.
Claramente se advierte que la falta de presupuesto asignado al desastre causado por el huracán Otis y la imposibilidad legal de utilizar los recursos de la Tesorería (al no estar en el PEF) complican la recuperación, reconstrucción y rehabilitación de Acapulco y las otras ciudades y regiones gravemente afectadas.
En ello, la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) en su forma previa de fideicomiso ha sido muy grave, al no contar con ese recurso precautorio. La figura del fideicomiso le daba seguridad al mantenimiento del Fondo en niveles adecuados. Al ser ahora solamente un programa presupuestario, no necesariamente se le destinan los recursos no utilizados.
En un análisis de México Evalúa sobre el tema, es claro que, a diferencia de años pasados, el FONDEN no mantuvo recursos utilizables en 2022. Previamente se realimentaba con seguridad cada año, inicialmente asegurando en el fideicomiso su presupuesto aprobado y a menudo con economías durante el ejercicio. Ahora en 2023 sólo tiene el recurso presupuestado en el PEF 2023, que además fue reducido de 17.4 mmp a por 13.2 mmp.
Oscurantismo en obra pública
El gasto de inversión en infraestructura es importante para garantizar el crecimiento económico y el cierre de brechas en las desigualdades sociales. Para el seguimiento y cumplimiento oportuno del gasto asignado en obra pública se requiere de tres principios: planeación, priorización y transparencia de estos recursos. En 2023, del total del gasto de inversión, el 75% corresponde a obra pública.
Ante ello, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó dichos principios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y su relación con los proyectos prioritarios.
En el documento ‘Presupuesto para Proyectos Prioritarios 2018-2024. Fortalecer la transparencia y priorizar la inversión’, el CIEP refiere que a pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que todo recurso destinado a gasto de inversión pública debe cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información; en 2023 sólo el 10% del gasto asignado a inversión es obra pública abierta y cumple con tales características.
Dichos recursos cuentan con clave de cartera asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que es posible consultar los análisis costo-beneficio en el sitio web de la secretaría. Aunado a ello, el 17% cuentan con clave de cartera no abierta, esto es, no se puede consultar los análisis costo-beneficio; y el 48% no cuenta con clave de cartera, y por lo tanto no se puede dar seguimiento al presupuesto de tales obras.
Lo anterior ha dificultado el seguimiento del gasto de algunas obras dada su atribución de interés público y seguridad nacional, tal como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), uno de los proyectos considerados como prioritarios.
Con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se habrá destinado un total de 1 billón 506 mil 415 mdp para obras prioritarias en la actual administración. Los proyectos con mayor presupuesto son la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, con el 55.9% y 34.1% del total, respectivamente.
Si bien la falta de transparencia se debe a que algunas obras son consideradas de seguridad nacional, la falta de acceso a la información impide que se le dé seguimiento oportuno al gasto de obra pública. Por lo que es importante que se muestre una mayor apertura de datos en infraestructura pública, debido a que son los sectores con mayor énfasis para el desarrollo económico y social del país.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
