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>> El Congreso de Baja California aprobó el 29 de octubre de 2021 la despenalización del aborto
Jesusa Cervantes
Mexicali, Baja California, 13 de noviembre (SemMéxico). María escuchó la radio, 10 minutos para las 10 de la noche, de inmediato se quedó dormida. La anestesia hizo su efecto mientras su útero se desgarraba y la sangre no paraba. Despertó al día siguiente. Supo que le quitaron la sonda y le hicieron un legrado en forma clandestina en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El doctor le salvó la vida con el peligro de perder su licencia. Lo anterior ocurrió hace 40 años en Mexicali, donde las malas prácticas, la satanización y penalización del aborto, el estigma, el miedo y la ansiedad, me llevaron con una ginecóloga que practicaba ilegalmente abortos en la ciudad. Ponía una sonda y mandaba a las mujeres a sus casas, algunas ya no regresaron al siguiente día. ¿Murieron? A saber, yo, por lo pronto, salvé mi vida y años más tarde supe que la ginecóloga fue arrestada.
Se puede pensar que estas historias quedaron en el pasado, pues hoy la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está permitida en Baja California hasta las 12.6 semanas, desde que el 29 de septiembre de 2021 se aprobó en el Congreso y el 13 de noviembre de ese año entró en vigor. Sin embargo, en la actualidad, los riesgos son otros, ya no es el cuchillo, las tijeras, la sonda, los vidrios, los litros y litros de té de ruda que intoxican a la mujer y ponen en peligro su vida. Ahora la narrativa es otra.
Perla Nallely Martínez, integrante del colectivo Las Borders de Mexicali, quien tiene muchos años luchando por el cumplimiento de los derechos de las mujeres a elegir sobre su cuerpo, nos da un sentón sobre la realidad: “me gustaría abonar en un cambio de narrativa, más allá de los riesgos. Los medios de comunicación son un poco alarmistas, se van al riesgo, a la muerte, cifras que nos espantan. Hablaría más bien de la accesibilidad, pues está ahí el derecho al aborto”.
Más específica, Angélica Medina, de la colectiva Las Centinelas, dice que el riesgo “es la mala información sobre el medicamento” que se ingiere para el proceso de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La combinación de falta de asequibilidad, carencia de información, omisión del estado en las campañas de salud y la errónea ingesta del medicamento, conllevan una serie de problemas y las mujeres embarazadas son las que sufren las consecuencias.
Lo anterior, nos detalla Angélica, es producto de la mala práctica de algunos médicos que lucran con el medicamento, que no aplican el protocolo correcto o, incluso, hay empresas de la salud que elevan los precios, aunque brindan el servicio con higiene, pero lo hacen poco accesible.
En Baja California son un millón 868 mil 431 de mujeres, y en edad reproductiva, un millón 65. Para todas las mujeres existen en el estado seis centros de atención para la ILE, son pocos lugares para tanta población, comenta Perla Martínez Reynoso. Y tiene razón. Esta insuficiencia provoca que sean las colectivas las “que resuelven” y quienes, en su mayoría, brindan el acompañamiento en casa para el proceso de interrupción con medicamento. De ahí la disparidad de cifras reales en cuanto al número de abortos legales practicados. Por ejemplo, Livier Ramírez, líder y encargada del Programa Aborto Seguro en Mexicali, menciona que de enero a octubre de este año, han practicado 430 abortos. El promedio que maneja informa, es de 50 por mes. Aclara que aunque la ley se aprobó en septiembre de 2021 y entró en vigor en noviembre, fue hasta el 16 de marzo de 2022 que se instaló el programa en la Clínica de Salud de la Industrial y desde entonces ella lo coordina.
La Secretaría de Salud del estado, a través de tarjetas informativas, proporcionó los siguientes datos: de 2021 a 2023 llevan 988 interrupciones, pero sus datos resultan peculiares, por ejemplo, en 2021 señala que sólo hubo 20, de las cuales 12 fueron en Mexicali, 12 en Tijuana y 6 en Ensenada. “En 2022 fueron 292 interrupciones de las cuales 170 fueron en Mexicali, 81 Tijuana, 41 Ensenada. En lo que va de 2023, han sido 676 interrupciones legales de embarazo: 414 en Mexicali, 202 Tijuana y 60 en Ensenada. “En la Secretaria de Salud se están atendiendo las peticiones sin distingo de derechohabiencia”, menciona la tarjeta informativa proporcionada para este reportaje.
Sin embargo, Perla Martínez, del colectivo Borders, dice que ellas atienden un promedio de 100 mujeres al mes, dando orientación, canalización y aplicación del procedimiento.
En tanto que Angélica, de la colectiva Las Centinelas, revela que la Red de Acompañamiento, donde confluyen las colectivas del estado, han tenido, desde la legalización, en septiembre de 2021, dos mil 500 procesos concluidos “en casa”, esto es, las mujeres no acudieron a la clínica y se sintieron más cómodas y seguras de realizarlo en su hogar con acompañamiento.
El estado de Baja California cuenta con siete municipios, de éstos sólo Tijuana tiene dos centros de salud donde se lleva a cabo la ILE, hay uno en Rosarito, uno en Ensenada y dos en Mexicali. Al cumplirse un año más de la despenalización del aborto, en el Valle de Mexicali (zona agrícola), se inauguró un centro en el ejido Ciudad Guadalupe Victoria o ejido 43. Este se sumó al de la colonia Industrial. La responsable del Programa Aborto Seguro, Livier Ramírez, explica que para hacer más asequible el procedimiento, ya que la gente del valle no cuenta con todas las condiciones para trasladarse a la ciudad de Mexicali, se impulsó la creación de dicha clínica en Ciudad Guadalupe Victoria, centro de reunión de servicios a los cuales acude la gente de los diversos ejidos.
Las mujeres que acuden con las colectivas Las Borders o Red de Acompañamiento son en su mayoría estudiantes, muchas de ellas trabajan. Explica que cuando acuden al centro únicamente se les atiende de ocho a cuatro de la tarde y tienen que llevar un ultrasonido: “no todas tienen para pagarse un ultrasonido, tienen que dejar de ir a la escuela o al trabajo, esas son las barreras que lo vuelven poco accesible”. La ILE debe ser asequible, sostiene, y para ello sólo hace falta voluntad política de quienes dirigen las instituciones gubernamentales, pero como tenemos un secretario de Salud que en el primer año de aplicación de la ley, al dar las cifras de los procedimientos aplicados se vanaglorió de que “disuadimos a unas 50”, pues así es difícil. “Él como funcionario debe dejar sus creencias de lado, está bien, es tu derecho humano, pero no debes de interferir y menos decirlo con orgullo, porque él no sabe por lo que están atravesando esas mujeres”.
Angélica Medina, del grupo Las Centinelas, habla de los bloqueos culturales, de los 30 años de gobiernos de corte conservador en el estado (el Partido Acción Nacional gobernó de 1989 a 2019). “Reduzco a cuestiones culturales, morales, de desinformación, estas resistencias que hay entre algunos servidores públicos». Y añade: “pero todo el país es conservador, no sólo Baja California, eso se revela en todos los encuentros nacionales que tenemos”. Todavía hay mucha desinformación, también hay estigmas, mitos de que al abortar te vas a desangrar, que te vas a morir, que vas a quedar estéril.
En la clínica de salud de la Industrial, la doctora Livier Ramírez ha enfrentado resistencias, pero con “sensibilización y capacitación” han logrado sortear esa barrera. El aborto, dice, es un tema tabú entre muchos de sus compañeros, su sistema de creencias se contrapone y han tratado de capacitarlos y sensibilizarlos. Aclara que hasta el momento ningún médico, enfermero o enfermera o sicólogo o sicóloga, ha invocado la objeción de conciencia, que está permitida por la norma 046: “De momento nadie la ha invocado en nuestra clínica, porque la instrucción que se les dio: si tu sistema de creencias es grande, lo entiendo, lo respeto, pero mándalas conmigo. Afortunadamente me he encontrado casos de compañeros y compañeras que son muy creyentes en sus ideas religiosas y que por fortuna son de los que más me mandan pacientes”.
En la clínica de la Industrial, en Mexicali, los requisitos que se piden para una ILE son: una identificación y un ultrasonido para ver el estado de gestación, en algunos casos se omite este último, dice la doctora Ramírez. Si la paciente está preparada le dan el medicamento. “Son dos días de toma, iniciamos con una pastilla para disminuir las hormonas y, posteriormente, empieza la expulsión. Pasados los 10 días deben regresar para ver su estado. Las menos son las que no regresan”, explica. Se aplica la pastilla misoprostol. La clínica no aplica la combinación de misoprostol y misiprostona. Una de las preocupaciones es dar calidad en la atención, por ello, hay un servicio de psicología. No es obligatorio para la paciente, pero siempre se les pide que platiquen, sobre todo en los casos ligados a violencia, no en la toma de decisión. Las chicas vienen muy seguras de su decisión”. Cuando se requiere de cirugía se canaliza al Hospital materno infantil.
La misma doctora Ramírez comenta que casos con viejas prácticas que incluyen el uso de ganchos, cuchillos, botellas, sondas, no se han presentado. Ahora lo que existe es mala información en cuanto al medicamento. Y son las colectivas las que han narrado que los médicos han “vendido medicamento que no es el que deben usar. O les dan mal las indicaciones, no les preguntan su situación y eso se debe considerar antes de pensar en un aborto, no les aplican el protocolo correcto”.
El tema del aborto se ha abierto pero eso ha llevado a que surjan empresas de la salud que lo ven como un negocio, o existen casos de usurpación de colectivos que en realidad son agrupaciones antiaborto.
Las colectivas señalan que la información debe ser universal, pues la práctica de la ILE es para todos los sectores. La falta de información es la que lleva a casos como el que narran: “Nos llegó una chica que nos relató que fue con un médico quien le dijo que tenía restos en su cuerpo. La muchacha necesitaba una revisión post aborto, pero el médico la asustó y le dijo que tenía restos y requería hacerle un legrado para lo cual le cobraría 20 mil pesos. Por suerte a la chica no le latió, acudió con una amiga que resultó ser acompañante y le dijo que no se practicara el legrado, que mejor fuera a la clínica de salud de la Industrial, ahí la revisaron y vieron que no tenía absolutamente nada de restos. Estaba perfecta”. Aclara la activista que este es uno de los pocos casos donde les dieron más explicaciones pues, por lo general, las mujeres no quieren platicar su experiencia sino resolver su problema: “Entonces tenemos riesgos, desde la existencia de médicos antiderechos, personas que se nombran feministas y dan mala información, hasta los que desean lucrar”, dice Angélica.
Son las colectivas las que difunden información a través de medios comunes, redes sociales, espectaculares, spots, volanteo, pláticas, pero, en ocasiones, se enfrentan a grupos empresariales de derecha que las frenan. Por ejemplo, cuando Las Centinelas contrataron los servicios de una empresa para la colocación de un espectacular en una zona transitada. El contrato fue por un mes, pero al segundo día la empresa les habló para cancelar el trabajo bajo el argumento de que estaban recibiendo muchas presiones y que los estaban acusando de hacer apología del delito: “les explicamos que el aborto no era un delito y lo más que pudimos lograr fue que se quedara 15 días el espectacular”, pero el tema se hizo viral y, finalmente, la colectiva logró su objetivo: informar.
***Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
