ROBERTO CIENFUEGOS J. @RoCienfuegos1
Domesticado el poder legislativo, donde Morena aún conserva mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el ojo con mayor intensidad en el poder judicial y todo indica que está dispuesto a sacar la máxima raja política del bombardeo mediático contra este otro poder del Estado mexicano, que en agosto del 2018 prometió respetar y que ahora considera podrido.
Pese a esta renovada embestida contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cúpula del poder judicial mexicano, acentuada a partir del fracaso del intento de prolongar dos años el mandato del otrora magistrado presidente, Arturo Zaldívar, y más tarde del revés que significó el afán de encumbramiento al vértice del máximo tribunal constitucional de la ministra Jazmín Esquivel, se hace difícil suponer o creer incluso que López Obrador pudiera estar tentado a dar un golpe de mano contra este poder. Difícil suponerlo y casi imposible que pudiera hacerlo, porque supondría una decisión extrema que mancharía el albo plumaje presidencial. Así que aun cuando pudiera cavilarlo en sus momentos más críticos, no parece que pudiera estar dispuesto a dar los pasos para llegar a pisar esos terrenos.
Tampoco parece que le importen en exceso los 15 mil millones de pesos que contienen los 13 fideicomisos en virtual extinción por la vía de la acción de legisladores que, disociados en buena parte de sus electores y aún más de sutilezas como el interés genuinamente judicial, actúan más con base en un ciego interés partidista y de servilismo absoluto al presidente, porque temen por sus próximas estafetas en sus “brillantes” trayectorias políticas, y porque apuestan -con algún margen de riesgo- a que la Cuarta Transformación los siga cobijando al menos otros seis años. Por ello, esos “próceres de la patria”, que cobran jugosos emolumentos, los mismos que critican en otros ámbitos, seguirán sin mover una coma a las iniciativas turnadas por el Jefe del Ejecutivo, así éstas pudieran contravenir normas, convenios e intereses críticos para el país en su conjunto. Por lo mismo ni siquiera se atreven a mover una coma, que en el hipotético remoto de hacerlo, se convertiría y contaría como en “un pecado” grave que no están dispuestos a purgar en forma alguna. Es el servilismo total de presuntos representantes populares, encaramados en la así llamada soberanía popular. ¡Pamplinas inmundas!
¿Qué le interesa a López Obrador de esta otra embestida? La respuesta es simple, el poder, el poder y nada más que el poder. En abono de garantizar el triunfo de ese interés supremo, que todo justifica y resulta absolutamente esencial, lanza cada vez con mayor frecuencia y virulencia, dignas de mejores causas, todo tipo de dardos envenenados contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, ministros que la acompañan (salvos sean dos togados), jueces y cuanto funcionario del poder judicial, se integren a la resistencia nada menos que del máximo y único representante del Poder Ejecutivo, el mismo que prometió por un lado respetar y hacer respetar la Constitución del país, y que al recibir su constancia del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación como mandatario electo, prometió: actuar “con rectitud y con respeto a las potestades y soberanía de los otros poderes legalmente constituidos, ofrezco a ustedes, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en sus resoluciones».
También se comprometió a que en el nuevo Gobierno “el presidente no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes».
Eso dijo en agosto del 2018. Hoy, en un agudo contraste, pero con la vehemencia de aquel mes y año, dice que “realmente está podrido el poder judicial”. Cómo han pasado los años, sin duda.
De frustrarse este nuevo intento de domesticar o doblegar al poder judicial como se pretende estos días a golpe de arengas en contra del poder que prometió respetar, López Obrador intensificará o escalará a tope la campaña de desprestigio y demolición moral de este poder a fin de cosechar máximos dividendos electorales en 2024, cuando apostará su resto a conseguir el poder absoluto, uno que permita a su movimiento sellar la suerte y destino de México sobre lo que quede en pie al cabo de estos cinco años y lo que venga en los siguientes 11 meses. Se verá. Queda poco tiempo.
@RoCienfuegos1