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>> También aprobó dictámenes sobre recurso de apelación, procedimientos civiles y violencia familiar
Ciudad de México, 04 de septiembre (entresemana.mx). La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), avaló por 27 votos a favor, cero en contra y una abstención, la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de regulación de aeronaves pilotadas a distancia.
El documento indica que se establecerá en el Código Penal Federal una pena a delitos cometidos en contra de las personas o bienes mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, también conocidas como “drones”, para prevenir, evitar y castigar el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación.
Asimismo, se plantea un capítulo denominado “Uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia”, para imponer una pena de prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por otros delitos que resulten, a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o a seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad.
Se impondrá pena de prisión de cinco a 10 años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Intervención de las y los diputados
La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) comentó que esta es una iniciativa que intenta controlar el uso de drones, que, si bien es necesaria la regulación, la propuesta tiene algunas imprecisiones; asimismo, la reforma no prevé medidas de restricción a su comercialización.
El diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) dijo que el uso de drones es utilizado para actividades agrícolas; sin embargo, también están siendo usados por el crimen organizado. “Lo que se debería de hacer es regular e investigar el ingreso y el uso de este tipo de aeronaves mediante algún registro”.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que, respecto al marco jurídico, les corresponde a las y los legisladores ir aportando a los actos y acciones que no se veían antes y a estas tecnologías que tienen que ver con la delincuencia organizada.
De Morena, la diputada Andrea Chávez Treviño manifestó estar a favor de la propuesta del Ejecutivo Federal, ya que es simplemente una actualización del Código Penal Federal con respecto a las nuevas tecnologías que existen y que es importante tenerlas consideradas dentro de todos los instrumentos legales.
El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval (Morena) resaltó que esta iniciativa es acorde con los mecanismos que utilizan la gente del crimen organizado. “Estos grupos delictivos de alguna u otra manera siempre están buscando la forma para seguir llevando a cabo sus actividades ilícitas”.
En su intervención, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena), manifestó que, a través de esta reforma, se aplica un costo por la aplicación, compra o utilización de estos equipos, pero con algunas adaptaciones.
La diputada Dionicia Vázquez García (PT) explicó que se debe buscar una regulación más firme porque los drones se ocupan para cosas buenas y malas. “Pienso que es necesario saber para qué quieren el dron, porque ahora ya cualquier persona puede adquirir uno y no sabemos para qué lo utilizarán”.
De MC, la diputada Mirza Flores Gómez, comentó que se debe actuar en consecuencia, ya que no es legislar para hoy, sino para los años siguientes. “Tenemos que garantizarles a las familias, a la población y al país que este tipo de delitos tendrán la pena correspondiente”.
Iniciativas
Se avaló con 27 votos el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de recurso de apelación.
La diputada Celeste Ascencio Ortega (Morena) dijo que su trascendencia se basa en dos razones: una, que los justiciables tengan la certeza de cuál es el recurso procedente y no pierdan la oportunidad de impugnar; y otra, es evitar saturar a la justicia federal con amparos contra resoluciones de procedimiento que puedan atender los tribunales ordinarios.
Lidia García Anaya, diputada de Morena, refirió que es necesario que dentro de este ordenamiento se consideren apelables las resoluciones judiciales que califican como no legal la detención de un imputado. Con esta reforma, agregó, se regulan los recursos y medios de defensa para recurrir resoluciones judiciales del ámbito penal, ya que “debemos lograr recursos efectivos al alcance de los imputados y garantizar que no se provoque un estado de indefensión para ellos”.
Otro dictamen aprobado con 26 votos, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual señala que tratándose de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requerirá de la legalización consular o de la apostilla.
Uno más, avalado por unanimidad de 26 votos, adiciona un tercer párrafo al artículo 343 Bis del Código Penal Federal, para señalar que quien cometa el delito de violencia familiar “perderá todos los derechos con relación a la víctima”.
La diputada Vázquez García subrayó que el objetivo es proteger a las víctimas de violencia familiar. Mencionó que esta reforma establece que, si una persona agrede a un familiar, ya no podrá heredar los bienes de la víctima. “Protegemos a quienes sufren maltrato en el seno familiar al garantizar que los agresores no se beneficien de su conducta reprochable. Es un avance fundamental porque se da un paso para desterrar la violencia contra cualquier integrante de la familia”.
Los dictámenes fueron turnados a la Mesa Directiva para efectos de programación legislativa.
Programa e informe de trabajo
En la reunión, también fueron avalados por unanimidad el programa anual de trabajo de la Comisión correspondiente al tercer año legislativo y el segundo informe semestral correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.
