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ISABEL ORTEGA MORALES
Chilpancingo, Guerrero. Cuando leí el comunicado del pasado 29 de septiembre emitido por 22 organizaciones civiles radicadas en el puerto de Acapulco pronunciándose por “observar un compromiso real por parte de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero” y cita como antecedentes la “profunda preocupación ante la alarmante situación de inseguridad que prevalece en nuestra región”, mi primera reacción fue considerar que se trataba de un documento falso, cuando fui a la fuente, pasé a la preocupación.
Lo que llaman “región” no parece que se circunscriba solo al puerto de Acapulco, que es considerada como una de las ahora 8 regiones que tiene el estado de Guerrero, sino a todo el Acapulco: el turístico, el urbano, el sub urbano, el rural donde se ha asentado la violencia y la inseguridad.
Ello me condujo a recordar que la violencia y el terror de la crueldad de la violencia inició en el año 2006 cuando aparecieron las primeras cabezas cercenadas clavadas en la reja de La Garita, oficinas del gobierno de estado donde ha estado turismo, recaudación de rentas y la delegación de comunicación social del gobierno estatal y que es un punto de gran circulación vial y peatonal, hay una iglesia cerca. La sociedad acapulqueña vivió ese año días de enfrentamiento abierto entre civiles armados y de seguridad, de quienes por cierto, eran las cabezas y cuerpos desmembrados.
La cobertura informativa fue alarmante, difícil de mostrar, de informar, porque también los medios nos enfrentábamos a una narrativa distinta que, con el paso de los años, de estos 17 años lejos de ser una historia pasada es una noticia que se repite con más crueldad en su exposición.
En esos 17 años el puerto de Acapulco dejó de ser el paraíso de las celebridades, incluso quienes tenían propiedades o dejaron de visitar al puerto, o espaciaron sus estancias o de plano vendieron sus propiedades por la percepción en el extranjero de la falta de seguridad y de garantías.
¿Qué ha pasado que conduce a los grupos empresariales a manifestarse públicamente para señalar que perciben que las autoridades han sido rebasadas, a tal grado que también son vulnerables a los ataques y que esta inseguridad pone en riesgo la tranquilidad y la economía de sus familias?
Porque el puerto de Acapulco ha tenido en esos 17 años cambio de dueños de hoteles, el cierre de negocios, el desempleo de trabajadores que prestan servicios especializados en zonas turísticas, incluso el crecimiento del ambulantaje que han denunciado reiteradamente.
Quizá por eso en uno de los párrafos de su comunicado dicen que “no es suficiente los discursos vacíos y promesas incumplidas; los ciudadanos requerimos observar un compromiso real por parte de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero”.
La decisión de emitir un comunicado de esa índole sin duda no fue fácil. Es un comunicado con señalamientos específicos todos dignos de revisión. Un documento que sin duda no fue fácil concitar pero que condujo a empresarios, a abogados, a la sociedad civil a tomar una decisión de hacer frente a un problema que amenaza con destruir no solo lo que está establecido como patrimonio, sino la propia historia de Acapulco
Quizá entre lo grave de la exposición se pueda rescatar que sea el momento de hacer un nuevo pacto que Guerrero, bien lo vale.
