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GREGORIO ORTEGA MOLINA
*Sólo queda preguntarnos, con toda crudeza, cuánto más está dispuesto a pagar Félix Salgado Macedonio, y cuánto más resistirán los electores guerrerenses. Todo sea por el triunfo pírrico de la 4T
Lo que hoy cae sobre las vidas y espaldas de los guerrerenses, incluida la familia de Evelyn Salgado, es producto de un monumental error político, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que deseó cumplimentarle un capricho a Félix Salgado Macedonio, pues lo convirtió en gobernador a trasmano.
Todos saben que la extorsión sangra la economía de comercios, empresas modestas y notorias, e incluso a los ambulantes y la prostitución; se da por sabido que la siembra de amapola y otros estupefacientes se hace ante los ojos cerrados de las autoridades, y se tolera sin más el atraco a los transportistas, porque lo que sucede son las consecuencias de un reacomodo entre los mudos acuerdos de la delincuencia organizada y las autoridades de la entidad, en todos sus niveles y lugares.
Si desde Palacio Nacional no desean contemplar cómo se construye otro Ayotzinapa, en época preelectoral y con graves consecuencias para la elección presidencial, debe pensarse ya en la manera de sustituir a la decorativa señora gobernadora, por alguien que inspire respeto, ponga orden y regrese a su lugar a ese ente que se autodenomina El toro sin cerca.
Por lo pronto, es posible que fallezcan de manera violenta más familiares del entorno de la gobernadora y del senador Salgado Macedonio, porque es la manera en que los narcotraficantes se cobrarán los agravios recibidos al darse, sin consultas, las modificaciones en acuerdos mudos y ciegos previamente establecidos.
En cuanto a la posibilidad de que se repita otro Ayotzinapa, es preciso señalar que las fichas se acomodan, quizá no en el orden deseado, pero caen como cayó la salida del GIEI, la exoneración de Abarca, tal como lo indica la nota de El País del 30 de mayo último: “Un tribunal unitario ha confirmado la absolución de José Luis Abarca por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace casi nueve años, en Iguala, en el Estado de Guerrero. El tribunal confirma la decisión del juez de primera instancia, Samuel Ventura, que en septiembre liberó a Abarca de este delito. Condenado a 92 años de cárcel por el secuestro de seis activistas de la región, el alcalde de Iguala, en la época del ataque contra los estudiantes, seguirá en prisión.
“La decisión supone un mazazo para la Fiscalía General de la República (FGR), en particular para la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UELICA), que dirige Rosendo Gómez Piedra. A la Fiscalía le queda todavía el recurso del amparo, que vería un tribunal colegiado. Vista la decisión de las primeras dos instancias, tomada pese a las críticas de la Fiscalía y del Gobierno federal, parece difícil que el colegiado enmiende a sus colegas”.
Y, por donde se le vea, la exoneración absoluta del Ejército Mexicano como institución.
Sólo queda preguntarnos, con toda crudeza, cuánto más está dispuesto a pagar Félix Salgado Macedonio, y cuánto más resistirán los electores guerrerenses. Todo sea por el triunfo pírrico de la 4T.
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